Por Trivia Demir

La reducción del déficit fiscal está llevando al Gobierno Nacional a un verdadero `remate´ de propiedades para tratar de achicar gastos, bajo el argumento de tratarse de inmuebles `improductivos o innecesarios´, por lo que de acá a fin de año la gestión de Mauricio Macri rematará propiedades del Estado para recaudar unos 11.000 millones de pesos. El problemita –si se quiere- es que en esa lista figuran también tierras hoy ocupadas por personas, sin tierras, en formato de villas precarias.
Ayer en un plenario de comisiones se analizaba el texto sancionado por Diputados del proyecto de Ley que autoriza al Estado a expropiar los terrenos ocupados por las villas en todo el país. Es una de las iniciativas que han acordado las organizaciones sociales que conduce Juan Grabois y el gobierno, y que apadrina el papa Francisco; por eso se esperaba un debate sumario y una aprobación exprés.
El plenario comprometía a las comisiones de Infraestructura, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, y el ponente era el presidente de la primera de ellas, el correntino peronista Camau Espíndola.
Si bien dicen que “es un proyecto pacífico”, hay quienes insisten en que deberían tener algunas correcciones. Una posición que plantean los gobernadores porque el régimen al fin y al cabo, deposita en las provincias ciertas responsabilidades y algunos gastos.
Como afirma el columnista Zuleta Puceiro, “Se trata de un programa plurianual que sólo en la provincia de Buenos Aires puede costar unos $ 7000 millones, según el debate en Diputados. (Ver los antecedentes en la columna Historia secreta de una ley secreta, fruto de Macri, Cristina, el Papa y Durán Barba – https://clar.in/2J5UCpP)
“El proyecto terminará cruzándose con otro, también promovido por algunos senadores del peronismo, como Espíndola y Juan Carlos Romero, para que el Congreso intervenga en la venta de bienes del Estado a particulares. El mega decreto desregulador que firmó Macri en enero, y su versión legalizada por el Congreso, le daba a la Administración de Bienes del Estado (AABE) las facultades para esas ventas. Pero en definitiva, hay varios proyectos para que el Congreso tenga la palabra final en esas ventas.
Los gobernadores reclaman su parte en el negocio porque se trata de tierras del Ejército o de los ferrocarriles que están ocupadas por arrendatarios o comunidades aborígenes. Si esos bienes salen a la venta, el costo político, dicen las provincias, los pagan ellos. Eso ya está ocurriendo en Mendoza y en Neuquén”, afirma el analista.

Ya empezó la venta

Aunque el debate recién comienza porque se avanzará con zonas sensibles, la venta de inmuebles ya arrancó el 25 de junio pasado, día de huelga general en la Argentina, con ventas de tres terrenos en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, y avanzaba con un cronograma silencios que pasaba por Córdoba el 2 de agosto y terminará en Capital Federal este 24 de agosto, si el debate sale como se espera. A las 15 propiedades ya definidas para remate en esta nueva tanda se le podrían sumar otras a ser vendidas entre setiembre y diciembre. En el Gobierno apuestan a poder rematar, cuanto antes, valiosas tierras en Campo Los Andes, en Tunuyán, por ejemplo, aunque esa operación está trabada desde hace más de un año por amparos judiciales de familias que viven en el lugar.
Los remates estarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en los papeles opera bajo el mando del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, aunque desde el 22 de mayo también es monitoreada por el «superministro» de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.
El Gobierno nacional bajó en mayo su meta de déficit fiscal para 2018 al 2,7% del Producto Bruto Interno desde el 3,2% previsto anteriormente, en busca de calmar la agitación que sacudió a los mercados financieros. Y estas ventas son parte de ese plan de reducción del Estado.

¿A dónde irá la plata?

Altas fuentes del Gobierno dijeron que si bien los precios establecidos como base de remate arrojan unos 393 millones de dólares, el objetivo es recaudar lo más que se pueda. El 70% del dinero irá a financiar a los organismos propietarios de cada uno de los inmuebles y el 30% restante irá al Tesoro nacional para financiar el rojo fiscal.
Cuando asumió Cambiemos, la AABE tenía solo 19.600 inmuebles del Estado registrados en el país y el exterior. Ahora ya tiene más de 70.000. De ese listado, son 99 las propiedades disponibles para rematar, de las cuales ya vendieron 39, otras 15 ya tienen fecha de venta y aún resta definir la subasta de otras 45.
Los funcionarios que asesoran a Ramón Lanús, titular de la AABE, afirman que con estas ventas se “dinamiza la economía, atraen inversiones y generan fuentes de trabajo (sic)”.
“En muchos casos, principalmente cuando los inmuebles están en el casco urbano de las ciudades, las ventas terminan siendo una posibilidad de acceso a la vivienda propia para muchas familias”, afirmaron desde la AABE.
En total, son 49 propiedades en Capital Federal, 23 en Buenos Aires, 2 en Santa Fe, 3 en Salta, 5 en Córdoba, 3 en Corrientes, 1 en Jujuy, 4 en Mendoza, 1 en Colombia, 4 en Estados Unidos, 1 en Brasil y 2 en Uruguay.
Se trata de campos, edificios, lotes, galpones, locales, oficinas, departamentos y hasta viviendas que en algún momento fueron destinadas a funcionarios nacionales, la mayoría de las Fuerzas Armadas, y ahora están en situación de abandono o no están siendo utilizadas, ya que hay lotes en muy buenas ubicaciones en CABA, por ejemplo. (Ver listado en https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas )
Además están incluídas “Todas las tierras que están bajo control del Ejército pero subutilizadas o no utilizadas”, que pasarán a la AABE.
Ya en los primeros veinticuatro meses de gestión, el gobierno de Cambiemos remató 35 campos, lotes, edificios y galpones en Córdoba, Neuquén, Capital Federal y Buenos Aires (Vicente López, Lobos y Ciudad Evita) por exactamente 466.401.490 dólares.

Un remate en EEUU

Asimismo estaba previsto que la Agencia de Administración Bienes del Estado (AABE) realice una licitación pública el 24 de agosto próximo en Washington DC, Estados Unidos, para vender con una base de 2,5 millones de dólares un inmueble actualmente en desuso, que había sido asignado al Ministerio de Defensa y que sufrió varios robos. El inmueble está ubicado en el 2136 R Street Northwest del Distrito de Columbia, donde se ubica la capital estadounidense, y tiene una superficie de 270 metros cuadrados en malas condiciones edilicias, por lo que perdió su estatus diplomático. Según argumentan, hace más de 20 años que está cerrado, no tiene uso y sufrió el robo de mármoles, chimeneas, espejos y cuadros tallados.
De lo que se obtenga de la venta, el 70 por ciento se destinará al Ministerio de Defensa y el 30 por ciento restante al Tesoro Nacional, informó la oficina de prensa de la AABE.
En la resolución 7 APN de la AABE se aclara que «las ventas de los inmuebles ubicados en el extranjero se adaptarán a las modalidades del país en que se realicen, aplicando los principios rectores de publicidad, competencia de precios e igualdad de trato a los oferentes». En este caso, el inmueble se venderá a través de una licitación publica a sobre cerrado y no será una subasta, se aclaró. La resolución detalla que «los sobres sellados que contengan las ofertas iniciales serán abiertos por funcionarios públicos del Estado Nacional Argentino designados al efecto, en presencia del Corredor, en la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos». La medida se formalizó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la licitación pública Número 1/2018 de la AABE.

Fuentes: ZuletasinTecho, Agencia de Administración de Bienes del Estado, NA.