El juez federal Julián Ercolini envió ayer a juicio oral y público a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al Estado Nacional de la firma Oil Combustibles.
El juez dio por cerrada la investigación y remitió el expediente a un tribunal oral para juzgar a los dos empresarios implicados, que se encuentran con prisión preventiva, y al ex jefe de la AFIP en el período comprendido entre los años 2009 y 2015.
El magistrado hizo lugar de ese modo al pedido de juicio hecho por el fiscal federal Gerardo Pollicita y la querella de la AFIP.
López y De Sousa regresaron a prisión el pasado 27 de abril luego de pasar seis semanas en libertad, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó las prisiones preventivas, al considerar el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
La acusación se sustenta en la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de la firma Oil Combustibles: de acuerdo con la acusación, López y De Sousa se dedicaron de manera sistemática y constante a «llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos» que utilizaban para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.
De los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo pagaron el impuesto al combustible durante 7 meses y así se generó una deuda por unos 8 mil millones de pesos, la que algunos fijan ahora en más de 20 mil millones teniendo en cuenta su actualización.
Oil Combustibles fue una «estructura societaria para el fraude», ya que primero se generó una «acumulación ilegítima de deuda» del impuesto al combustible y luego se benefició con el otorgamiento «irregular de planes de facilidades de pago» por parte de la AFIP, indicó Pollicita.
A Echegaray, en tanto, se lo acusa por la falta de control sobre los empresarios en virtud de haber sido el titular del organismo recaudador del momento: «Deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto», sostuvo la Fiscalía.
Tanto López como De Sousa habían sido detenidos a fines del año pasado por orden de Ercolini pero luego recuperaron la libertad de la mano de la Cámara Federal, con la firma de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que quedaron en el centro de la polémica.
Farah fue removido del Tribunal y transferido a otro fuero, en tanto que Ballestero finalmente firmó la renuncia y se acogió a la jubilación: sobre ambos pesaba un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y enriquecimiento ilícito.
Los empresarios luego de ser liberados volvieron a ser encarcelados a fines de abril por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en ese fuero, que determinó que había riesgos de entorpecimiento de la investigación, ya que habrían querido desprenderse de sus activos en medio de una inhibición decretada por la Justicia.