Finalmente, Argentina y el FMI acordaron ayer un programa Stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, que prevé metas inflacionarias y fiscales, según indicó el organismo, que en un comunicado respaldó al Gobierno de Mauricio Macri y pidió el apoyo de la comunidad internacional. Horas más tarde, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, hicieron el anuncio en conferencia de prensa desde el Centro Cultural Kirchner.
Dujovne consideró que la tasa de crecimiento de este año será «más baja» de lo esperado y aseguró «tener un programa consistente para que la Argentina crezca durante veinte años y se convierta en un país desarrollado».
«Todavía no podemos comentar qué porción va a ser para el refuerzo presupuestario y qué porción para reservas», señaló.
En tanto, sostuvo: «El paquete va a estar disponible a partir de la aprobación del directorio el 20 de junio», mientras estimó: «Al día siguiente o dos días después vamos a estar recibiendo el 30 por ciento de los fondos».

Ajuste fiscal

Los aspectos más relevantes del acuerdo alcanzado entre la Argentina y el FMI son los varios. Es un acuerdo Stand-by de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI).
Como parte de ese respaldo, tanto el FMI como el gobierno argentino tienen intención de colaborar para que se tomen las medidas y se activen integralmente los recursos necesarios a fin de proteger a la población más vulnerable a medida que avancen las reformas económicas.
El plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. El FMI respaldó los «redoblados esfuerzos por reducir la inflación, que, como sabemos, carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad».
También avaló la «decisión del Banco Central de adoptar metas de inflación realistas y significativas, así como su compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado».
«Nos alienta también el compromiso de las autoridades por dejar aseguradas la independencia jurídica y la autonomía operacional del Banco Central y por poner fin de inmediato al financiamiento del déficit federal por parte del BCRA», indicó el FMI.
El Gobierno argentino se comprometió en mantener un piso para el gasto en asistencia social.

Metas de inflación pactadas

En cuanto a las previsiones inflacionarias, el acuerdo con el Fondo prevé para 2019 una suba del 17%; para 2020, 13% y para 2021, del 9%. En lo que hace a resultado fiscal, se pactaron los siguientes: 2,7% del PBI en 2018 (contra 3,2% de las metas previas); 1,3% en 2019 (contra 2,2% anterior); equilibrio primario en 2020 (contra 1,2% previo) y superávit de 0,5% en 2021 (contra 0 de antes).
Además, el Tesoro se compromete a emitir un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles para que el Banco Central reduzca el stock de Lebac.

Siete claves para comprender el acuerdo con el Fondo

1 – ¿Por qué la Argentina le pidió dinero al FMI?
Según declaró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al momento de anunciar el inicio de las conversaciones con el organismo, la Argentina busca financiamiento preventivo. En otros términos: se trata de asegurarle al mercado que el país está en condiciones de cubrir sus deudas. «Esto no aumentará el endeudamiento, sino que refuerza nuestra solvencia, cuidando a los que menos tienen», expresó el ministro.
En tanto, en una entrevista con este diario, Dujovne dijo que la ida al Fondo no es «para destapar una olla a presión», sino que el Gobierno lo hace «de manera responsable ante el cambio de la situación internacional, donde la perspectiva es que las tasas en Estados Unidos sigan subiendo, y como la Argentina recae mucho en el crédito externo, la queremos proteger».
2 – ¿Qué cambiará en la economía cotidiana?
Con los fondos que presté el FMI, habrá menos presión sobre el tipo de cambio, algo que a su vez jugará a favor de contener la inflación, uno de los principales objetivos de la administración de Mauricio Macri. En el mediano plazo, sin embargo, el país se genera la obligación de devolver los fondos que, de otra manera, se podrían haber destinado a otras tareas.
3- ¿Para qué se usarán los recursos?
En principio, los dólares que lleguen del FMI servirán como garantía. En un acuerdo stand-by, una vez que se define el monto, los fondos están disponibles. Una parte puede estar al comienzo, otra de manera escalonada, y si no se necesitan, no se usan. El objetivo del Gobierno es utilizar la deuda externa como mecanismo de transición hasta que se elimine el déficit fiscal.
4 – ¿Qué condiciones deberá cumplir el país?
Los programas stand-by tienen metas cuantitativas en lo fiscal, pero el Gobierno dice que no habría problemas con eso porque ya tienen metas trimestrales en su plan y están sobrecumpliéndolas. En la práctica, como dijo Macri, el FMI quiere asegurarse que le van a pagar. En otros términos, eso implica que se deberá aplicar un plan de ajuste.
5 – ¿Hasta cuándo dura el convenio con el FMI?
Según la web del FMI, la duración de un stand-by cubre un período entre 12 y 24 meses, pero no más de 36 meses. Ese sería el tiempo máximo de vigencia del convenio. Luego, el país puede eventualmente renegociar los términos y extender los plazos.
6 – Las condiciones actuales, ¿son similares a las de la crisis de 2001?
El ex titular del Banco Central, Martín Redrado, dijo que el llamado al FMI hace que muchos piensen en una crisis pero, según él, esta vez no hay una en el horizonte. «Lo que sí tenemos es el desafío de plantear un verdadero programa de crecimiento con estímulos», afirmó. Entre otras cosas, la economía muestra señales de crecimiento -aunque magras- y no hay un tipo de cambio fijo.
En tanto, Mario Blejer, otro ex presidente del BCRA, dijo que la crisis actual fue solo cambiaria, mientras que en 2001 se dieron tres juntas: una crisis cambiaria, bancaria y de deuda.
7- ¿La Argentina tenía deudas con Fondo?
No. La última deuda con el organismo fue cancelada en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner.