Por Carlos D´Agustino

Las leyes marcan en forma independiente el alcance de cada una de ellas, desde el momento de su pronunciamiento. Algunas, involucradas o adaptadas al Poder Judicial, han quedado muy atrás en el tiempo, y conllevan en eso la mayor inquietud del ciudadano común. Un sondeo somero que se realizó la primera semana de julio, expone informalmente la convalidación social con la avanzada investigativa de la Procuración que lleva adelante el doctor Jorge Miquelarena y el grupo de fiscales que trabaja en procura de esclarecer las causas que involucran a gran parte del poder político provincial. Más allá de las ansiedades o dudas sobre el final del proceso, la sociedad en general ve con buenos ojos el accionar investigativo.
Detenidos que entran y salen por la misma puerta en pocas horas, apelaciones que intentan de la mano de ágiles abogados llevar conveniencia a sus defendidos, y todo tipo de trama, en la que muchas veces los involucrados deben atreverse a verdaderas partidas de ajedrez. Y a contrarreloj.
Muchas veces son los mismos protagonistas (abogados y fiscales por citar algunos) los que terminan indignándose por lo que el Código Penal establece.
Y hasta parecería ilógico tener que hablar de alguien porque hace bien su trabajo. Pero a eso estamos acostumbrados.
Las causas de corrupción golpearon duro a Chubut de un tiempo a esta parte. Hay empresarios, funcionarios y políticos de alto rango involucrados. El impacto fue estruendoso. Y el Poder Judicial debe estar a la altura.

El que dijo `presente´

Desde esta lectura de activación necesaria, una gran mayoría social considera ampliamente satisfactoria la tarea del Procurador General Jorge Miquelarena, quien hace unas semanas decidió ampliar la conformación de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, que data originalmente del pasado mes de febrero.
Al Jefe de Fiscales de Madryn, Daniel Báez, y los Fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, se le sumaron sus pares Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, además del funcionario de Fiscalía Gustavo Núñez.
Miquelarena y Báez han sido medidos en sus dichos hasta el momento, constantes en su tarea de investigar, y asiduos y perseverantes en el afán de llegar al final de la historia. Idéntica línea de conducta mantienen hasta hoy los fiscales que integran el equipo.
Lo que empezó como “Embrujo” se fue ramificando en otras causas y promete un desarrollo largo, sostenido en el tiempo, solo apto para funcionarios que estén a la altura de las circunstancias.
El desempeño de Miquelarena, Báez y el equipo conformado ha sido notable, máxime teniendo en cuenta la naturaleza de la causa, los nombres involucrados, la relación con la política y la actual gestión de Gobierno Provincial, y el impacto que generó en la sociedad chubutense.
Porque hay causas con las que es más fácil lidiar, y otras que tienen connotaciones especiales. El hecho de que estén involucrados funcionarios, secretarios y empresarios relacionados a la política, hace que la causa no sea común. Y una sociedad indignada por estos hechos, prácticamente empuja a los fiscales y al procurador a que no fallen.
Han asumido esa responsabilidad, y al día de hoy han realizado una tarea efectiva y destacada a la vista de la sociedad, con las revelaciones necesarias para entender que se está hablando de la causa de corrupción más grave en la historia de nuestra Provincia.
Entendamos que se está hablando de la positiva labor de funcionarios públicos del Poder Judicial, empleados estatales a los cuales les toca hoy defender su trabajo con dos connotaciones claves: blanquear una eventual y millonaria defraudación al estado del cual forman parte, y ser parte de un fallo histórico para la Provincia de Chubut.
El trabajo que hoy llevan adelante, incluso, ayuda -en demasía- a dignificar un ambiente como el Poder Judicial, con el que muy pocas veces la sociedad coincide.