El Senado de la Nación aprobó a la 1 de la madrugada el proyecto de extinción de dominio con las reformas propuestas por el bloque Justicialista, por 40 votos a favor y 26 en contra.
A propuesta del senador Miguel Pichetto, el proyecto se votó en general y particular. “No hubo dos tercios”, se aclaró enfáticamente al cabo de la votación, un detalle clave para tener en cuenta lo que puede pasar ahora en la Cámara baja, a la que pasa el proyecto ahora, y donde los diputados no necesitan una mayoría especial para ratificar su propuesta original.
El debate se había iniciado pasadas las 21, tras haber autorizado el cuerpo los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner. El proyecto de ley de extinción de dominio apunta a que el Estado pueda recuperar los bienes que son producto del delito.
El proyecto del interbloque Argentina Federal define la extinción de dominio como una acción civil anclada en el proceso penal, habilitada para delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción. El kirchnerismo pretende incorporar también los delitos contra el orden económico-financiero.
“Es necesario avanzar y lograr entregarle a la Justicia y a las fuerzas de seguridad distintas herramientas que les permitan cada vez más y de mejor manera perseguir al crimen organizado”, arrancó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino.
El senador del bloque Justicialista advirtió que “los juristas más destacados” calificaron el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados como “un adefesio y un mamarracho de dudosa constitucionalidad”.
“Siempre los hombres del derecho nos han prevenido en la tentación del derecho penal de emergencia”, dijo, recordando que la Cámara baja trató el tema cuando se conoció el caso del exfuncionario José López y los bolsos con dinero arrojados al convento.
A su vez, el salteño Rodolfo Urtubey -autor de la propuesta de Argentina Federal- explicó que la figura del decomiso, contemplada actualmente en el Código Penal, “es casi lo mismo” a la extinción de dominio “pero inadecuada para lograr una respuesta que la sociedad pide en términos de recupero de bienes, porque es una pena accesoria”.
“Esto es una acción civil. Son los jueces los que tienen que determinar la interpretación de la naturaleza de la acción civil: si puede o no aplicarse en un proceso en trámite”, puntualizó Urtubey sobre la retroactividad de la extinción de dominio.
A su turno, Federico Pinedo, impulsor del segundo proyecto en discusión, aclaró que se propone que el Estado “recupere para sí bienes del delito grave, no de cualquier delito”, y consideró que “el proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, y tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro”.
“El decomiso es una pena accesoria en materia penal y la extinción de dominio no es una pena y por eso es posible aplicarla a hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de esta ley”, explicó el presidente provisional del Senado.
María de los Ángeles Sacnun (Frente para la Victoria-PJ) coincidió en que “avanzar en el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados es, sin lugar a dudas, conculcar los principios constitucionales del debido proceso, de las garantías constitucionales y del principio de inocencia”.