La sesión para tratar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado comenzará hoy y allí se definirá si se le da la otra media sanción a la norma o si es rechazada por la Cámara Alta del Congreso de la Nación, lo que provocará que no podrá presentarse otra vez el proyecto hasta el año que viene.
Uno de los temas de discusión en el debate sobre este tema fue el costo que representa para el Estado la despenalización del aborto. Debido a esto, la Asociación de Economía de la Salud de Argentina elaboró un informe para comparar las erogaciones públicas que se destinan actualmente para los casos que están vinculados a las interrupciones voluntarias de embarazos y las que se desarrollarían en caso de que el Senado apruebe la ley y el Ejecutivo la promulgue.
Teniendo en cuenta que no existen actualmente cifras oficiales y exactas sobre las intervenciones de estas características, la organización planteó dos escenarios diferentes. Por un lado, se estiman los costos simulando posibilidades en una base de 300.000 abortos al año y otra de 500.000. Estos números fueron establecidos ya que la única estimación que existe fue realizada por pedido del Ministerio de Salud de la Nación, que estableció que en el país se hacen entre 370.000 y 522.000 interrupciones del embarazo por año.

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Las cifras

Al hacer los cálculos sobre el número de 300.000 abortos cada 365 días, la Asociación de Economía de Salud de Argentina afirmó que el sistema de salud pública afronta un casto de, al menos, 6.257 millones de pesos anuales. Cabe aclarar que estas cifras fueron definidas asumiendo los costos mínimos y teniendo en cuenta las complicaciones que pueden derivar las prácticas inseguras.
En contrapartida, si se despenalizara la interrupción voluntaria del embarazo, y teniendo en cuenta los costos máximos, que conlleva la realización de estudios previa y posteriormente a la intervención como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), los costos caerían un 70% en el caso de que todos esos abortos se realicen con medicamentos, debido a que al sistema de salud le demandaría 1.863 millones de pesos anuales.
Si bien existen otros tipos de prácticas médicas, siempre se generaría un ahorro económico considerable: Si se hiciera una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), representaría una erogación de 1.945 millones de pesos anuales; si los abortos se hicieran un 50% con medicamentos y un 50% con AMEU, el costo sería de 1.909 millones de pesos por año; mientras que si se combinara un 50% de medicamentos, un 25% de AMEU y otro 25% a través de un legrado, que consiste en un “raspado” en la superficie del útero, el costo subiría a 2.599 millones de pesos cada 365 días.
Esto quiere decir que en caso de que se haga con los procedimientos más económicos, el ahorro para el Estado sería de un 70%, mientras que en caso de realizarse las intervenciones más costosas, el sistema de salud gastaría un 59% menos.

Producción nacional

En el otro escenario planteado por la organización en cuestión los porcentajes son similares, aunque afirman que si en Argentina se llevan a cabo 500.000 abortos por año, esto implica para el Estado un gasto superior a los 10.428 millones de pesos anuales.
Asimismo, en caso de legalizarse esta práctica y que todas esas interrupciones del embarazo se realizaran con misoprostol, uno de los medicamentos indicados por la OMS, el costo también caería un 70% y representaría 3.105 millones de pesos por año.
Al respecto de este tema, Sonia Tarragona, miembro de la Asociación de Economía de la Salud, disertó en la Cámara de Diputados cuando se hizo el debate previo a la sesión que le dio media sanción a la Ley IVE. En la oportunidad, la especialista remarcó que si el Estado produjese medicamentos como el misoprostol o la mifepristona se ahorraría entre 500 y 800 millones de pesos por año. Vale destacar que estas dos drogas mencionadas son las que la OMS propone para interrumpir el embarazo de manera segura.

Internaciones por abortos

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien ya se pronunció a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo, brindó cifras oficiales que tienen en la cartera sobre la cantidad de casos de hospitalizaciones que se registran por abortos mal hechos. Puntualmente, el funcionario precisó que “hay un promedio de entre 45.000 y 50.000 internaciones al año” por embarazos interrumpidos voluntariamente que se realizaron de mala manera.
Además, sostuvo que no existen cifras oficiales sobre la actividad, debido a que “es clandestino”, por lo que es algo que no se puede certeramente. Igualmente, opinó que “si bien no hay números concretos, hay cientos de miles de abortos en Argentina por año”.
En cuanto a las muertes por estas causales, Rubinstein aclaró que “oficialmente se registraron 43 decesos”. Asimismo, enfatizó que “es muy probable que el 14% de las muertes maternas sean por abortos mal realizados y que no hayan sido registrados”.

No alcanzan los votos

En tanto, Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, quien ya se manifestó en reiteradas oportunidades a favor de la aprobación de la Ley IVE, afirmó en las últimas horas que es muy difícil que la norma en cuestión obtenga la restante media sanción en la Cámara Alta del Congreso.
Específicamente, el representante provincial que votará en la sesión de hoy, dijo que “no están los votos para ratificar la media sanción que viene de Diputados. Creo que habrá que pensar otra alternativa para que saquemos del marco del Código Penal el tema del aborto”. Al respecto, planteó como una alternativa al eventual rechazo del Senado “pensar en una consulta popular vinculante”, a través de la cual los ciudadanos argentinos podrían votar directamente si están a favor o en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo.
Al hablar de su postura sobre el tema, afirmó que “siempre estuve a favor de no penalizar el aborto, pero en contra de la práctica”. “Si vamos a dejar el tema en clandestinidad para que sigan muriendo mujeres y siga un negocio canallesco detrás de esta práctica, entonces, lo único que se hará con el no es mantener la clandestinidad”, concluyó el senador chubutense.

Gobierno de Chubut