El Gobierno nacional enviará en estos días un proyecto de ley al Congreso para regular la financiación de los partidos políticos que contempla la bancarización de los fondos y la posibilidad de aportes de empresas privadas.
La ley fue redactada en febrero por el secretario de Fortalecimiento Institucional Adrián Pérez, iba a presentarse en el segundo semestre, pero el caso de los aportantes truchos en la campaña bonaerense aceleró los trámites.
Este jueves, el texto llegó al despacho del secretario legal y técnico Pablo Clusellas para ultimar la letra fina y enviarlo al Congreso cuanto antes.
Uno de los aspectos más polémicos serán los aportes de las personas jurídicas, que ahora están prohibidos pero podrían financiar hasta el 2% de una campaña electoral.
Fuentes del Gobierno señalaron que se evaluó restringir estos desembolsos a la previa de la campaña, pero se optó por un camino más sencillo.
La ley habilita el aporte de empresas privadas a los partidos políticos. Estáran bancarizados, publicados en internet y supervisados por la UIF y la SIGEN.

Resistencia de la oposición

En la lista de aportantes quedarían reflejados en una página web de cada partido y habría otro registro de proveedores de bienes y servicios para la campaña para chequear si las cifras tienen sentido.
Colaborarán también la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y un cuerpo de 24 auditores, uno por provincia.
No será una discusión fácil: en 2016, los senadores Omar Perotti y Juan Manuel Abal Medina presentaron un proyecto para impedir los aportes privados a las campañas. Nunca se trató y caducó en febrero.
Y esta tarde Máximo Kirchner presentó otro en Diputados que además de prohibir la ayuda de empresas a los partidos fija un fondo para financiar la publicidad en internet de cada candidato.
La ley del Gobierno no se referirá a la publicidad y sostendría los espacios gratuitos que ya tienen los candidatos en la televisión, vigente desde la reforma de 2009.
Pero extendería de 15 a 30 días el plazo previo a las campañas que prohíbe a los Gobiernos hacer actos públicos.