En plena negociación con las provincias por la ley de Presupuesto de 2019, que, incluye ocho opciones de ahorro en el gasto social por $ 88.500 millones, el gobierno nacional analiza congelar las asignaciones familiares en zonas desfavorables. Anses dio marcha atrás con los recortes, tras la férrea postura desde la Patagonia, pero ahora planea congelar incrementos futuros en estas jurisdicciones hasta que se equipare en todo el país.
Luego de que el Gobierno nacional anunciara el recorte de las asignaciones familiares en las zonas diferenciales y luego suspendiera la medida por treinta días, ahora sostienen que se mantendrán los montos como estaban, pero advierten que no habrá más subas.
Recordemos que el decreto equiparaba el valor de las asignaciones familiares de todo el país, por lo que los trabajadores registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta pasaban a cobrar por hijo la mitad o menos: de entre $3.155 y $3.407 a $1.578. También afectaba a las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y zonas de Formosa, Mendoza y Buenos Aires.
Ahora lo que se plantea es congelar las asignaciones familiares sólo en las zonas diferenciales, aclarando, que el resto de los beneficios sí tendrán los incrementos que ya fueron fijados por ley y que este año serán cuatro en total.

Negociaciones con las provincias

En paralelo a las reuniones entre ministros de Hacienda/Economía provinciales con autoridades del Ejecutivo para el Presupuesto, en la Anses comenzaron a tener nuevas charlas con dirigentes y legisladores patagónicos.
Los cambios en las asignaciones familiares por zonas desfavorables volvieron a estar en el tintero de la semana cuando los ministros de Hacienda/Economía provinciales se reunieron con funcionarios nacionales por la discusión de cómo sería el ajuste de los $100.000 millones que tendrían que hacerse cargo las provincias.
Durante la semana hubo una serie de reuniones en donde se comenzaron a buscar alternativas para poder llevar adelante la eliminación de las zonas, como quiere el Gobierno, pero que no represente un impacto directo, como le pidieron dirigentes y legisladores de Cambiemos a las autoridades del Ejecutivo.

Recorte y revisión

La semana pasada se publicó en Boletín Oficial la resolución que ratificó la suspensión de la medida que había sido tomada en julio y por la cual en algunas zonas se reduciría hasta un 50% lo que se recibía por dichas asignaciones. Con esa resolución la Anses confirmó que el aumento a partir de septiembre de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que abarca a 17,7 millones de personas será del 6,68%. Y restableció las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y las prestaciones de riesgos del trabajo de los trabajadores de las “zonas desfavorables” – unos 400.000 beneficiarios –-que habían sido anuladas y luego suspendidas por las fuertes críticas de las provincias involucradas.
“No quiere decir que estén suspendidas de forma permanente, sino que todavía sigue en discusión el tema”, explicaron desde el organismo. El tema además tomó vital trascendencia el jueves en la reunión mencionada anteriormente entre funcionarios provinciales en la Casa de Salta en Buenos Aires. Las provincias patagónicas, en donde hay más zonas desfavorables, explicaron que en el contexto actual ese ajuste podría generar un problema aún mayor.
“Todo está en revisión. No hay nada decidido aún”, agregó otra de las fuentes que estuvo en las reuniones. Habrá que esperar cómo sigue el tema en los próximos días.

Ahorro del gasto social

En la negociación por el ajuste fiscal con los gobernadores, Hacienda e Interior presentaron un set general de medidas que incluye alternativas de ahorro de la Nación.
– Una de ellas es la modificación por decreto del régimen de Asignaciones Familiares, que el Gobierno ya adelantó el mes pasado (para ahorrar de $ 13.000 millones) y de la que tuvo que dar marcha atrás por 30 días la eliminación del plus por zona desfavorable por pedido de los legisladores patagónicos.
– Entre las alternativas figura la eliminación del diferencial del 40% sobre las prestaciones sociales de la zona austral (por $ 31.000 millones).
– También, el set contempla modificar los regímenes especiales de jubilaciones ($ 15.000 millones). No se especificó aún cuáles, pero cuentan esas prestaciones los docentes, docentes universitarios, investigadores, Luz y Fuerza, Ferroviarios, el Servicio Exterior y la Justicia.
– Se analizaba, además, modificar la indexación de la AUH ($ 9000 millones), al mantenerla en términos reales en vez de que suba 4% el año que viene.
– Respetar la ley de Emergencia Social, pero mantener el presupuesto en $ 30.000 millones (un ahorro de $ 6000 millones).
– Congelar nominalmente algunos programas sociales, como el Progresar ($ 4000 millones).
– Reducir la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) del 80 al 70% del haber mínimo.
– Finalmente, la reducción de la cantidad de pensiones no contributivas ($ 10.000 millones). Aquí es donde puede ser clave que un ex funcionario de ANSeS como Santiago Ibarzábal haya asumido en la Agencia de Discapacidad.

Van por la reforma previsional

Fuentes de ANSeS, indicaron que «no está definido» ninguno de estos cambios en el Presupuesto. Y hasta que podría ser una estrategia de negociación para que las provincias acepten recortar otros gastos.
Pero el comunicado de 19 ministros de Economía provinciales peronistas del viernes pasado advirtió que «los ajustes, ante la difícil situación social que vive el país, no deberán afectar el gasto social». Los ministros consultados por este diario, se desligan del set de reducción del gasto social, al indicar que es parte del recorte que tiene que hacer la Nación, no las provincias.
En este contexto, la semana pasada renunció Juan Carlos Paulucci como secretario de Seguridad Social, un hombre del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y lo reemplazará Gonzalo Estivariz, hoy secretario de Legal y Técnica de ANSeS. Paulucci se alejó por discrepancias en las decisiones políticas que se quieren tomar en el área previsional, según coinciden en su entorno. Ante «tiempos complejos» en materia fiscal, la Secretaría tenía que convalidar decisiones que comprometían «las convicciones» del ex secretario.
Se espera ahora una mayor coordinación entre la Secretaria de Seguridad Social y ANSeS y, por lo tanto, una mayor injerencia de Emilio Basavilbaso en las próximas reformas.
Se entiende que el cambio es un reconocimiento del Ejecutivo al trabajo de ANSeS y se espera que la Secretaría trabaje más en conjunto con ese organismo para darle una impronta más dinámica a la reforma previsional.
Sin embargo, desde ANSeS mismo indican que si bien la vocación es avanzar cuanto antes con la convocatoria a la comisión que redactará la reforma previsional, «la prioridad es tratar el presupuesto». La ley de Reparación Histórica da tiempo hasta mediados del año próximo.
La reducción del déficit fiscal requiere una reforma previsional porque el gasto social cada vez acapara una mayor parte del gasto primario, en 2019 será un 62%. Por ahora el Gobierno va buscando en los presupuestos una reducción del gasto social. El año pasado modifico la fórmula de movilidad, con una fuerte reacción social.