El ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, comenzó ayer a ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito luego que el 14 de junio de 2016 fuera encontrado arrojando bolsos que tenían casi nueve millones de dólares al interior de un convento en la localidad de General Rodríguez.
López fue trasladado desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido desde entonces, e ingresó esposado a la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de Comodoro Py: allí escuchó la acusación por parte de la Fiscalía bajo el cargo de «enriquecimiento ilícito».
Junto a López comenzaron a ser juzgados también su esposa, María Amalia Díaz; la monja Inés Aparicio y los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni.
Su esposa es considerada partícipe del delito de enriquecimiento ilícito, en tanto que la religiosa está acusada de encubrimiento por haber ayudado a López a ingresar los bolsos al convento, y los empresarios están sindicados como presuntos «testaferros» del ex funcionario.
En la primera audiencia, que comenzó cerca de las 13 y finalizó a las 16 debido a que el Tribunal tenía otro juicio agendado, la defensora oficial de López, Pamela Bisserier, planteó la invalidez de la decisión por la que se aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.
El cuestionamiento pasa porque la Sala II de la Cámara de Casación recién el viernes ordenó dictar un nuevo fallo ante el que había impedido a la UIF ser aceptada como querellante. La Cámara Federal no dictó este nuevo fallo aún. Además, el fallo de la Casación no está firme.
La UIF pretende acusar a López por lavado de dinero, como un cargo adicional al de enriquecimiento lo que es cuestionado por las defensas.
Los abogados defensores dijeron que ese fallo puede ser apelado y que por lo tanto la UIF no puede acusar en el juicio.
En la sala de audiencias no estuvo presente el empresario Gutiérrez, quien siguió el juicio por videoconferencia desde su domicilio a raíz de problemas de salud que padece.
Gutiérrez es en la actualidad el dueño de la vivienda de Dique Luján en la localidad de Tigre en la cual vivía López junto a su esposa como inquilinos, aunque para la Justicia era el funcionario el verdadero propietario.
El Tribunal 1, integrado por los jueces José Michillini, José Basílico y Adrián Grünberg, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 22 de junio a las 14 para escuchar las cuestiones preliminares de las defensas.
En tanto para el 12 de julio están previstas las declaraciones indagatorias, en las cuales se le ofrecerá a López y demás acusados la posibilidad de hablar ante el Tribunal.

Dólares, armas y monjas

En la madrugada del 14 de junio de 2016, López fue detenido en un convento de General Rodríguez tras el llamado de alerta de un vecino al sistema 911: al momento del arresto, el ex funcionario kirchnerista llevaba bolsos con casi 9 millones de dólares, 150 mi euros y una carabina, que intentaba esconder en el monasterio.
Tras el análisis de los llamados telefónicos se detectó que la noche anterior habían pactado la visita del ex secretario al lugar, a través de conversaciones de una de las monjas con él y con su esposa.
Del caso quedó excluida la «madre Alba» por su delicado estado de salud y avanzada edad (95 años): la religiosa que dirige el convento de General Rodríguez fue quien había acordado la llegada del ex funcionario al lugar.
Con más de 200 testigos convocados y nuevas pruebas obtenidas en una instrucción suplementaria que ordenó el Tribunal, el gran interrogante pasará por el origen de ese dinero, hasta ahora una incógnita.
Entre los testigos convocados figuran el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual vicepresidente primero de la Cámara de la Construcción Juan Chediak; el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez y el legislador correntino del Parlasur Alejandro Karlen.

El origen de los fondos

Estados Unidos informó en abril que un fajo de 100.000 dólares hallado en los bolsos del ex secretario de Obras Públicas José López había sido remitido en 2011 al Banco Finansur en Buenos Aires.
La información fue difundida por el Juzgado Federal N°3, a cargo el juez Daniel Rafecas y permite conocer parte de la ruta de los casi 9 millones de dólares incautados el 14 de junio del 2016 al ex funcionario, cuando intentaba ocultarlos dentro de un monasterio, con la consiguiente repercusión mediática que generaron las imágenes captadas por una cámara.
Rafecas -en el marco de la causa instruida por enriquecimiento ilícito contra López- encomendó a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina, que determinara el origen del dinero.
La división informó que «sólo uno de los fajos permitía verificar la procedencia de los mismos, pues tenía el número de faja y código de barras perteneciente a la reserva federal de Estados Unidos».