Los representantes de las 23 provincias, CABA y la Nación, reunidos en la Comisión Federal de Impuestos (CFI), acordaron ayer la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. El Gobierno nacional empezó a diseñar el ajuste de las transferencias a las provincias mientras intenta compartir el costo político con los gobernadores.
En el Ejecutivo aseguran que en lo que va del año ya se hicieron transferencias corrientes por 36 mil millones de pesos a las provincias -misma cantidad que a la misma fecha de 2017-, además de los 300 mil millones de pesos en transferencias automáticas. «Las provincias con estos números no pueden quejarse», aseguran en el Gobierno.
En un documento difundido, aseguraron que se trata de “una deuda de más de 30 años”. De hecho, la Convención que reformó la Constitución en 1994 había instruido al Congreso Nacional para dictar una nueva norma sobre el reparto de los impuestos que recauda la Nación entre las provincias.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue uno de los presentes y puso de manifiesto “las divergencias que se producen a la hora del reparto de los fondos fiscales federales”. En ese marco, llamó a un “acuerdo” entre las distintas jurisdicciones “fortalecer la distribución de recursos en beneficio de todos».
Durante la reunión en la que se decidió avanzar en una nueva ley de reparto de impuestos se trataron “temas de interpretación sobre los acuerdos federales que hacen al federalismo fiscal», según el comunicado.

Tiempos de ajuste

El desborde del gasto público abarcó no solo al gobierno nacional, sino también las provincias y municipios. Entre 2003 y 2015 el número de empleados públicos provinciales creció un 72% y el de los municipios, un 110%. En ambos casos superaron el aumento en el gobierno nacional, que fue del 61%. En ninguno de todos esos casos estuvo justificado. Antes bien, la digitalización hubiera permitido atender tareas administrativas con menos personal. Además, en servicios provinciales como la educación, la salud y la seguridad crecieron enormemente las prestaciones privadas, respondiendo a un desplazamiento de la demanda en busca de mayor calidad. El gasto público total de la Argentina pasó del 29,3% del producto bruto interno (PBI) en 2003 al 46,5% en 2015.

Freno a la Nación

Anteayer, siete gobernadores provinciales de extracción peronista mantuvieron una reunión en Tucumán, tras la cual avalaron la negociación entre el gobierno nacional y el FMI, pero advirtieron que no aceptarán mayores ajustes en sus distritos.
En 2016 y 2017 el gasto primario del gobierno nacional tuvo una leve reducción para la que jugó a favor la disminución de los subsidios a la energía. Pero las provincias y municipios en su conjunto han sostenido su elevado nivel de erogaciones, aunque con comportamientos disímiles. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las que muestran resultados fiscales mejor controlados han sido San Juan, San Luis y Santiago del Estero, mientras que las más deficitarias fueron Santa Cruz, Neuquén y Misiones.
En noviembre de 2017 el gobierno nacional suscribió un pacto fiscal con 22 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Solo se excluyó San Luis. Además de acordar modificaciones impositivas y resolver la cuestión del Fondo del Conurbano, se incluyó un régimen federal de responsabilidad fiscal, cuyas dos principales disposiciones se refirieron a los límites de crecimiento del gasto. Por un lado, se dispuso que la tasa nominal de incremento del gasto corriente primario de la Nación y las provincias no superara la tasa de aumento nominal del PBI. Por el otro, que el empleo público provincial no aumentara a una tasa superior a la del crecimiento de la población provincial.

Gradualismo

Considerando que durante los 12 años anteriores tanto el empleo como el gasto público provincial habían aumentado descontroladamente y sin justificación, las disposiciones de ese acuerdo resultan incomprensibles. Solo la búsqueda de un rápido efecto político pudo haberlas motivado. Aquella negociación debió acordar reducciones de gasto y de personal, nunca aumentos. La opción por el gradualismo fue exageradamente aplicada, renunciando prácticamente al saneamiento fiscal de las provincias.
Se impone ahora la revisión de ese acuerdo ante el serio llamado de atención producido por la corrida cambiaria, por ahora detenida a un alto costo. El presidente Macri ha expresado su intención de acelerar la convergencia fiscal. Las tratativas con el FMI responden a estas circunstancias y probablemente incorporen el tema de la racionalización y reducción del gasto provincial.
A fines de marzo, la Jefatura de Gabinete hizo circular un documento titulado «Más provincias, más Nación». Su intención fue destacar las realizaciones del gobierno nacional en favor de las provincias. Sin embargo, incluye algunas afirmaciones que marcan una orientación hacia una mayor descentralización del gasto, lo cual puede interpretarse como un régimen de mayor correspondencia fiscal. Es el principio de que quien gasta debe ser también responsable de recaudar lo necesario para solventarlo. El documento oficial dice: «Queremos ir hacia un Estado donde se aclaren las responsabilidades de cada nivel de gobierno. El Estado nacional sigue haciendo cosas que deberían hacer las provincias o los municipios. El próximo paso es sentarnos a conversar, como venimos haciendo desde hace más de dos años, sobre cuáles son los límites y las responsabilidades de las provincias». La intención queda clara.
Ha llegado la hora de la verdad en el proceso de corregir el descalabro fiscal. El papel y la responsabilidad de los gobiernos provinciales juegan críticamente en esta hora.

Patagónicos acusaron a Macri de «mentir» sobre el consumo de gas

Senadores, diputados, legisladores e intendentes opositores de provincias patagónicas acusaron este viernes al presidente Mauricio Macri de «mentir» sobre el consumo de gas en esa región.
Los dirigentes del sur del país suscribieron a un comunicado en el que repudiaron las declaraciones del mandatario nacional del miércoles pasado en una conferencia de prensa, cuando habló de veredas calefaccionadas e hizo comparaciones con Uruguay.
«El miércoles nuevamente el Presidente embiste contra nuestra región, asegurando que consumimos 4 o 5 veces más gas que la ciudad de Montevideo en Uruguay. En una nueva búsqueda de montar un falso escenario para quitar el subsidio al gas a las provincias patagónicas, mezcla peras con manzanas», señalaron.
A la vez, subrayaron que Macri «omite decir, para sostener su mentira, que en Uruguay existe un fuerte subsidio a la energía eléctrica, por lo cual utilizan esa energía para cocinar y calefaccionar sus viviendas».
«Las provincias patagónicas producen el 80 por ciento de gas del país y solo consumimos el 15 por ciento de toda la generación de gas de la Argentina, que además exportamos a Uruguay, país que no produce esa energía», se quejaron.
En tanto, le exigieron a Macri «abandonar la afirmación de que en la Patagonia se calefaccionan las veredas a través de losa radiante», y remarcaron que esos dichos ya fueron «desmentidos por el propio vecino de la capital santacruceña acusado de esa burda mentira».
«Le pedimos perdón por vivir en una región donde hace frío, que es un paraíso por sus bellezas naturales, que produce el gas que utilizan todos los argentinos. Señor Presidente, nos encanta habitar esta hermosa región de la Argentina, porque antes de ser patagónicos, somos argentinos», agregaron.