Por Trivia Demir

Parece increíble, pero es real. Que se habilite una línea para denunciar “corrupción” y por ello se ofrezca “recompensa” parece una metodología poco ortodoxa en la búsqueda de transparencia, pero desde el pragmatismo de los padres del capitalismo, viene resultando, desde la mismísima conquista del lejano Oeste. Pero además que se haga puntualmente sobre una persona que fue la expresidenta de la Argentina y su entorno, es bastante dirigenciado, por no decir animoso.

Patricia, la justiciera

«Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Ministerio de Seguridad al número de acceso rápido 134», sostiene la resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich -y publicada este viernes en el Boletín Oficial- que ofrecen `ganancias´ a quienes aporten información que permita recuperar el dinero de la corrupción.
Según el Ministerio de Seguridad, ya recibió 556 llamadas, en el marco de la causa del supuesto pago de coimas en la concesión de la obra pública durante el kirchnerismo destapada por los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, secretario de Obra Pública del Ministerio de Planificación de Julio de Vido.
Sin embargo, sólo 70 de ellos tenían información sustancial y fueron derivados a la Justicia con posibilidad de convertirse en una denuncia.
«Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por el Estado en la Justicia y se le paga a la persona el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos», detalló la funcionaria en diálogo con MDZ Radio.

Adaptaciones cinematográficas

La iniciativa está dentro del plan de recompensas que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, que generalmente se utiliza para la búsqueda de prófugos que han cometido delitos graves. De cuyas persecuciones cinematográficas ya hemos tenido en los inicios de la comandancia de Bullrich, ejemplos más que resonados.
Ahora, según explicó Bullrich, el procedimiento es «secreto» y la identidad de la persona que aporta datos será «preservada». «El objetivo es que toda aquella persona que pueda dar información fehaciente de dinero, propiedades, testaferros, personas que saben que son cosas del pueblo que están en manos de corruptos puedan volver a la gente, porque eso se va a convertir en hospitales o equipamientos para las fuerzas de seguridad», señaló.

Tentaciones masivas

El primer artículo de la resolución oficializada este viernes reza: «Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa N° 9.608/2018, caratulada ‘Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita'».
La norma señala que quien aporte información concreta obtendrá un 5% del valor que se recupere con los datos brindados. Al mismo tiempo, la resolución establece un límite de $2 millones.
En los considerandos de la medida, el Ministerio explicó que «no existen objeciones que formular al progreso del establecimiento de una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa».
«El monto de la recompensa se determinará exclusivamente sobre el dinero o el valor del bien efectivamente recuperado, quedando a criterio del Ministerio de Seguridad la fijación del porcentaje que corresponda al aportante, de acuerdo con la precisión de los datos y su eficacia de cara a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa», detalla el texto.

Militarismos resistidos

Mientras este sistema de “recompensas” generó no poco revuelo, la ministra Bullrich trata de atajar las críticas por los cambios impulsados por el Gobierno en el rol de las Fuerzas Armadas, que las habilita para actuar contra el terrorismo y el narcotráfico, por ejemplo, que sigue generando un fuerte rechazo desde distintos sectores.
La ministra de Seguridad, se refirió en la semana particularmente a las críticas que surgieron desde el kirchnerismo, y recordó que durante el Gobierno de Cristina Fernández ya se utilizaron efectivos de las FF.AA en las fronteras, pero con una reglamentación de la ley que no lo permitía.
“La sorpresa es que el kirchnerismo critique esto cuando ellos tuvieron a las FF.AA. en las fronteras con un instrumento jurídico más endeble que el tenemos nosotros, por eso cambiamos el decreto. Estaban flojos de papeles para llevar esos 2.000 efectivos de las FF.AA. que llevaron”, afirmó.
En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria se refirió así a la reciente derogación del decreto 1591 que firmó el ex presidente Néstor Kirchner para impedir que las FF.AA actuaran en seguridad interior.
El kirchnerismo, la izquierda y algunos gremios marcharon contra la reforma, pero Bullrich insistió además que la política impulsada por el presidente Mauricio Macri “es una continuidad de lo que hizo el Gobierno anterior con respecto al espacio aéreo, que ya lo venía haciendo la Fuerza Aérea”.
“La tarea que ha planteado el Presidente es de un apoyo logístico en la frontera norte. Hay veces que se discute por discutir, por llevarnos la contra y nada más. No queremos hacer de esto un debate sino lo que queremos es darle a las FF.AA. la oportunidad de salir de ese lugar oscuro. La sociedad argentina ha superado esto y hoy los integrantes de las FF.AA. son jóvenes que no tienen nada que ver con ese pasado”, añadió.
Por otro lado, Bullrich volvió a descartar un escenario de conflicto hacia fin de año y apuntó contra las “organizaciones que tienen intereses políticos”.
“No vemos ninguna posibilidad de que haya un problema social. Vemos que hay grupos políticos…lo hemos escuchado a (Luis) D’Elía esta semana en una declaración temeraria, y este tipo de cosas son agitadas desde minorías políticas pero no desde la gente”, aseveró. Sin embargo, en la memoria colectiva de corto plazo aún resuena el trágico desenlace luego de las intervenciones intempestivas y la militarización de conflictos sociales, que por ejemplo terminaron lateralmente con la vida de Santiago Maldonado. Un caso que marcó un antes y un después en la intentona por militarizar las protestas.

Fuentes: MS, MDZ Radio, NA, propias