ENTRA EN ESCENA EL DEBATE PÚBLICO POR LAS REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL. YA TIENE MEDIA SANCIÓN EN LA CÁMARA ALTA. DE UN SISTEMA INQUISITORIO HACIA UN SISTEMA ACUSATORIO. QUIENES OBJETAN LOS CAMBIOS ADVIERTEN QUE EL NUEVO RÉGIMEN AMPLIARÍA LAS CAPACIDADES DEL ESTADO PARA INVADIR LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS

¿Reformar es cambiar?

El gobierno presentará en junio ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley de reforma total del Código Penal que contempla 550 artículos y cambios profundos en materia de penas contra delitos laborales, del narcotráfico, el medioambiente, el tráfico de datos, la trata de personas y la violación a los derechos humanos, entre otros temas.
Ayer, además de analizar con miembros de Cambiemos las acciones partidarias con vista a 2019, en la agenda central el presidente Mauricio Macri mantuvo una reunión con el ministro de Justicia Germán Garavano; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y los miembros de la Comisión de Reforma del Código Penal, presidida por el camarista Mariano Borinsky donde se acordó llevar adelante un profundo debate en el Congreso desde junio próximo para avanzar con las reformas al Código Penal.
El tema, que tira la pelota hacia uno de los otros poderes del Estado, promete tenernos discutiendo a partir de la primera semana de junio sobre temas punitivos y penalizables, sobre los que se espera un largo debate respecto al que el gobierno afirma estar dispuesto a recibir propuestas de modificaciones.
Según el doctor Borinsky adelantó que en el nuevo Código Penal se fomentará la intervención de la víctima y se modernizará y actualizará la justicia ante las nuevas modalidades delictivas y la complejidad de las organizaciones criminales internacionales, constituyéndose como “una herramienta fundamental” para afianzar la justicia. Pero además, el proyecto también contempla profundos cambios en materia de aumento de penas en delitos laborales e incorpora la figura de acoso laboral.
La Comisión redactora del Código Penal desarrolla reuniones plenarias desde hace más de un año, y ya hubo unas 70 a la actualidad. No solo se concentraron en varias provincias, sino que abrieron el Programa Justicia 2020 a través del Ministerio de Justicia para que “los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones e inquietudes”.
La Comisión está presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky, acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer. También la conforman los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

Puntos y aparte

El Código Penal se creó en 1921 y actualmente 313 artículos lo componen. Esta nueva propuesta del macrismo resulta la 18va comisión que se crea para reformarlo en los 97 años de vida que lleva el código. A grandes rasgos hay dieciséis cosas esenciales en las que haría foco la reforma.
Punto 1: No habrá más libertad condicional a los dos tercios de condena cumplida en los casos de delitos dolosos cometidos con violencia que conlleve grave daño físico, mental o muerte de la víctima. ¿Qué casos entrarían dentro de esta calificación?, homicidios calificados, abuso sexual, corrupción de menores, secuestros extorsivos, trata de personas, torturas, terrorismo, desaparición forzada de personas y tráfico de estupefacientes. Los extranjeros tampoco podrán pedir su expulsión pasado este tiempo, deberán cumplir el total de la condena.
Punto 2: Si un extranjero cumple el total de su condena y reingresa al país, se lo encarcelará nuevamente.
Punto 3: Se agravará la pena si el delito se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima o si se provoca especial sufrimiento por odio racial, religioso, político, de clase social o de género. Dentro de la vulnerabilidad también se prevee agravar la pena si las víctimas son menores de edad o personas de edad anciana. El agravante eliminaría la arbitrariedad del juez y lo obligaría a condenar con el último tercio del valor estimado que tenga ese delito. Por ejemplo, un delito que tenga una pena de entre 3 y 12 años, deberá ser determinado a una condena de entre 9 y 12.
Punto 4: Se agravará la pena del delincuente que robe si durante el asalto se produjo una muerte, incluso aunque no haya sido la intención del delincuente. Para dar un ejemplo, una persona que fallece de un ataque cardíaco durante un atraco perjudicará la situación procesal del ladrón. Se otorga una responsabilidad dolosa en esa muerte.
Punto 5: Se aumentarán los años de cárcel para integrantes de bandas internacionales de narcotráfico. De 6 a 16 pasarán a cumplir entre 8 y 25 años de prisión.
Punto 6: Se penará el uso o tenencia de un precursor químico para fabricar estupefacientes, sustancias de uso doméstico, industrial o agropecuario que significan el primer eslabón en el camino de la droga.
Nuevo Código Penal: 16 claves para entenderlo – Imagen 1
Punto 7: La venta de drogas sintéticas en espectáculos públicos, escuelas y clubes tendrá una pena mayor que la actual.
Punto 8: La tipificación de delito de la tenencia de pornografía infantil.
Punto 9: Los máximos de penas serán 35 años para el primer delito, 40 años para el reincidente.
Punto 10: Con respecto a la corrupción se planea aumentar las penas de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, e incluir a todos los poderes del estado, a los titulares de las obras sociales sindicales y que no quede circunscrito sólo a jueces y fiscales. Además, se extiende de los dos años actuales, a 6, el plazo para analizar el patrimonio de los funcionarios que hayan dejado el cargo.
Punto 11: Si bien hoy rige el principio de inocencia y no se pueden decomisar los bienes hasta tanto la condena esté firme, ahora, ni bien se inicie el proceso penal, tanto los bienes como el dinero pasarán al estado.
Punto 12: Si te detienen y portás un arma sin autorización para la misma, pese a no cometer un delito, igualmente sería encarcelable.
Punto 13: En caso de separación de cónyuges, si se demuestra que uno le ocultó bienes al otro, se agravará la pena.
Punto 14: En casos de delitos de agresión sexual, corrupción de menores, homicidios agravados o violencia de género, el juez podrá pedir un seguimiento extra judicial una vez cumplida la condena, incluso hasta después de 10 años de la misma.
Punto 15: La clonación, la manipulación de embriones para fines no reproductivos y el tráfico de sangre, de órganos o de material genético serán incluídas.
Punto 16: Se contempla la prisión para los funcionarios o miembros de inteligencia que difundan escuchas.

Las objeciones

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el proyecto de reforma del Código Penal que modifica el régimen procesal amplía las capacidades del Estado para invadir la privacidad de las personas, en el marco de una investigación penal. Junto a ellos, algunas organizaciones no gubernamentales se unieron recientemente para expresar su preocupación en relación a algunas cuestiones que establece el proyecto por la Reforma Procesal Penal y enviaron una carta al Senado de la Nación haciendo múltiples observaciones.
“Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de una investigación penal sin que exista un debate, respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados”, expresan en la carta y agregan: “En este sentido, es alarmante lo establecido por el proyecto de ley al permitir (…) la vigilancia acústica de conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, la vigilancia remota de los equipos informáticos y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”. Además del CELS, las organizaciones no gubernamentales que firmaron la carta son la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Asociación Pensamiento Penal (APP); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Por lo pronto, el Senado aprobó las reformas hace días y giró a Diputados el Proyecto con modificaciones. La primera semana de junio comenzarán los debates fuertes. Habrá que ver…

Fuentes: MJyDH, Infoleg, Diario Judicial, CELS.

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