Inés Weinberg de Roca, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño y candidata del presidente Mauricio Macri a la Procuración General, sorteó sin sobresaltos la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde defendió su pliego.
Además de ser escuchada por los legisladores, la jurista expuso en el Salón de las Provincias ante la mirada de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Cabe recordar que su postulación recibió más de 900 adhesiones, pero también impugnaciones por parte de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, organización que apuntó que Weinberg de Roca tiene “la falta de un claro compromiso” en esta materia.
Precisamente, la candidata a jefa de fiscales comenzó en su exposición manifestando que heredó de sus padres la “vocación por los derechos humanos”. Fue al relatar que su padre y su madre “escaparon del Holocausto y los campos de concentración”.
“Mi padre llegó a la Argentina con un pasaporte alemán expedido en carácter de deportado. Mi madre huyó de Berlín a Praga a los seis años sin documentación. Fue la familia la que marcó mi vocación por los derechos humanos, especialmente la historia de mi madre, quien no tenía nacionalidad y recién de grande pudo estudiar”, recordó.
Además, la jueza elegida por Macri para reemplazar el cargo que quedó vacante con la salida de Alejandra Gils Carbó en diciembre pasado, subrayó que haber integrado durante seis años la Sala de Apelación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia la hizo escuchar “testimonios del horror”.
Weinberg de Roca realizó un “diagnóstico” actual de la situación del Ministerio Público Fiscal y detalló que de los 5.087 empleados que actualmente tiene el organismo, 1.792 están asentados en Capital Federal.
“La estructura de la Procuración está sobredimensionada”, aseguró, al tiempo que dijo que de ser elegida impulsará un “rediseño y adecuación de los recursos”. “No propongo prescindir de la planta permanente, sino readecuarla y robustecerla”, añadió.
Además, mencionó que existe un “desequilibrio” entre el personal asentado en la Ciudad de Buenos Aires y el de las fiscalías en las provincias. Por otra parte, en cuanto a la cuestión presupuestaria precisó que para el año en ejecución asciende a los “7.602.521 millones de pesos” de los cuales “el 98,2 es para el pago de sueldos y el 1,88 por ciento restante para los gastos de gestión y funcionamiento”.
Al hablar de sus “propuestas concretas” para la Procuración, la jurista aseguró que tendrá como “objetivo prioritario” trabajar “lo más rápido posible” en la conformación del Consejo Federal, previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica, y remarcó que el procurador “no está pensado para mandar, sino para actuar como soporte de la diversidad de opiniones que hay en el Ministerio Público Fiscal”.
Al referirse a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Weinberg de Roca destacó el avance de causas en esta temática, la cantidad de investigaciones y la concientización sobre el tema, por eso sostuvo que “por tratarse de una política de Estado tendrá su debida continuidad”. “Forma parte del patrimonio jurídico y legal de una manera irreversible”, agregó.
Para poder asumir el cargo, Weinberg de Roca deberá reunir un consenso generalizado ya que su pliego requiere los dos tercios de los votos dentro del recinto, esto es 48 senadores, número que el oficialismo irremediablemente sólo puede alcanzar con apoyo opositor.