El Centro Despachantes de Aduana (CDA) presentó una medida cautelar y un recurso de consideración contra la resolución 4259 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que triplicó de u$s1000 a u$s3000 el tope para compras en el exterior vía courier. La judicialización del asunto empalma con los pedidos de explicaciones que días atrás realizó por este tema el jefe del PJ en el Senado, Miguel Pichetto.
«A juicio de la entidad, la medida no sólo implica un debilitamiento de los imprescindibles controles aduaneros, sino que se inscribe en la tendencia a recortar las tareas profesionales de los despachantes a favor de la concentración del comercio exterior en pocas manos», disparó la comisión directiva del CDA en un comunicado.
Según la presentación, los despachantes «constituyen un ‘sector socialmente vulnerable’, ya que han visto reducido en 30% su trabajo en los últimos dos años como consecuencia de las licencias de importación y las DJAI, ahora revitalizadas mediante las declaraciones SIMI». Además, el CDA dejó en claro que «es por lo menos dudoso que esta decisión, presuntamente impulsada por el objetivo de agilizar las operaciones de comercio exterior, genere menores costos para las empresas nacionales que demanden piezas, repuestos o productos elaborados en el exterior».
En el comunicado también se advirtió que «los imprescindibles controles aduaneros se verán debilitados, algo que contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y que no está en línea con los requisitos de transparencia, imparcialidad y no discriminación establecidos en el Acuerdo de Facilitación del Comercio impulsado por la OMC, al que adhiere la Argentina».