LOS DOCENES DIJERON QUE NO ACATARÁN LA MEDIDA JUDICIAL

ATECh rechazó el fallo de la jueza que les prohibía suspender las clases

La titular de uno de los juzgados de Familia de Comodoro Rivadavia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por padres de alumnos y prohibió «suspender el dictado de clases con motivo de las medidas de fuerzas adoptadas» por los gremios. Sin embargo, ATECh rechazó la decisión por considerarla arbitraria.
“Arbitrario” y “nulo”. Así consideró la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) el fallo que dictó la jueza Marta Nieto, titular de uno de los juzgados de Familia de Comodoro Rivadavia, por el conflicto que mantiene el Gobierno provincial con los gremios docentes en el marco del pago escalonado de sueldos.
Un día antes de culminar el paro por 120 horas que comenzó el lunes, ATECh rechazó el fallo de la magistrada y anunció que no acatará la medida judicial que prohíbe “suspender el dictado de clases con motivo de las medidas de fuerzas adoptadas” por los gremios.

Derecho a huelga

Carina Mardones sostuvo que la medida cuenta con el apoyo de la Mesa de Unidad Sindical y explicó el porqué de la decisión. “Nosotros decimos que es nulo el fallo porque tiene dos situaciones: una de forma y otra de fondo. En la de forma es donde vos lees lo que está escrito, el amparo y la cautelar que presentan estos papás, y en ningún momento denuncian ni a ATECh ni a ningún trabajador de la educación, sino que el denunciado es el Ministerio de Educación y el gobernador Mariano Arcioni. Es en contra del Estado de la provincia; y el de fondo es que este fallo va en contra de nuestro derecho de huelga que es un derecho constitucional, por lo tanto es totalmente nulo, no lo podemos acatar”, señaló.
Para la dirigente, a “la jueza se le preguntó por manzanas y contestó por peras”, y además no tiene poder de decisión sobre un sector de la población de Chubut.

Ratifican las medidas de fuerza

Según explicó en la conferencia de prensa que ayer brindó el gremio antes del mediodía, la entidad aún no había sido notificada del fallo judicial, del que informalmente se enteraron por los medios y un audio que circuló a través de WhatsApp.
Por lo pronto, hoy continuarán el paro docente y las medidas de fuerza que se impulsaron, que incluyen la toma de la Supervisión de Escuelas en esta ciudad y el ministerio de Educación en Rawson. Mientras tanto se esperan novedades que puedan surgir desde la capital.
“No vamos a levantar ninguna de las medidas. Seguiremos en Supervisión de manera pacífica, como lo hemos manifestado una y otra vez. Esto se ha reforzado. Hay compañeros que se han sumado porque consideran que no se puede vulnerar el derecho de huelga y continuaremos así hasta que tengamos respuestas”, señaló Mardones.

Pedido de los padres

Se debe recordar que el amparo al que dio lugar la jueza Nieto fue presentado por la abogada de la Oficina de Derechos y Garantías comodorense, Belén Ferre, por pedido de 60 padres que solicitaron la interposición de un recurso de amparo para que se puda regularizar el ciclo lectivo 2018.
El miércoles la magistrada dictó su fallo y argumentó que “la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de los que se trate (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General 14, cit., párr. 40.)”.

Sanciones pecuniarias

Por esa razón, determinó “la prohibición de suspender el dictado de clases con motivo en medidas de fuerza adoptadas gremialmente”, en todos los niveles educativos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, “debiendo los docentes cesar en las medidas de fuerza, cualquiera sea su modalidad, que impidan la normal prestación del servicio de educación, bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias o de otra índole a fin de vencer la resistencia a su cumplimiento”.
A su vez exhortó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación para que en un plazo de 20 días hábiles informen al Juzgado sobre las medidas a adoptar en lo inmediato y a mediano plazo, para revertir la situación “lesiva al derecho a la educación de los NNyA, que contemplen reclamos gremiales de público conocimiento, como asimismo el resultado de la conciliación obligatoria en proceso, bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias o de otra índole a fin de vencer la resistencia a su cumplimiento”. (El Patagónico)

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