Mientras el Gobierno nacional avanza en la quita de subsidios económicos para achicar el déficit fiscal, la devaluación noquea ese esfuerzo al engrosar el peso de los mismos en las cuentas públicas. Esto es porque el objetivo previsto en el Presupuesto 2018 de un nivel de subsidios del 1,6% del PBI se obtiene asumiendo un tipo de cambio promedio de 19 pesos por dólares, mientras que la devaluación de mayo implica un tipo de cambio promedio piso para el año de 23 pesos por dólar.
A pesar de que el Gobierno apunta a una baja en los subsidios que enfrenta la administración de Mauricio Macri, tres consultoras privadas analizaron las consecuencias de la corrida cambiaria y el constante aumento de la divisa norteamericana, que aún sin saltos, continúa en aumento. Es que el Ejecutivo habría estimado estos costos con un dólar a 19 pesos, siendo que el viernes pasado se terminó ubicando en 25,56 pesos para la venta.

Error de cálculo

Según 3 informes económicos, el objetivo que se había impuesto la administración de Cambiemos se podría quedar en solo expresiones de optimismo. En ese sentido, la consultora PxQ dirigida por el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis, aseguró que en el Presupuesto 2018 se estableció que el costo de los subsidios se ubicaría en torno al 1,6% del PBI.
En ese sentido, la consultora destacó que este número, “se obtiene asumiendo un tipo de cambio promedio en torno a los US$ 19, mientras que la devaluación de mayo implica un tipo de cambio promedio piso para el año de US$ 23”, y argumentó que “las devaluaciones incrementan el peso de los subsidios en el PBI y en las cuentas públicas”.
“Los efectos directos provienen de la naturaleza de los subsidios, que son la diferencia entre el precio del combustible importado y su precio de venta local; al subir el tipo de cambio, el gasto en pesos derivado de la importación se incrementa. Los indirectos provienen de la naturaleza contractiva de la devaluación: la caída en el PBI y en la recaudación genera un aumento en el peso de los subsidios”, advirtió PxQ.
Es por eso “que si el gobierno nacional pretende bajar los subsidios según lo presupuestado, no solo debía evitar la aprobación del proyecto de ley, sino que además debería subir las tarifas entre un 15% y un 25% más de lo originalmente previsto para neutralizar el efecto del tipo de cambio sobre las cuentas públicas. Si Cambiemos no modifica la quita de subsidios de 2018, la devaluación podría no solo neutralizar todo el ahorro previsto para 2018, sino incluso derivar en un incremento en el peso de los subsidios”.

Aumento de costos

Por su parte, Eco Go explicó que “el día que se anunció la vuelta al FMI en Diputados se daba media sanción al proyecto para retrotraer tarifas”, es por eso que ante “la mayor presión de estos costos (si se mantiene el esquema vigente) requiere más tarifas eléctricas, de gas, y de transporte, y no menos, y mucho más si se pretende acelerar la reducción de subsidios”, destacan.
“La suba del dólar aumenta el costo de producir electricidad y gas, y el costo del transporte por el tema del combustible. Eso se puede financiar incrementando tarifas, o se aumenta los subsidios, o la empresa tiene que absorber esos costos”, advirtió Jorge Colina, de Idesa y señaló que “como el Gobierno había dicho que no iba a ajustar más las tarifas de luz y gas en lo que corresponde a 2018, y no se quiere aumentar los subsidios, creo que la idea va a ser que las empresas asuman el aumento de costos”.

Déficit fiscal desbocado

Idesa asegura que los subsidios a las tarifas son los únicos gastos que bajaron. “El veto a la iniciativa opositora de retrotraer tarifas desnudó la mediocridad de la política. Lo cierto es que la situación fiscal es crítica y la reducción de los subsidios es el único avance. El ordenamiento fiscal demanda un abordaje más integral que incluya el sistema previsional y la reconstrucción del federalismo”, advierte la consultora.
En un reciente informe señala que “la oposición se encolumnó detrás de la sanción de una ley que anularía los aumentos en las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte aplicados desde diciembre del 2017, retornando al nivel de noviembre del 2017. También se fijaba que los incrementos de tarifas no deberían ser superiores a la variación salarial y que las empresas de servicios públicos tendrían que devolver a los usuarios lo cobrado por los aumentos anulados”.
En este marco, Idesa indica “que se anularan los aumentos de tarifas y se devolviera lo cobrado por los ajustes desde noviembre del 2017 no implicaba que las empresas sacaran de su bolsillo la plata para los usuarios. Implicaba que el Estado nacional debía compensar con mayores subsidios a las empresas por lo devuelto y por la insuficiencia de las tarifas respecto a los costos de producir los servicios. Con esto, el gasto público nacional hubiera aumentado –según estimaciones oficiales– en más de $120 mil millones a precios del 2018. Este fue el principal argumento para justificar el veto”, describieron sobre el impacto que tendría la medida.

Oportunismos políticos

Asimismo, expusieron que entre el primer cuatrimestre del 2016 y el mismo período del 2018 se observa que: Los subsidios económicos a la energía, transporte, agua y otros ítems se redujeron en un -48% en términos reales, o sea, ajustados por inflación. El gasto en jubilaciones y pensiones se incrementó en 11% en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Los gastos en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales se incrementaron en 54% por encima de la inflación.
“Estos datos muestran que la iniciativa de la oposición atacaba el único factor que hasta ahora venía contribuyendo a reducir el déficit fiscal. Es entendible la preocupación por el aumento en las tarifas públicas. Pero anular la única vía que hasta ahora se utilizó para corregir la grave situación fiscal es la mejor manera de potenciar los problemas. Mucho más conducente hubiese sido buscar la moderación del impacto reduciendo la incidencia de los impuestos en el costo total de las tarifas. La actitud puso al desnudo las posiciones poco serias e irresponsables que emergen cuando se pretende sacar ventajas electoralistas a través del oportunismo”, cuestionó con dureza IDESA.

Recortes a medias

En otro tramo del informe aseveran que “el veto es un fracaso de la gestión política. Refleja, por un lado, la incapacidad para encontrar y consensuar alternativas racionales que le den viabilidad al proceso de sinceramiento de las tarifas. Por el otro, pone de manifiesto la miopía para abordar la muy delicada situación fiscal. Esto también subyace en los anuncios de las autoridades económicas de buscar el equilibrio fiscal poniendo límites a la incorporación de empleados públicos y recortes de gastos suntuarios en la administración pública. Es pertinente avanzar en una mejor gestión del recurso humano y eliminar gastos superfluos, pero quedarse sólo con estas medidas es seguir tratando de disimular la gravedad del problema. Aun suponiendo que se logren ahorrar los $20 mil millones anunciados, representan menos del 5% del total del desequilibrio fiscal”, advierten sobre los anuncios oficiales.
En tanto, refieren que “gran parte de la expansión del gasto público lo generan el sistema previsional y los programas que ejecutan los funcionarios nacionales cogestionando indebidamente servicios que están a cargo de las provincias y los municipios. Las energías deberían estar centradas en abordar de manera integral este desorden. Con una visión en esta dirección, el ordenamiento del Estado resultaría más eficiente y social y políticamente más tolerable”, evaluaron.