Como consecuencia de la falta de ingresos por sistemas contributivos previsionales, en América Latina más del 50 por ciento de las personas mayores de 60 años deben permanecer activas en el mercado laboral para poder subsistir económicamente. Estos datos fueron confirmados en un informe elaborado de manera conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, en una nueva edición de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, ambos organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) brindaron datos de lo que sucederá en las próximas décadas. Puntualmente, especificaron que entre 2015 y 2050, la proporción de personas con más 60 años que se mantendrán en el campo laboral aumentaría del 7,5 al 15 por ciento.
Contradictoriamente a los avances que se produjeron en los últimos años en la formalización del empleo y la expansión de los sistemas contributivos de pensiones, según datos de ocho países de la región, en promedio, todavía un 57,77% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 51,8% de las personas con más de 70 años, no perciben una pensión de un sistema contributivo. Específicamente, la tasa de ocupación para el conjunto de las personas con 60 años y más alcanza un 35,4% en la región. Según el estudio, esta proporción es elevada aún en grupos etarios que ya traspasaron la edad legal de jubilación: 39,3% en el grupo de 65 a 69 años y 20,4% en el de 70 y más años. Las tasas son más altas en los países con baja cobertura de los sistemas contributivos de pensiones.

Flexibilización laboral

Además, CEPAL y OIT destacaron que los trabajos por cuenta propia representan la principal fuente de ingresos entre las personas mayores que deben seguir trabajando. “Esto puede reflejar tanto la discriminación que obstaculiza el acceso a un empleo asalariado para las personas mayores, como el deseo de estas personas de trabajar de manera independiente aprovechando las calificaciones adquiridas a lo largo de su vida laboral para trabajar en condiciones que permiten una mayor flexibilidad del trabajo”, asegura el texto del documento presentado de manera conjunta por ambas entidades. Además, muestra que una elevada proporción de los adultos mayores ocupados se desempeña en la agricultura donde la cobertura de los sistemas de pensiones suele ser baja.
Otro de los datos a destacar es que sólo el 7,2% de las personas de la franja etaria en cuestión que continúa trabajando percibe haberes a través de los sistemas previsionales. Esto se produce debido a los bajos montos de los aportes jubilatorios o a la preferencia de seguir siendo laboralmente activo.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y José Manuel Salazar, director regional de la OIT, remarcaron que “es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y complementarlos con pensiones no contributivas, a fin de reducir la presión a la que se ven sometidas las personas mayores, que las obliga a seguir trabajando, generalmente en empleos de baja productividad, a fin de poder contar con medios mínimos de subsistencia a una edad en que las sociedades deberían garantizarles las condiciones para disfrutar de una vejez digna”.

Sistemas desfinanciados

Los representantes de las entidades dependientes de la ONU también agregaron que frente al acelerado proceso de envejecimiento que enfrentan en varios países latinoamericanos, es una obligación analizar las condiciones y el financiamiento de sistemas de pensiones que sean inclusivos y sostenibles.
Al referirse específicamente a la coyuntura laboral general en América Latina, el informe explicó que en 2018 la región está atravesando una fase de modesta recuperación económica y se estima un crecimiento de 2,2% frente al 1,3% alcanzado durante el año pasado. Además, los organismos proyectaron un leve aumento de la tasa de ocupación regional, lo que incidiría en que, por primera vez desde 2014, se registraría un leve descenso de la tasa de desempleo urbano hasta alrededor de un 9%. Esta evolución del empleo, junto con que los salarios reales continuarían subiendo de manera moderada, contribuiría a fortalecer el poder de compra de los habitantes.

Reforma previsional en Argentina

A fines del año pasado la agenda de medios y la opinión pública se enfocó en la Reforma Previsional que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, que fue aprobada por el Congreso de la Nación el 19 de diciembre de 2017. La misma generó controversias entre el bloque oficialista de Cambiemos y los diferentes espacios sociales y políticos opositores, haciendo hincapié en la nueva fórmula para los incrementos en las jubilaciones.
Previo a la reforma, las subas de los haberes previsionales se basaban en un porcentaje de dos factores: para el 50% se tenía en cuenta la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); en tanto, para la otra mitad se desarrollaba un porcentaje del total de los aumentos salariales en todos los sectores del país. Tras la aprobación de la ley a fines del año pasado, el cálculo tiene otras variables: el 70% está atado a la inflación, mientras que el 30% restante se da a través del aumento salarial de los trabajadores en el sector formal. En síntesis, una de las diferencia es que con la implementación de la reforma los aumentos están relacionados con la inflación y no con la recaudación que pueda lograr la ANSES. Otro de los conceptos que cambió fue el período de los aumentos: antes se aplicaban en marzo y en septiembre de cada año, mientras que ahora se realizan en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Cambio de edades jubilatorias

Al respecto, una de las controversias cuestionadas por los espacios opositores es que en junio de este año las prestaciones volverán a aumentar, pero se realizaría considerando la variación salarial y la inflación que se dio entre octubre y diciembre de 2017, y no de enero a marzo de este año, que es lo que correspondería según la legislación actual. Debido a esto, las actualizaciones tendrán siempre un semestre de atraso, lo que podría considerarse como un problema a futuro para el gobierno nacional, ya que podrían realizarse juicios contra la ANSES.
Otro de los cuestionamientos a la Reforma Previsional impulsada por Macri es que la misma no resuelve el principal problema que existe en el sistema de jubilación, que es garantizar el 82% móvil a todos los retirados que cobran la mínima, ya que ANSES no cuenta con los fondos necesarios para hacerle frente a ese gasto.
Por último, vale aclarar que también se discutió sobre la edad de jubilación, que se modificó para casos voluntarios. Esto quiere decir que si una persona lo desea puede extender la edad de retiro hasta los 70 años, para los trabajadores varones del sector privado en relación de dependencia. Por su parte, las mujeres tienen actualmente la opción de jubilarse a partir de los 60, y de manera obligatoria a los 65.