Diputados del interbloque Cambiemos se solidarizaron con el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, luego del ataque a su oficina, ubicada en Diagonal Sur 738. El violento hecho ocurrió en medio de una protesta del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines que reclama la reincorporación de 52 trabajadores.
El despacho fue atacado este martes con proyectiles, que impactaron en una ventana y rompieron uno de los vidrios, pero el ingeniero no se encontraba en el lugar, por lo que no hubo que lamentar heridos.
“Repudiamos la violencia política, una conducta que lamentablemente se ha arraigado en algunos sectores del sindicalismo argentino. Este tipo de hechos empañan la convivencia democrática intentando degradarla para que impere la prepotencia y la irracionalidad”, manifestaron los diputados.
Y agregaron: “Javier Iguacel es un hombre probo, que viene desempeñando ejemplarmente su cargo al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, una de las áreas donde se hacen más visible los logros gubernamentales a través de nuevas rutas y autopistas, y mejoras en el sistema ferroviario”.
Por otra parte, este miércoles un grupo de diputados del Pro presentaron una iniciativa en la que expresan su “más enérgico repudio” al ataque y señalan que “estas intimidaciones sufridas por el administrador general de Vialidad, se suman a innumerables amenazas contra él y su familia recibidas por parte de sectores antidemocráticos que buscan condicionar la gestión que viene realizando junto a su equipo”.
“En este momento de tanta angustia e injusticia para este equipo de trabajo, vale destacar y reconocer el excelente trabajo que vienen realizando desde diciembre del 2015”, resaltaron.
En ese sentido, dijeron que “desde las oficinas que fueron agredidas se hicieron las tareas necesarias para poder realizar un 50% más de obra, con un 20% menos de presupuesto: entre 2011 y 2015 el kilómetro de ruta le costaba al Estado dos millones de dólares, mientras que hoy nos cuesta 1,3 millones de dólares; el de autopista 4,7 millones de dólares y ahora nos cuesta 2,2 millones de dólares”.
“Creo necesario que todo el arco político repudie estas agresiones y amenazas para desterrar este tipo de prácticas de nuestra sociedad”, esgrimió en los fundamentos Pablo Torello, autor de la iniciativa.