El Gobierno inició el recorte de 30.000 millones de pesos y ofrecerá a las provincias reemplazar, con crédito externo, los fondos para obras que serán podados. Nación sería el garante frente a organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. El ajuste ya se siente en las obras viales de pavimento y la construcción de viviendas. El reparto de la obra pública para 2019 es central en la negociación por el presupuesto.
Comienza a profundizarse el ajuste en el sector que se inició con el recorte de $ 30.000 millones en los fondos para este año, lo cual significó una caída de 15% de lo proyectado para el 2018, y la promesa de prorrogar para el año próximo lo que no se pudo hacer este año.
En el medio, el Gobierno empezó a presentar algunas opciones de cara a suplir la deficiencia de fondos que impondrá el ajuste y, además de la ampliación de la cantidad de proyectos de Participación Público Privada que ya están en estudio por Hacienda, ahora se sumó una nueva herramienta.
Desde el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas sostienen que parte de lo que desaparecerá del Presupuesto buscará ser incluido dentro de los paquetes de préstamos subsidiados de los organismos internacionales.

Tanteando a los gobernadores

De acuerdo con fuentes de la cartera que encabeza Rogelio Frigerio, con el fin de que las provincias sigan manteniendo el plan de obra pública la Casa Rosada les empezó a garantizar que les facilitará el acceso a un programa de préstamos subsidiados con financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
Así se lo hizo saber hace unos días Frigerio a los gobernadores que pasaron por su despacho en las reuniones informales, previas a la ronda de negociaciones que ya anticipó que mantendría el Gobierno con cada uno de los distritos.
«No es una mala opción frente al recorte. Hay que ver cómo se estructura, pero no es para descartar porque, frente a la escasez, se conseguirían fondos a menor costo», explicaron desde una provincia de la región Centro.
Con este esquema, Nación también se asegura que frena una parte del reclamo de un sector de los gobernadores que encontraron en el chaqueño Domingo Peppo a su vocero.

Control de fondos

«Con este esquema, podemos asegurar créditos a mejores tasas que las que podría conseguir la provincia y, además, se bloquea el pedido de control de los fondos», explicó una fuente oficial.
La otra opción que está en discusión y que generará más controversia tiene que ver con la parte que aporta la Nación y las provincias en las obras de infraestructura que se realizan en conjunto. «Hasta ahora es 60% Nación y 40% la provincia. Para el año que viene sólo se podrá continuar si se da vuelta la ecuación y son los distritos subnaciones los que ponen la parte mayoritaria. Aquellos que no puedan hacer frente a este cambio, será difícil que la obra tenga viabilidad durante el 2019», explicó otra fuente oficial.

Ajuste en las obras de rutas

El ajuste ya se siente en las obras viales de pavimento y genera reclamos de los gobernadores que protestan por la demora en el envío de los fondos comprometidos por el Gobierno nacional. Los gobernadores ya habían empezado a sentir el ajuste en las obras de vivienda en sus provincias por la demora en el envío de los fondos que está frena Pena en el ministerio de Hacienda.
Como sucede con los gobernadores, hay un caso puntual que es una foto de época: el intendente cordobés Ramón Mestre, que pertenece a Cambiemos, le reclama al gobierno de Mauricio Macri más de 200 millones de pesos por obras atrasadas en concepto de pavimento.
El último relevamiento que hizo el municipio de Córdoba capital detectó un envío pendiente de Nación de más de 250 millones de pesos. Por el atraso en el giro, Mestre protesta porque debió gastar más de 200 millones de pesos con recursos propios mientras hace malabares con los contratistas.
En el Ejecutivo explicaron que cuando se disolvió meses atrás la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), el programa de pavimento quedó en crisis. Las funciones se las repartieron entre el ministerio del Interior de Rogelio Frigerio y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que también pisa el envío de fondos para las obras que acuerda la cartera política con gobernadores e intendentes.

Menos construcción de viviendas

Para hacerle frente a este contexto, mientras el Gobierno debe encarar una negociación por el Presupuesto con el peronismo, Frigerio y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunieron en la Quinta de Olivos con los ministros de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, de Corrientes, Enrique Vaz Torres; de Mendoza, Lisandro Nieri; de Jujuy, Carlos Sadir, y de la ciudad de Buenos Aires, Martín Mura. Además, estuvieron presentes Pena y el secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli.
En el Gobierno explicaron que «fue una reunión positiva» y que estuvo enfocada en revisar la distribución de fondos de Nación a las provincias en 2018 de cara a la necesidad de cumplir con la meta de 1,3 puntos de déficit fiscal pautada para el año que viene.
«Repasamos la relación fiscal y financiera de Nación con las provincias; y las transferencias corrientes, de capital, subsidios por transporte y envíos del fondo sojero solidario de este año.
«Tenemos que avanzar en esquema de esfuerzo compartido entre el gobierno nacional y las provincias», aseguraron las fuentes, que confirmaron que habrá más reuniones tanto con los gobernadores de Cambiemos como de la oposición. El objetivo es consolidar un preacuerdo con las provincias para el 15 de septiembre, que es la fecha de ingreso del Presupuesto 2019 en el Congreso Nacional.

YPF amentó el precio del asfalto

A todo esto, la petrolera estatal YPF agregó un factor más para complicar la obra pública, en medio del parate generalizado de la economía y la decisión del Gobierno de recortar en 30 mil millones el presupuesto. La compañía aumentó más del 50 por ciento el precio del asfalto y afecta directamente al sector vial.
La división Infraestructura y Construcción de la firma comunicó el lunes a sus clientes sobre el nuevo incremento en el precio del insumo. «Informamos que a partir del día de hoy regirá un incremento que ronda el 17% en el precio de los productos asfálticos y emulsiones en general», comunicó YPF, principal proveedora de asfalto junto a Shell.
La noticia cayó como una bomba en las constructoras, donde enseguida recordaron que el del lunes fue el tercer aumento en los últimos 60 días.
Se trata de un incremento total mayor al 50 por ciento, letal para las empresas que ya tienen proyectos en marcha. El precio del asfalto está atado al dólar y las subas están vinculadas a la brusca devaluación del peso por la corrida cambiaria de los últimos meses.
En las constructoras, donde ya estaban ampliamente preocupados por el futuro del sector y hasta habían advertido por despidos masivos, advierten que este incremento podría provocar una paralización definitiva de la obra pública, especialmente la vinculada a rutas, la de mejor rendimiento.
A esto se suma, que los pagos del Gobierno por las obras ya no tendrían el buen ritmo de los dos primeros años de la gestión y habrían empezado a alargar los plazos, según dicen en el sector.