«Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia (y Ciudad) de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila». Con la intención de tener el Presupuesto 2019 aprobado antes de fin de año, Mauricio Macri confirmó que la Nación cederá la concesión del servicio de electricidad del área metropolitana.
«Hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que recibe la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto por política del gobierno kirchnerista había un gran desfasaje y es por eso que las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior para que se reconozca el verdadero valor de la energía», justificó el Presidente en una entrevista con la emisora cordobesa Cadena 3.
El Gobierno espera la respuesta de las provincias a la propuesta de ajuste fiscal para definir el proyecto de ley de Presupuesto que presentará al Congreso en septiembre próximo, con un recorte del gasto que rondará los $ 200.000 millones solo a nivel Nación.
La Casa Rosada espera que las provincias contribuyan con otros $ 100.000 millones de recortes, para cumplir la meta de recorte fiscal prometido al FMI. Se espera que el borrador del proyecto incluya la suspensión de obras públicas, el freno a la construcción de viviendas y reducciones en la ayuda salarial para fondos docentes.
En el Ministerio de Hacienda y Finanzas preparan una reunión para los próximos días con el fin de definir el recorte que las provincias deben reducir de sus gastos, para poder cumplir el recorte prometido al FMI.
En el tramo final de las negociaciones, el gobierno de Macri le propuso transferir a las administraciones de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta el costo de los subsidios al transporte por $ 250 millones, el de la tarifa social del agua, de $ 800 millones, y el control de los aumentos de las tarifas de Edenor y Edesur.
En cambio, les endosará a las otras 22 provincias, el costo del Fondo de Incentivo Docente, de $ 20.000 millones; les quitará $ 25.000 millones de la recaudación de la soja; rebajará parte de los $ 40.000 millones de obras públicas, y no se permitirá postergar la rebaja del impuesto de Ingresos Brutos de la última reforma tributaria.