De acuerdo a los cálculos de las compañías, el precio promedio ponderado del gas fijado para abril fue de u$s 4,68 por millón de BTU a un tipo de cambio de $ 20,55 por dólar, mientras en octubre está pautado que el gas cueste en promedio u$s 5,26 / MMBTU a un dólar que, según el mercado de futuros Rofex, se ubicaría en $ 29,13 en el décimo mes de 2018. Eso implicaría un incremento en pesos de 59,3% por la actualización de costos mayoristas y el retiro de subsidios del Estado, a lo que se debe agregar el traspaso de la inflación mayorista (de acuerdo al Índice de Precios Internos al por Mayor, IPIM), que entre abril y septiembre superaría por lo menos el 10%.
La firma EcoGas, que cuenta entre sus accionistas a Nicolás Caputo, y controla Distribuidora de Gas del Centro (opera en Córdoba, La Rioja y Catamarca) y Distribuidora de Gas de Cuyo (San Luis, Mendoza y San Juan), solicitó en una nota al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que habilite un “aumento inmediato” de las tarifas por el incremento en sus costos asociado a la devaluación. EcoGas se ampara en la letra de la Ley 24.076, que permite a las distribuidoras que reclamen un nuevo cuadro tarifario cuando sus costos suban repentinamente más de un 20%.

Evaluación de costos

En los últimos meses de 2017, ante el término de la emergencia económica, las petroleras y distribuidoras celebraron contratos para el abastecimiento de gas, que ahora ya quedaron desactualizados. Según una fuente de las distribuidoras, las empresas que envían las facturas están absorbiendo costos y quieren que las productoras también cedan, con una renegociación, ya que “nadie garantiza que en estos meses se reconozca toda la variación de costos”, o sea, que el Enargas dé luz verde a los aumentos, tal cual correspondería siguiendo las reglas del mercado.
El problema es doblemente grave: el Gobierno se arriesga a un dramático incremento tarifario que pegaría muy fuerte en la clase media y se trasladaría a la inflación pero de la otra forma, si entre las petroleras y distribuidoras no consiguen fumata blanca, debería aumentar los fondos para subsidiar la continuidad del sistema, ante una delicada situación fiscal y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de eliminar los subsidios energéticos.
Ya el presidente de la ex Enarsa, Hugo Balboa, estimó la semana pasada que la empresa estatal necesitará este año el doble de subsidios que en 2017: $ 29.000 millones contra $ 14.900 millones.
En su última intervención oficial como ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo en el Foro Latinoamericano de Energía en San Carlos de Bariloche que el Gobierno todavía no analizó el impacto de la devaluación en los futuros incrementos tarifarios de gas y electricidad, pero adelantó que se podrían subir los subsidios.

Nuevo desafío

Es así que Javier Iguacel asume al frente de la cartera de Energía con una agenda cargada de negociaciones. No descarta que haya algunos conflictos con las productoras y distribuidoras de gas, que firmaron contratos a fines del año pasado. Las distribuidoras, que finalmente imprimen las facturas a los hogares y comercios, alegan que no pueden sostener los pagos a las petroleras por la devaluación y piden renegociar.
Todo indica que el nuevo ministro debería decidir si habilita para octubre un aumento superior al 70% en pesos para el segmento mayorista de la boleta de gas o subsidiar más de lo previsto.