La discusión sobre el régimen jubilatorio llegará nuevamente al Congreso. El Gobierno avanza hacia una reforma del sistema previsional que lo ayude a achicar su déficit fiscal estructural. Especialistas sostienen que la situación actual tiende a empeorar y que es necesaria una política de Estado que ponga el foco en la edad jubilatoria, el trabajo informal y la doble cobertura, entre otras cosas.
A diferencia de lo sucedido a fines del año pasado, esta vez no se tratará sólo de un cambio en el cálculo del haber, sino más bien de algo más profundo: la sustentabilidad del sistema. Se definirá cómo se va a financiar y qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio.
El 24 de mayo pasado, se publicó en Boletín Oficial la resolución que conforma el Consejo de Sustentabilidad Previsional con el propósito de que “elabore un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Para esa tarea, la resolución dispone de un límite de tres años desde la aprobación, en mayo de 2016, de la Ley de Reparación Histórica que le dio origen y establece la obligatoriedad de elevar informes de sus estudios y avances cada seis meses.
Ese Consejo está compuesto por 25 miembros, entre los cuales se encuentran representantes de cámaras empresariales y sindicatos. Lo que se prevé desde el Gobierno, son modificaciones en rubros tan sensibles como la edad jubilatoria, sistema de retiro anticipado y régimen de pensiones.

Sustentabilidad bajo la lupa

Desde el Observatorio Fiscal Federal, el economista Luciano Di Gresia destacó que “desde los 90 el sistema está financiado por recursos que vienen de impuestos como la coparticipación y los pactos fiscales. Cuando se hace la cuenta, eliminando los aportes del sistema tributario, se encuentra cuál es la salud del sistema previsional. Eso da un déficit contributivo de 2,9% del PBI en 2017 cuando el déficit primario fue del 3,9%. Es decir que el 75% del déficit primario que el Gobierno está queriendo ajustar se explica por el sistema previsional”.
Jorge Colina, de IDESA, indicó que “el gasto crece más que el ingreso del sistema previsional y es una de las principales fuentes del déficit fiscal. Los ingresos del Estado están creciendo al 22% y los gastos a un 19%, por el esfuerzo del Gobierno para achicar el déficit, pero el gasto en jubilaciones y pensiones crece al 30%. Uno se pregunta cómo puede crecer tanto si las reglas de actualización ahora van más en consonancia con la inflación, o sea que deberían crecer más cerca del 24%. Si crecen al 30% es porque el sistema no tiene bajas”.
Los especialistas coincidieron en que las medidas que tomaron tanto el gobierno anterior como el actual vienen agravando la insolvencia del sistema previsional. Roberto Salomón, de Econométrica, sostuvo, por ejemplo, que “la incorporación al sistema de hasta 4 millones de personas sin haber hecho aportes suficientes ahonda lo que yo llamo ‘el agujero negro’. La realidad es que seguimos cavando dentro del agujero, en vez de salir”.
Según Di Gresia, “en 2005 había 2,9 millones de beneficiarios del sistema previsional y en 2017 el año cerró con 5,8 millones, casi 3 millones más. Pasamos de un 7,6% de la población total del país a un 13,3% hoy. Es un aumento muy grande de los beneficiarios. Dentro de los 5,8 millones de beneficiarios, un 80% cobra un solo beneficio. Allí hay un 32% que hicieron aporte y un 48% que entraron por moratorias, es decir que no hicieron aportes o hicieron aportes parciales. Del 20% que tiene doble beneficio, hay un 14% que entró por moratoria y un 6% que había hecho los aportes. Con esos números, da que un 62% se dio por moratoria. En gran parte se explica por la alta desocupación de los 90 que dejó como herencia mucha gente sin aportes”.
Di Gresia explicó que este gobierno también hizo su aporte en la materia: “la Reparación Histórica incrementó el gasto previsional por la vía de un incremento de haberes que representa alrededor de 1 o 1,2% del PBI. El sistema de seguridad social (incluyendo otros beneficios sociales) representa el 10,6% del PBI, eso a nivel nacional nomás, sin tomar en cuenta las cajas provinciales. La velocidad en la que viene creciendo el sistema en términos del PBI es muy alta”.

La necesidad de una reforma del sistema

Frente a este deterioro del sistema, los especialistas coincidieron en la necesidad de encarar una profunda reforma del sistema previsional.
Para Colina, “la sociedad es la que deberá encarar una nueva reforma. No digo el Gobierno porque el sistema previsional es una responsabilidad de toda la sociedad, que es la que mantiene a la gente de la tercera edad. El problema es que la política previsional la ha tomado el gobierno de turno y se ha encarado de manera irresponsable. El primer punto de un gran acuerdo es un sistema previsional sustentable y eso implica ir hacia atrás con algunas medidas demagógicas que se han tomado y hacerle entender a la sociedad que hacen falta decisiones responsables. Una de esas, que es poco popular pero necesaria, es la de cortar con la doble cobertura. No revisar hacia atrás porque eso ya está, pero sí hacia delante”.
En la misma línea, Salomón enfatizó que “cualquier solución necesita una política de tipo nacional porque si es el gobierno de turno el que la formula, sin un compromiso de todas las fuerzas políticas, no alcanza. La solución lleva décadas, no semanas. Hace falta que haya una conciencia del problema y una decisión de que no se puede pagar con rentas generales. Si no hacemos nada vamos al colapso del sistema”.
Entre las medidas específicas que pueden tomarse para mejorar la situación del sistema, se encuentra el aumento de la edad jubilatoria.

Clave: La edad jubilatoria

Di Gresia indicó que “éste es un proceso que se viene dando en todos los países por el incremento de la expectativa de vida y para generar un sistema más sostenible. No vamos a quedar exentos de lo que está pasando en todo el mundo. En la Argentina se va a dar la discusión y es una forma de acompañar los cambios en la demografía. Hay que aplicarlo en forma más integral, observando no sólo cómo evolucionan los futuros beneficiarios sino todo el mercado laboral. De poco serviría extender la edad jubilatoria si no hay posibilidades de trabajo por los cambios tecnológicos.”.
Colina, por su parte, sugirió también “actuar sobre las jubilaciones de privilegio y las cajas complementarias. Es un aspecto sensible porque acá están involucrados los jueces y políticos. Es más fácil porque están cuestionados, aunque la dificultad es que ellos mismos deberían hacer una reforma contra sus propios intereses. También están los docentes, que se jubilan antes”.
En total concordancia con su colega, Salomón remarcó que a “las jubilaciones de privilegio hay que eliminarlas. No sé por qué existen. Los que toman las decisiones lo primero que hacen es buscar beneficios para ellos. Son los que votan las leyes. El lobo está a cargo de cuidar a las gallinas”.

Empleados en negro

En la misma línea, Di Gresia resaltó que “todo lo que se pueda avanzar por el lado de las jubilaciones de privilegio le va a dar más justicia al sistema. Sin embargo, respecto a los grandes números y al problema financiero, no es relevante. Sí serviría para ofrecer una mayor justicia distributiva”.
El economista enfatizó que “el trabajo no registrado es un aspecto crucial de toda esta discusión. El déficit contributivo está explicado en gran medida por la proporción de trabajo en negro, que está alrededor de un 35% de la economía. En los años 90, cuando se hizo la reforma del sistema, hubo muchos trabajos que hablaban de una convergencia del sistema hacia un equilibrio financiero. En ese momento veíamos que eso dependería en gran parte de cómo avanzara la formalización de la economía. No mejoró lo suficiente y la brecha financiera se mantuvo en el tiempo”.
Salomón señaló que “incorporar a ese 30% que está al margen del sistema sería un gran aporte. La recaudación se podría mejorar un 40%, porque los que aportan son el 70%. No soy iluso de pensar que ese 30% se va a incorporar automáticamente, pero una moratoria y una política agresiva de detección de trabajadores en negro y de incorporación al sistema contribuirían significativamente”.
En el Gobierno son conscientes de que este tema, deberá pasar por el Congreso, y de que un incremento en la edad jubilatoria, automático y abrupto generará rechazos dentro de los distintos partidos, además de incrementar el malhumor social. Sin embargo, afirman que están dispuestos a dar el debate. (Fuentes: Iprofesional.com, NBS, Propias)