Si bien el Senado aprobó en la madrugada del jueves la ley sobre Extinción de Dominio, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados, puesto que el texto que se aprobó tuvo modificaciones. La Extinción de Dominio es una figura jurídica que viene siendo reclamada con insistencia por el Gobierno y sectores sociales, porque permitiría al Estado convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas, pero el oficialismo no logró llegar a un acuerdo con la oposición sobre el tema. Cambiemos impulsaba un proyecto de Federico Pinedo que le otorgaba al fuero civil la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal, incluso antes de que haya condena, pero además establecía que esta figura podía aplicarse a las causas que ya estén en curso, o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Pero el bloque Justicialista se opuso, en base a que la jurisprudencia indica que las leyes penales no pueden ser retroactivas. El proyecto de Cambiemos inscribía esta medida en el fuero civil, mientras que la iniciativa aprobada por el justicialismo la ubica en las potestades del juez penal. El proyecto del peronismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, aunque establece un «decomiso anticipado» para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes en cuestión mientras continúe el proceso.
En Diputados anticipan que insistirán con el texto original, y la iniciativa sería tratada en el recinto el próximo 3 de septiembre.

Recupero de los fondos públicos

Precisamente en Chubut, la ciudadanía se pregunta si es posible que los funcionarios que fueron partícipes de los hechos de corrupción que se investigan, devuelvan efectivamente aquello que tomaron abusando de su función. Incluso se preguntan si es posible cuantificar el dinero que obtuvieron ilícitamente.
En el caso de la obra pública, hay empresarios que han reconocido que pagaban “retornos” a funcionarios para poder cobrar las certificaciones de obra. El asunto es que esa ecuación, estaba atada a la licitación, es decir que todo indica que había sobreprecios en los presupuestos de obra, puesto que los retornos o coimas, ya estaban cuantificados, previamente.
Si bien hasta el momento sólo se conoce la punta del iceberg del entramado de corrupción porque los fiscales se encuentran aún en etapa de investigación y con varias causas abiertas, ya se ha anticipado la alternativa de la suspensión de juicio a prueba para los empresarios, aunque aún resta determinar la reparación económica.
Esta semana hubo audiencias en torno a la denominada causa “Revelación”, y allí se pidió más tiempo al juez para lograr una reparación que resulte beneficiosa para la ciudadanía de Chubut que es en definitiva la que ha sido damnificada por los delitos de corrupción.

Reparación cuantificada

En una reciente entrevista al portal comodorense ADNSur, el doctor Alfredo Pérez Galimberti, sintetiza con claridad este asunto. El abogado, que representa a los diputados provinciales que ofician como querellantes en las causas e integra además de Iniciativa Ciudadana, advierte que “debemos lograr una reparación económica mucho más importante”.
Pérez Galimberti, reconoce que la alternativa de la suspensión de juicio a prueba con exigencias de reparación económica que propusieron empresarios de la construcción resulta más conveniente para la provincia que la posibilidad de una condena de prisión en suspenso y sin reparación de daños. Sin embargo, admitió que se busca una reparación económica más elevada que la ofrecida hasta ahora.
“Hay que determinar cuál es la solución que se pretende para el caso en concreto y también para todos los hechos que involucran a más empresas de la provincia”, dijo el abogado al señalar que “la reparación es un objetivo importante: nunca hubo reparación de delitos económicos en la historia judicial de Latinoamérica y tampoco en Argentina, salvo el caso de María Julia Alsogaray que perdió un inmueble, pero ni siquiera con el caso IBM se pudo llegar al cobro de las sumas. Creíamos que en esta experiencia, que es la primera del país en que personas comunes intervienen como querellantes, como es Iniciativa Ciudadana, el objetivo básico es la reparación económica”.
En torno a la propuesta que se ha planteado para la reparación, aclaró que “tiene que ser mucho más importante, porque no estamos hablando de delitos cometidos por personas que carecen de educación o no tuvieron formación, sino que hablamos de empresarios con educación universitaria, con una vida de confort, por lo que se está trabajando en una reparación importante”.
Pérez Galimberti sostiene que “cuando hablamos de delitos económicos, lo central es la reparación y la pública exposición de lo sucedido, para que los hechos no se repitan. Yo no creo que una pena de prisión en suspenso signifique nada para la ciudadanía y que no se reponga nada y que no pase nada. Creo que tiene que haber una reparación económica muy consistente, que debe apuntar a las personas más vulnerables que son las que más sufren por la corrupción estatal, porque los dineros que se desvían corresponden a obras que no se hicieron, o por obras sobre valoradas, repercute sobre la gente que tiene menos posibilidades”, afirmó al aclarar que esa es su opinión personal.

Cómo evitar que se repita

Ahora bien, precisamente un dato que refiere el jurista, cuya trayectoria le precede, es que hubo aquí ya un reconocimiento del delito cometido a partir de las declaraciones de los empresarios. Sin embargo, hasta ahora no se conocen detalles acerca de los funcionarios que efectivamente se beneficiaron del delito de corrupción, independientemente de quienes ya están procesados.
Es así que algunas preguntas surgen invariablemente entre el ciudadano de a pie. Los empresarios que accedan a la suspensión de juicio a prueba, y cumplan con la reparación, ¿podrán volver a prestar servicios al Estado?. Los funcionarios que fueren encontrados responsables del delito de corrupción, ¿también devolverán el dinero que obtuvieron ilícitamente?. Paralelamente a las acciones judiciales en marcha, ¿se abrirán investigaciones sobre los organismos de contralor del Estado?, y si se demuestra que son obsoletos y solo generan gastos, ¿desaparecerán o serán reemplazados por institutos más eficientes?.
La verdad es que las preguntas abundan, y las respuestas seguramente tardarán en llegar, especialmente aquella que sin dudas se hace todo ciudadano de Chubut, ¿hay forma de recuperar el dinero de la corrupción?, y más importante aún, ¿se puede desentrañar el entramado para prevenir nuevos delitos?. Habrá que ver.