La valuación de los activos de Oil Combustibles S.A (OCSA) abrió una polémica entre el juez que entiende en la quiebra de la ex petrolera de Cristóbal López y los interventores designados por el magistrado para llevar adelante el proceso de venta de la compañía. Ocurre que Javier Cosentino, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5, les solicitó a los tres funcionarios judiciales una tasación de los bienes de Oil para poder iniciar el proceso de venta, mientras las operaciones de la petrolera son gerenciadas por YPF durante, por lo menos, los próximos cuatro meses.
En este marco, a través de un despacho firmado por Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, los tres interventores le pidieron a Cosentino una prórroga para finalizar con la valuación de Oil. El escenario puede demorar la venta de la petrolera para la cual se presentaron varias propuestas como las de YPF, los rusos de Lukoil y el grupo holandés Trafigura. De manera, temporal, el juez Cosentino aceptó la iniciativa de la petrolera estatal para gerenciar algunos de los activos de Oil a cambio de un canon mensual de u$s3,2 millones y por un plazo de 60 días que puede ser ampliado por otros dos meses.
YPF también pidió tener la posibilidad de igualar cualquier propuesta de compra que se le entregue al juez Cosentino una vez vencidos esos plazos, con el objetivo de comprar de manera definitiva los activos de la empresa fundada por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa.
En los fundamentos del pedido de prórroga, los interventores evidencian dudas sobre si se trata de una empresa en marcha o con posibilidades de reiniciar sus actividades en forma total o parcial, o si los activos corresponden a un negocio que ha sido discontinuado, por lo que debe estimarse su valor de liquidación.
«El caso exhibo muchas particularidades, por su complejidad, por su magnitud, por la naturaleza de sus activos», agregan para ejemplificar con lo que ocurre con los activos industriales. Según los interventores, se encuentran paralizados y con propuestas para posibilitar la continuidad de la actividad que no contemplan la puesta en marcha e inmediata de la refinería y sólo prevén el uso de muelles y tanques hasta que se disponga la venta de los activos. En cuanto a la red de estaciones de servicio, aseguran que en situación de quiebra, los contratos de explotación «exhiben una notable complejidad y atipicidad».