Días atrás, integrantes de una de las listas que compitieron durante las últimas elecciones de delegados en la Cooperativa, ingresaron a la Municipalidad una nota dirigida al Jefe Municipal, solicitando el “veto” de la recientemente sancionada Ordenanza, que establece el traspaso de una columna a otra, de un ítem de la factura de servicios.
Sin embargo, reconocieron que la Ordenanza 10.262, también anterior a la modificatoria, estableció el “congelamiento de las tarifas de los Servicios Públicos brindados por Servicoop, con retroactividad al mes de enero, hasta tanto se modifiquen los valores energéticos a nivel nacional y mientras se mantenga la grave situación económica actual no sólo en la ciudad de Puerto Madryn, sino de la Provincia del Chubut, priorizando de
esta manera los derechos de los usuarios al acceso a los servicios públicos”.
La modificación del ítem en cuestión fue motivo de polémica durante el último encuentro legislativo, habida cuenta de que, por un lado, los ediles que acompañaron la decisión adujeron que no habría incrementos en la próxima factura, mientras que los que se manifestaron en contra, anticiparon que, una vez modificados los costos de la energía a nivel nacional, ello podría impactar en el valor final para el usuario.

Aducen traslado de aumentos

En este sentido, quienes elevaron la Nota fundamentaron que “la provincia del Chubut se encuentra actualmente en emergencia económica y en este contexto se ha dispuesto que los sueldos de los empleados públicos se continúen abonando en forma escalonada, sin posibilidad de discutir las paritarias de los trabajadores”, sumando a ello que “la modificación en los cuadros tarifarios en los servicios prestados por Servicoop no se encuentran justificados en un aumento en los insumos y costos, sino en las pérdidas de ingresos derivada de la eliminación de un canon establecido por ley provincial y que hoy se sabe que se venía cobrando a los vecinos de manera sistemática e ilegitima”.
A su vez, remarcaron que “la modificación que se proyecta en los cuadros tarifarios pone en riesgo fuentes laborales debido al aumento que traerá aparejado en el costo final de todos los servicios, los que tendrán un reflejo directo en los costos comerciales” y que “el pedido de reformulación se peticiona ante la necesidad de la empresa de afrontar la refinanciación de deudas con distintos organismos, trasladando en los usuarios y consumidores los costos del riesgo empresario producto de una mala administración o gestión”.

Una medida “alejada”

En esta línea, los firmantes advirtieron que la Ordenanza “resulta inadmisible y exterioriza una medida irrazonable, inoportuna y alejada de la realidad económica local, dado que la misma no responde a variaciones en los costos de los insumos de la empresa prestataria”, a la vez que pidieron “el veto a la Ordenanza aprobada el día 17/05/2017”, citando el artículo 111 de la Carta Orgánica Municipal, el cual establece: “Aprobado el proyecto de Ordenanza por el Concejo Deliberante, pasa al Departamento Ejecutivo para su promulgación y publicación. Se considera aprobado todo proyecto no vetado en el plazo de cinco días hábiles. Vetado un proyecto por el Departamento Ejecutivo en todo o en parte, vuelve con sus objeciones al Concejo Deliberante, que lo trata nuevamente. Si lo confirma, con una mayoría de los dos tercios (2/3) nominal de los/as miembros presentes, el proyecto de Ordenanza pasa al Departamento Ejecutivo para su promulgación y publicación”.