La Anses le solicitó a la Oficina Anticorrupción (OA), quien actúa como querellante en varios expedientes judiciales que rodean a Amado Boudou, un informe sobre si correspondía o no otorgarle la asignación especial al ex vicepresidente.
El dictamen se pronuncia “acerca del otorgamiento de una pensión no contributiva en los términos de la ley 24.018, a favor del exvicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou, en relación con los diversos procesamientos y acusaciones por hechos constitutivos de delitos contra la Administración Pública Nacional”.
Para eso, la OA realizó un detalle de cada uno de las causas penales que afronta el exvicepresidente y recordó el juicio oral y público que enfrenta por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, donde el organismo pidió al Tribunal Oral Federal N° 4 que lo condene a la pena de 5 años y medio de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000.

Delitos investigados

La Oficina entiende que en caso de ser condenado, el solicitante debería quedar excluido del beneficio, en los términos del artículo 29 de la mencionada ley, que dice: “se excluye del beneficio a quienes hubieran sido removidos en juicio político por mal desempeño, lo cual expresa una regla legal de mayor latitud, según la cual la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con la conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal, ya fuera por el Senado de la Nación (conf. art. 59 CN), o por el Poder Judicial de la Nación, por la comisión de delitos”.
Según la OA, el juicio político debe entenderse referido a “las causas de responsabilidad” que dan lugar a la remoción en el cargo, que no sólo se refieren al “mal desempeño”, sino también al “delito en el ejercicio de sus funciones” y a los “crímenes comunes”, con las consecuencias de destitución y inhabilitación para “ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.
La Oficina añade que el beneficio que reclama Boudou es una “asignación, graciable y sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor y al mérito por el ejercicio del cargo”.
Se concluyó entonces, que “resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”.

La postura de la defensa

Cabe recordar que la defensa del exfuncionario, en su alegato del martes 26 de junio pasado en el marco del juicio oral y público por el caso Ciccone, sostuvo que no hay elementos para acusar a Boudou. «Las acusaciones se basaron en la relación de Boudou con Núñes Carmona, que son amigos, pero nada se probó de que Boudou haya cometido alguna irregularidad», sostuvo el abogado Alejando Rúa.
Junto con Boudou y Núñez Carmona, también están siendo juzgados Alejandro Vandenbroele así como el empresario Nicolás Ciccone, el titular de la Afip, Rafael Resnick Brenner, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri. «No hay pruebas, son todas versiones. Pero estamos en una etapa que no acepta versiones», había argumentado una semana antes en su alegato la defensa de Núñez Carmona.
La semana pasada el TOF N°4 decidió postergar la lectura de la sentencia en el juicio contra Amado Boudou en el citado caso luego de que su defensa recusara al presidente de ese tribunal, Pablo Bertuzzi, por la supuesta pérdida de parcialidad ya que el magistrado fue el candidato elegido por la coalición oficialista Cambiemos para ocupar un cargo clave en la Cámara Federal.