El gobierno nacional impulsó a fines del año pasado un Pacto Fiscal en el que las provincias de nuestro país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían unificar las alícuotas máximas de Ingresos Brutos y reducirlas gradualmente. Esta iniciativa se impulsó con el objetivo de que varias actividades, principalmente aquellas que desarrollan exportaciones, queden exentas de esta carga impositiva.
A casi seis meses de que se firme dicho acuerdo, el cual fue aceptado por todos los distritos del país, excepto San Luis, son 17 las provincias que cumplen con el consenso fiscal actualmente, y la mayoría lo hace subiendo alícuotas.
Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dos de los compromisos asumidos en el Pacto Fiscal por parte de las provincias con relación al impuesto a los Ingresos Brutos fueron eliminar tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien; y establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto que no sean superiores a ciertos valores, que se van reduciendo progresivamente en los próximos cinco años.

Cumplimiento de las provincias

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El IARAF también remarca que se debe destacar que muchas de las jurisdicciones que firmaron el Consenso Fiscal ya tenían, en algunos sectores, alícuotas por debajo de los máximos previstos para el corriente año. Ante este panorama, la mayoría de los distritos decidió aplicar subas en la presión tributaria de distinto tipo, con el fin de compensar la pérdida de recaudación por las readecuaciones implementadas en otros sectores.
Entendiendo esto, se puede remarcar que si bien la mayoría de los distritos terminó cumpliendo con los objetivos determinados por el Pacto Fiscal en cuanto a los dos puntos referidos a los Ingresos Brutos, muchas lo hicieron aplicando subas de alícuotas en determinados sectores, lo que resulta contradictorio a la esencia del acuerdo, que es consiste en reducir el carácter distorsivo de este impuesto.
Además, la suba de las alícuotas podría generar que se incumpla con la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en diciembre de 2017, ya que la misma dispone que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar políticas tributarias “tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal”.

17 provincias

El informe elaborado por el IERAF remarca que actualmente son 17 las provincias que cumplen con los compromisos de eliminar tratamientos diferenciales a la industria según el lugar de radicación y de no aplicar alícuotas superiores a los niveles máximos establecidos en el Consenso Fiscal para el 2018, según cada sector.
En tanto, una sola provincia no cumple con los puntos asumidos en el acuerdo: Tierra del Fuego. En el distrito más austral de nuestro país la aplicación de una sobretasa adicional sobre Ingresos Brutos con destino a un fondo de financiamiento de servicios sociales genera que las alícuotas finales superen los límites establecidos en el Pacto Fiscal. Por ejemplo, en la actividad industrial, cuya alícuota se mantiene en 1,5 por ciento, al igual que en el año 2017, por la aplicación del adicional la alícuota final termina superando el límite máximo de 2% fijado para el 2018.
Al respecto, especialistas aseguran que prácticas como las aplicadas en Tierra del Fuego, de no considerar dentro de los límites del acuerdo a las sobretasas o incrementos de alícuota, claramente terminan desvirtuando el objetivo central del Consenso Fiscal. Desde el IERAF opinan que “es imperioso que este tipo de acciones no se empiecen a replicar en otras jurisdicciones, situación que en caso de ocurrir implicará la desaparición del objetivo central de disminuir la presión tributaria legal en nuestro país”.

La situación de Chubut

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Dentro del texto emitido por la entidad que se encarga de análisis fiscales se especifica que para el mismo no se tuvo en cuenta la situación de las cinco provincias que todavía no han sancionado las leyes impositivas para el 2018: Chubut, Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz.
Vale recordar que en Chubut no fue sencilla la aprobación del Pacto Fiscal, ya que el mismo se celebró en noviembre del año pasado, pero recién en marzo se aprobó en la Legislatura de nuestra provincia, el cual se logró con el voto de 14 de los 27 diputados provinciales. Vale recordar que, a pesar de su aprobación, varios representantes opinaron en contra del Consenso Fiscal. Puntualmente, Javier Touriñán, titular del bloque del Partido Justicialista-Frente para la Victoria, había afirmado en su momento que el acuerdo no respeta el federalismo, indicando que se trata de un salvataje a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en detrimento del resto de las jurisdicciones. Por su parte, el titular de la bancada de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, quien aprobó el Consenso aseguró que la no suscripción del Pacto hubiese generado “un impacto negativo sobre las arcas provinciales”.

Suba de alícuotas de Ingresos Brutos

El IERAF enfatizó que, aún cumpliendo con el Pacto Fiscal, algunos distritos subieron la presión tributaria legal dentro del límite máximo acordado. Puntualmente, fueron cinco las provincias que no subieron sus alícuotas de Ingresos Brutos: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Cabe aclarar que en estas estadísticas no se tienen en cuenta a las cinco provincias mencionadas que todavía no han desarrollado leyes al respecto de esta temática, entre las que se encuentra Chubut.
Asimismo, hasta el momento, 13 jurisdicciones habrían aplicado algún tipo de suba de alícuota de Ingresos Brutos para 2018, en comparación con 2017, para uno o varios sectores de la actividad.
Al respecto, vale remarcar que dos sectores han sido utilizados como variable de ajuste para compensar la pérdida de recaudación en otras actividades, según el IERAF. Uno es el comercio, que “estaría sufriendo aumentos en la mayor cantidad de jurisdicciones al no tener niveles máximos para el 2018”. El otro es la telefonía móvil, teniendo en cuenta que “fue el segundo sector más perjudicado”. “Esto se debió a que varias jurisdicciones que en 2017 tenían niveles de alícuotas más bajos que los límites del consenso, habrían aprovechado la oportunidad para aplicar subas significativas acercándolas al límite de 7% para el 2018”, agregan desde la entidad de análisis fiscal.

Objetivo del Pacto Fiscal

Por último, desde el IERAF hicieron hincapié en que hay que tener en cuenta que el objetivo del Pacto Fiscal fue el de poner un límite a la prisión tributaria legal ejercida por el impuesto a los Ingresos Brutos sobre la actividad económica. En este sentido, “la presión tributaria legal está comprometida, no sólo por las alícuotas, sino también por las sobretasas o incrementos que es en definitiva lo que terminan abonando los contribuyentes formales”.