El primer desafío político serio del Gobierno este año, derivado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será convencer a los gobernadores de las provincias para que aprueben el Presupuesto 2019. El mismo contemplará un fuerte ajuste de gastos para cumplir la meta de un déficit primario del 1,3 puntos del PBI del año próximo, desde el probable 2,5 que podría terminar el 2018. Para lograrlo, las provincias tendrán que sacrificar fondos correspondientes a las transferencias discrecionales que les manda la Nación. Es decir, dinero que financia obras y planes de educación y salud, que cada mandatario ha acordado con el gobierno federal. En total, estiman que sería el equivalente a medio punto del PBI.
En tanto, hay provincias que ajustan con retiros voluntarios. Son 13 las que esperan ayudas por parte de la Nación para financiar el recorte, más de la mitad de los estados subnacionales comenzaron un proceso de ajuste de personal. Chubut lo había planteado a través del decreto 1338/17, pero el gobierno ofreció derogarlo entre las propuestas elevadas a los gremios estatales, con el objetivo de zanjar el dilatado conflicto.

Desbarajustes fiscales

Para el Gobierno nacional las provincias están mejor que nunca en materia fiscal y por ello, están en condiciones de afrontar el ajuste. Con el programa de devolución del 15% de coparticipación que la Nación les retenía para financiar a la ANSES, entiende que los gobernadores tienen las cuentas en orden, por lo menos desde el punto del déficit primario. Los momentos en la historia en que las provincias pudieron presentar números fiscales en orden no son muchos. El programa firmado al inicio de la gestión de Mauricio Macri, por el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, establecía la devolución de 3 puntos por año de la coparticipación, hasta 2020. Desde ese momento, llevan 9 puntos de recupero de fondos. En 2019 llegarán a 12 puntos.
En general, la «normalidad» es que las provincias presentaban fuertes desbarajustes, con la necesidad constante de pedirle plata prestada a la Nación. Ahora la situación se ha revertido. Se podría decir que están mejor que el Gobierno federal, y ese será el argumento básico por el cual desde Hacienda suponen que podrán acordar el recorte. Calculan que entre lo que perderán los gobernadores y lo que van a conseguir por transferencias automáticas con el programa firmado en 2016, saldrán ganando un 1,5 puntos del PBI. «Claro que se va a quejar que hay recortes», explicó a Ámbito Financiero un funcionario del gobierno.

Transferencias a provincias

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, este año las provincias ya recibieron por transferencias corrientes unos $24.500 millones. Se trata de dinero que cobran de forma automática como parte de la recaudación de IVA y Ganancias. Lo que se va a recortar o eliminar son gastos por que este años llegarán a $105.000 millones que corresponden a transferencias discrecionales, que están afectadas a programas de educación, salud o acuerdos especiales con gobernadores. En el Gobierno consideran que «son obras que deberían hacer ellos que los hacemos nosotros».
En lo relacionado a la situación fiscal de las provincias, en gobierno considera que el conjunto de las mismas va a cerrar con las cuentas en equilibrio en 2018. Pesos mas o pesos menos, desde el punto de vista del déficit primario cerraran el año en cero, si se le agrega el pago de intereses de su deuda, el rojo es de medio punto. En 2015 las provincias agregaban 1 punto al déficit consolidado. Y se espera que en 2019 pasen a tener un leve superávit. Además en el Gobierno nacional destacan que después de haber estado 12 años sin poder tomar préstamos, a partir del año pasado las provincias comenzaron a financiarse en el exterior.
Según los datos que manejan en el gobierno, la coparticipación ya representa 7 puntos del PBI. Luego de la firma del acuerdo de Responsabilidad Fiscal, en noviembre del 2016, las provincias no pueden expandir el gasto en forma real. Es decir, tiene que ser igual o inferior al la inflación. Y lo que es más: No pueden incorporar empleados públicos por encima de la tasa de crecimiento de la población. La expansión de las plantas de personal es considerada la principal causa del deterioro de las cuentas en las provincias.

Chubut da marcha atrás

En abril de este año la administración nacional abrió un proceso de retiros voluntarios con la intención de reducir la planta de empleados estatales. Pocos meses después, empezaron a hacerlo diferentes administraciones provinciales. San Juan al no tener déficit fiscal y al existir una relación en baja, en cuanto a la cantidad de población respecto de los empleados públicos, queda afuera de este ajuste. El objetivo de este plan, según aseguran desde el gobierno nacional, no es el ahorro de dinero, sino que lo que se busca es facilitar la adecuación de las plantas del Estado, situación que a nivel local está controlada.
Desde que comenzó el 2018 trece distritos abrieron retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para reducir el peso en la administración provincial y municipal. Chubut se encontraba en ese lote de 13 provincias. El gobierno de Mariano Arcioni a través del Decreto 1338/17 había habilitado un plan de achicamiento del gasto y reforma de la administración pública, pero el Ejecutivo a comienzos de este mes elevó a los gremios estatales una oferta de ocho puntos entre los que incluyen la derogación del decreto, en un intento por destrabar el extenso conflicto que mantienen los empleados públicos.

Estado sobredimensionado

En tanto, en la Argentina hay 3,2 millones de empleados públicos. De ese total, 750.000 son del Estado nacional y 200.000 de las universidades; el resto forma parte de las administraciones provinciales y municipales.
Gran parte de este peso del sector público en las provincias tiene que ver con que las estados subnacionales tienen a su cargo la prestación de los servicios de salud, educación y seguridad, por lo que además de personal administrativo se cuentan a maestros, médicos y enfermeros.
La última provincia que se sumó en la de Buenos Aires, la que también amplió la posibilidad al sector de la educación en donde aún no se cerraron las paritarias.
Además de Buenos Aires están utilizando esta herramienta Chaco, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre Ríos y Santa Cruz. En rigor en Chubut, el decreto sigue vigente, pero supeditado a lo que resulte de las negociaciones en marcha con los sindicatos.
Entre las que decidieron no ajustar en personal quedaron Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Pampa, San Juan, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Corrientes y Catamarca.

Pacto fiscal

Aunque cada distrito eligió el modelo y el número que iba a reducir, en todos los casos llegaron pedidos a Casa Rosada de cumplimiento del Pacto Fiscal. Un artículo del acuerdo establece el compromiso de la Nación de financiar este ajuste «con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca la Nación, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral».
Respecto de este punto, uno de los gobernadores que está llevando adelante el plan de achique aseguró que «hasta ahora no hay nada, no se giró un sólo peso ni se puso en marcha ningún plan».
Una de las propuestas que se barajó al momento de firmar el acuerdo fue que el Estado nacional pague siete meses y 70% del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario. Pero los tiempos cambiaron. «Nos dicen que lo están analizando porque no quieren prometer lo que no puedan pagar, pero lo acordaron en un pacto que nosotros estamos cumplimento y ellos no», se quejaron desde otra provincia más afín al Gobierno.
Con todo, el gasto público sigue estando por encima de los ingresos genuinos y no hay margen, en el horizonte cercano, de seguir tomando deuda para financiar el déficit. (Fuente: Ámbito, Cronista, propias)