Por Trivia Demir

Guste o no, la crisis económica y el ajuste que se avecina para cumplir con las metas que le exigió el FMI al gobierno nacional para acceder a financiar, son los temas que dominan la agenda y superan aún en los sondeos al entusiasmo futbolístico que se avecina con el mundial. Para colmo es tan pero tan lejos, que hasta resulta bastante “descafeinado”. Está dicho que aquellos torneos que se han jugado tan remotamente, sobre todo en países fuera de América, han sido casi una malta sin alcohol en cálculo de espumeante entusiasmo argentino. Por eso, el seguimiento del resentido bolsillo de la dama y el caballero son claves en los diálogos nacionales del hoy y ahora. Para colmo, Macri va a tener que cumplir el ajuste a rajatabla porque de sus “deberes” dependerá su reelección seguramente empujada desde afuera, si es que logra demostrar madera de entendimiento con el gobierno global. Así las cosas, la suba de la coparticipación a las provincias que va pergeñando y hasta mostrando en algunos casos, compensarían los recortes que vendrán. Por eso es clave la negociación con los gobernadores por la baja de giros no automáticos.

Un año para alquilar balcones

El presupuesto 2019 reflejará de hecho indefectiblemente el programa de recortes para poder cumplir con la reducción del déficit acordado con el FMI. Los economistas coinciden en identificar tres áreas claves para el ajuste, todas con impacto en las provincias. Por eso la negociación con los gobernadores es imprescindible. Buena oportunidad para aquellos que están bastante ordenados y todo un fiasco para los mandantes como el de Chubut, que debe ir día por medio a golpear la puerta de auxilios por goteo. Un suero caro políticamente hablando.
Las partidas que señalan los especialistas son las destinadas a subsidios (0,8% del PBI para transporte y 0,7% para electricidad), transferencias no automáticas (0,8% del PBI) y gasto de capital total (1,5%). De ese 3,8% debería surgir el ahorro de entre $170.000 millones y $200.000 millones que se requiere para cumplir con el déficit de 1,3% pautado con el Fondo. En materia de subsidios, en el pacto fiscal la Nación se comprometió a que en 2021 no habrá más aportes del Tesoro para el transporte del AMBA (hoy se queda con el 96,4% del total). Si en 2019 se mantiene el recorte pautado del total de partidas para ese ítem y electricidad, la caída será del 18,5%, con la consiguiente suba de tarifas.
La baja será más importante si el ENRE sale de la jurisdicción nacional. Los gobernadores peronistas ya lo vienen reclamando; plantean que el recorte es de $45.000 millones si se traspasan las funciones regulatorias y los subsidios correspondientes a la CABA y el conurbano bonaerense. Igual pedido corre para AySA (el costo anual es de $15.600 millones).
Para transferencias no automáticas (por fuera de la coparticipación ), este año el presupuesto es de $105.000 millones. Abarcan financiamiento para programas de educación y salud y giros para obras públicas que ejecutan los gobernadores. Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, señaló que aunque el volumen de giros discrecionales se viene achicando aún tienen una magnitud que admite recortes: «Hay partidas chicas y medianas que se regulan por la coyuntura y las negociaciones políticas; hay ‘grasa para quemar'».
Respecto de las transferencias de capital, Ariel Barraud, del Iaraf, apuntó que las provincias están en una situación mejor que antes. «Reciben más fondos automáticos y es probable que algunas puedan seguir con ese dinero los trabajos que financiaba la Nación». En los primeros cinco meses de este año el aumento de la coparticipación fue del 15% real. Vasconcelos entiende que, a medida que baje el riesgo país -lo que se espera que pase por el apoyo conseguido- los gobernadores deberían intentar compensar el recorte en obras públicas con inversiones privadas.

La reforma laboral lista para entrar a la cancha

Este lunes se reunió en la Rosada la mesa chica que en el Gobierno bautizaron como el G5, que integran Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Allí conversaron sobre la necesidad de un acuerdo con el peronismo para avanzar en varios temas ajenos al acuerdo con el FMI. En la Rosada preparan una sesión especial para tratar la reforma laboral el próximo 28 de junio en el Senado, en medio del Mundial de Rusia. Mientras decidió avanzar con el vértice menos conflictivo de la reforma, que es la creación de una agencia de salud, ahora el Gobierno quiere aprobar el blanqueo laboral, que el peronismo apoyará sólo si se retiran de la iniciativa las modificaciones planteadas para las indemnizaciones, un requisito que puso como condición la CGT.

La reforma electoral va precalentando

En tanto que con el PJ intervenido y la Alianza de interna en interna, la política partidaria está demasiado entretenida puertas adentro y aun no ha ido definiendo ni siquiera estrategia tal la incertidumbre en todos los ámbitos que domina la cancha. Para colmo está dicho que sin guita, los jugadores que se consiguen como para entusiasmar armados incipientes, son de reserva absoluta. Para después del Mundial, en tanto, planean debatir la reforma electoral, la ley de financiamiento de los partidos políticos y leyes de reforma de la Justicia. Todas iniciativas que Mauricio Macri intentó sacar en el Congreso en sus dos primeros años de mandato y no pudo.
Para que avancen esos proyectos, este lunes el G5 del PRO habló de retomar negociaciones con Miguel Pichetto en el Senado, el massimo en Diputados y algunos gobernadores del PJ y de partidos provinciales. El tema había sido bien delineado a principio de año a través de una disertación de Frigerio, donde quedó claro que el plan oficial permitirá ahora el financiamiento de empresas a las campañas con tope de 3% del gasto total de cada frente político; la bancarización de los aportes; duras sanciones penales contra el clientelismo, restricciones a la publicidad oficial y la eliminación de los actos de gobierno orientados a captar el voto durante las campañas políticas. También buscará «restringir la publicidad oficial en las campañas y que durante toda la campaña electoral los oficialismos no puedan hacer actos de gobierno». Estos incluyen inauguraciones de obras o anuncios orientados a la captación del voto, para que nadie “pueda aprovechar la ventaja relativa que tienen al estar a cargo de los estados nacionales, provinciales y municipales». En la actualidad, esa restricción rige para los 15 días anteriores a las elecciones y se ampliará a los 30 días de campaña. En también insistirán con el sistema de boleta única electrónica. Bue, todo un tema.

Fuentes: NA, LPO, LN, propias