El debate de la llamada extinción de dominio también ha sido capturado por la simplificación y el proselitismo. Ocurrió antes con la figura del arrepentido y después con el aborto. Son proyectos de mejora institucional que caen bajo el formato de la pelea política. Quienes quieren ampliar el rol de los arrepentidos y los márgenes de la extinción de dominio, acusan a sus adversarios que proteger a los delincuentes y corruptos. Arrinconan de esa manera a quienes deber soportar, como le ocurre recurrentemente al peronismo, la sospecha de hacer política de avería. En el debate que arranca hoy en las comisiones del Senado se enfrentan los duros de Cambiemos, que quieren que la extinción del dominio de las propiedades mal habidas de un delincuente o un funcionario se acelere y ocurra antes de la sentencia definitiva en el fuero penal. El peronismo propone más controles a esa extinción, con el argumento de que una catarata de extinciones provisorias atenta contra el derecho de propiedad, el principio de la presunción de inocencia y que generará una catarata de juicios contra el Estado. Además, entienden los senadores opositores, que la sanción de una ley dura ahuyentará a la gente de ejercer cargos públicos. Miguel Pichetto lo ilustró con esta frase: “Es una ley inspirada en la lucha anti-narcos y la quieren aplicar a exfuncionarios. ¿Se imaginan la gracia que le puede causar a un Sturzenegger si le judicializan las decisiones que tomó para enfrentar la corrida que le costó al país U$S 10.000 millones y le incautan todos sus bienes sin sentencia firme? Si sale esa ley nadie va a querer ser funcionario, sólo van a aceptar los que no tienen nada de perder”.

Revoleando bolsos en un convento

En la superficie la conversación reza sobre narcos o eminentes corruptos que revolean bolsones de dinero. Pero lo que está en el fondo es el debate sobre la criminalidad de los actos políticos. En un mundo en el cual los gobiernos gestionan en el borde de la legalidad, a través de decretos de necesidad y urgencia y normas de emergencia, los actos de los políticos cada vez más quedan al acaso de la justicia. El avance de instituciones como la extinción de dominio para exfuncionarios pone cada vez más la suerte de los políticos en manos de los jueces. La crisis política de la Argentina, que lleva ya 20 años, ha debilitado a todas las instituciones y sus protagonistas, con dos excepciones: la prensa y la justicia. La prensa informa, revela, explica, denuncia, investiga; la justicia mete presos. La modificación del código procesal penal pendiente de aplicación le traslada la instrucción de las causas de los jueces a los fiscales. No saben los políticos en la que se metieron al conceder esa reforma que los pone en manos de los procuradores, que actúan sin las restricciones de prejuzgamiento o prevaricato que controlan a los jueces. En la Argentina hay fiscales que meten presos para ir a contarlo después de los programas de televisión.

Kirchner está procesada

Cristina de Kirchner está procesada por el caso del dólar futuro, una medida del anterior gobierno en su tramo terminal que el provocó al estado una pérdida descomunal que debió enfrentar el sucesor después de diciembre de 2015. Según el cálculo de Pablo Wende, a marzo de 2017, el Banco Central había pagado $54.000 millones por esa medida. Los acusados. que además de la expresidente, son los ex responsables del Central del gobierno peronista, sostienen que fue una medida de buen gobierno que buscó el interés público en resguardo de la estabilidad monetaria. En este plano actuarán los abogados de las dos partes, pero es en el terreno político es donde se produce el reproche. Esa medida contenía un mensaje electoral perverso para la disputa de diciembre de 2015: si votan a Macri, que va a devaluar, se van a ganar una fortuna si juegan a la timba del dólar futuro y el Estado va a quebrar. La justicia tendrá que marcar la delgada línea entre la medida de gobierno y la irresponsabilidad. Cualquier evaluador de riesgo sabía que de las chances de Macri de ganarle a Daniel Scioli eran mayores en el ballotage. Fue un acto de gobierno que al final costó una moneda. ¿Cuán criminal pudo ser si se lo anota en una campaña electoral para beneficiar, desde el gobierno, a uno de los competidores?

Millones a la basura

La estatización de las acciones de Repsol En YPF que dispuso el gobierno después de las elecciones de 2011 se hizo sin dar ninguna razón solvente ni antes ni después de emprenderla. “No había otra opción que estatizar YPF. Querían vaciar la compañía y venderla en el momento justo porque tenían la vocación de irse por el descalabro que habían hecho”, amagó Axel Kiccilof en un ensayo de imaginación sobre la subjetividad de los españoles. No explicó, ni él ni nadie más, las razones. Le costó al gobierno U$S 5.000 millones de resarcimiento, pese a que el gobierno argumentó en el Congreso, al defender el proyecto de ley, que sería esa compañía española la que pagaría. Esa compensación se pagó graciosamente, pero quedó como herencia el reclamo de los otros accionistas que cayeron por esa estatización, que quedaron en manos del fondo Burford Capital, un estudio que compra derechos y acciones para gerenciar cobros en tribunales internacionales. Hoy esa demanda compromete otros U$S 5000 millones. La suma de lo que ha costado la estatización de 2011 supera el valor patrimonial de la empresa. Los abogados del gobierno tramitan la aplicación del procedimiento del “Discovery” en la causa que se tramita en los tribunales de Nueva York para determinar qué grado de corrupción pudo haber en la compra y en la venta de esas acciones. Es una manera de descalificar las demandas poniéndolas en el “track” de la corrupción. Un camino negro que dudará años y que no asegura un final satisfactorio para el Estado depredado por funcionarios. En una de esas, en ese trajín se descubre alguna razón sobre la estatización que supere la imaginación simbólica de Kiccilof. Fue otro acto de gobierno que también costó una fortuna. ¿Cuán criminal fue? En la misma tira hay que anotar las millonadas que gastaba el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (i.e. Julio de Vido) en producir teleteatros y películas. O el programa “Enamorar, El Amor en Movimiento”, todo un crimen a la inteligencia, y un desafío para entender que tenía que ver con la infraestructura. Costó millones, tirados a la basura.

Devolvieron lo robado

Según el abogado y exdiputado Julio Raffo el debate es ocioso porque la llamada extinción de dominio ya existe en el Código Penal vigente, pero los jueces, entiende, son reticentes a aplicarla. El art. 23° establece que “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”, etc. Raffo agrega que la denominación de esa figura en el proyecto es equivocada porque el dominio nunca se extingue. “Se transfieren”, afirma. Si el dominio se extinguiera los bienes serian “res nullius” sujetos a apropiación por cualquiera”. Para la aplicación de esta figura bastaría con que las jueces se decidieran a hacerlo. Desde esta perspectiva, una nueva norma como la que discute el Congreso le dará más poder a los jueces.

Fuente: Zuleta Sin Techo