La Justicia condenó este martes al ex vicepresidente Amado Boudou a cumplir una pena de prisión de cinco años y diez meses por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en la trama conocida como el caso Ciccone.
El ex vice, que por disposición del tribunal quedó detenido inmediatamente, recibió la pena más alta de todos los acusados en el juicio oral y además fue inhabilitado para ocupar cargos públicos de por vida.
Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini.
De esta forma, Boudou volverá a prisión tras casi siete meses en libertad. El ex vice había sido detenido a principios de noviembre del año pasado por orden del juez Ariel Lijo, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal lo liberó el 12 de enero de este año.
Los jueces también condenaron a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, a cinco años y seis meses de prisión. Al igual que el ex vice, será inmediatamente trasladado a una cárcel. También fue condenado Nicolás Ciccone, ex dueño de la imprenta, a cuatro años y seis meses de prisión, que empezará a cumplir en su casa.
Alejandro Vandenbroele, considerado testaferro de Boudou para quedarse con la imprenta, fue condenado como “partícipe necesario” a dos años en prisión en suspenso, aunque no será de cumplimiento efectivo y deberá realizar tareas comunitarias. Vandenbroele había aportado información como arrepentido.
En tanto, el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner fue condenado a tres años de prisión en suspenso; y Guido Forcieri, asesor de Boudou, a dos años y seis meses en suspenso.

La defensa

Por la mañana, Boudou había afirmado que “jamás” negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone. “Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario”, aseguró Boudou, quien señaló que en el marco del juicio en su contra se “invirtió la carga de la prueba”.
Agregó que “el propio Vanderbroele dijo que cohecho no existió”. “La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron”, señaló Boudou al brindar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de que se conozca el veredicto.
La defensa del ex vicepresidente intentó una jugada de último momento y presentó un recurso para que se suspenda el veredicto, argumentando que el presidente del tribunal, Pablo Bertuzzi, no podía intervenir en la causa por estar negociando con el Gobierno nacional. Pero el tribunal no tuvo en cuenta el planteo.

La causa

La causa se inició a principios de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas financieros con su empresa y que Alejandro Vandenbroele le había conseguido una inyección de capital a través de la sociedad The Old Fund, constituida en el extranjero, mientras que también había recibido un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.
Según la causa, Boudou y su amigo, José María Núñez Carmona, adquirieron la imprenta -quebrada y monopólica- a través de gestiones iniciadas cuando el primero era ministro de Economía de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. La adquisición se efectuó a través de la sociedad The Old Fund, de Vandenbroele, presunto testaferro del exvicepresidente.
De acuerdo a la Justicia, Boudou “habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de la Moneda, lo que permitía el autoabastecimiento de la producción de billetes”, con “la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado” para imprimir billetes y documentación oficial.
Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta, y su yerno, Guillermo Reinwick, declararon que Boudou participó de dos reuniones en el proceso de salvataje de la gráfica y se interesó por el futuro de la empresa.
Según la Justicia, Boudou intervino en el pedido de moratoria de Ciccone y en que ésta cediera el 70% de las acciones a The Old Fund, lo que se concretó tres días después de su asunción como Vicepresidente de la Nación, el 13 de diciembre de 2011.
Una vez que Ciccone se convirtió en “Comisión de Valores Sudamericana (CVS)”, a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos a la AFIP, que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desembocó en la concesión del certificado fiscal para contratar con el Estado.
La maniobra ilícita concluyó con la contratación del Estado Nacional de la CVS para la impresión de billetes “que culminó el 16 de abril de 2012 con la firma del contrato” por la cual “se acordó la impresión de $ 410 millones de billetes”.

Repercusiones e ironías desde el oficialismo

Rápidamente, ni bien conocida la condena del exvicepresidente de la Nación, desde el oficialismo comenzaron a celebrar la decisión judicial. La diputada nacional por Cambiemos, Graciela Ocaña, que sigue sin responder por la causa de aportantes truchos a su campaña, advirtió que con esa condena “cae uno de los principales ladrones del kirchnerismo”, y agregó que “es importante que vaya preso pero también que devuelva el dinero que robó”. En ese sentido, señaló además que “es el primer paso para que todos aquellos que se robaron la Argentina comiencen a pagar por sus actos de corrupción, ahora hay que avanzar en que los argentinos puedan recuperar lo robado para que esos recursos no se pierdan en el olvido”.
“Está claro que ha tenido un enriquecimiento indebido”, indicó Ocaña y sostuvo también que “cuando se analiza cada área del Gobierno anterior se encuentran hechos de corrupción”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri tiuteó: “Es Justicia! La causa #Ciccone tiene responsables penales después de 7 años! El ex Vicepresidente Boudou condenado a 5 años y 10 meses de prisión con detención inmediata”. Asimismo señaló: “A los que preguntan por qué lo detienen ahora sin que esté firme la condena, recuerden que en esta investigación, Boudou se cargó a un Juez, al Procurador de la Nación e hizo que el Congreso expropiara #Ciccone para borrar los rastros del delito… imaginen sino puede entorpecer”.
Marcela Campagnoli habló de un “fallo histórico” y proclamó: “¡Será justicia!”, al tiempo que Fernando Iglesias optó por la ironía: “Honda consternación en la República Socialista de Puerto Madero. Denuncian complot contra el Príncipe Amado. Será difícil que concedan la extradición”.