La jueza penal Marcela Pérez Bogado resolvió declarar la “emergencia por falta de lugares de alojamiento en la ciudad de Puerto Madryn” y disponer el cumplimiento de semi detención de dos detenidos.
Para dictar su resolución se basó en informes que sostienen que “no hay más cupo para alojar detenidos e incluso que se ha sobrepasado su capacidad, merecen una decisión, para generar nuevos espacios”. “Los informes remitidos por la autoridad policial, concretamente la falta de lugares de alojamiento en la jurisdicción de Puerto Madryn, lo que implica la imposibilidad de nuevos ingresos sea de personas condenadas o en prisión preventiva. Lo que fue notificado a las partes, Políticas Penitenciarias y quienes forman parte del Colegio de la Judicatura”, indica el informe suscripto por Perez Bogado.

Resolución

La magistrada agregó que “se ha analizado las condenas cortas existente, que actualmente sólo pernocten en las distintas comisarías. Se constató que se hallan sujetos a este régimen dos personas: Juan Paulo Silva, hasta el día 5 de julio del corriente año y Ezequiel Rodrigo Díaz, hasta el 30 de junio del corriente año. Es decir, a menos de un mes ambos del cumplimiento de la condena bajo dicha modalidad.
En consecuencia, ante la grave situación de emergencia por la falta de lugares de alojamiento, habré de disponer que estos cumplan la prisión discontinua nocturna, en el domicilio que informe la defensa, con rondines aleatorios del personal policial”.
Finalmente, la jueza madrynense envió oficios para notificar a la Jefatura de Policía, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

Crisis carcelaria

Cabe recordar que en marzo de este año, da defensora pública Luciana Capone presentó un habeas corpus colectivo para que los 62 detenidos de del Instituto Penitenciario provincial obtengan prisión domiciliaria, argumentando que no cuentan con la cantidad de comida necesaria ni la cobertura médica, que incluye una ambulancia las 24 horas en la dependencia ubicada entre Trelew y Madryn.
La jueza de ejecución Patricia Reyes citó al secretario de Seguridad y Justicia, Federico Massoni, y al jefe de la Policía, Miguel Gómez, quienes se hicieron presentes en la audiencia y se comprometieron a solucionar la situación de los detenidos. Finalmente, la jueza consideró que había voluntad de la Provincia de adoptar medidas y desechó el pedido de prisiones domiciliarias.
No obstante, la situación general de la crisis carcelaria y la superpoblación de los centros de detención y alojamiento sigue siendo una problemática irresuelta.

Gobierno de Chubut