Una multitud marchó ayer en la zona céntrica de Puerto Madryn para manifestarse a favor de la educación pública y gratuita de calidad, ante el temor por el posible cierre de carreras propiciado por la falta de fondos que le corresponde girar al Gobierno Nacional. Fue en el marco del reclamo universitario realizado en todo el país tras el fracaso de la última reunión paritaria.
La concentración comenzó cerca de las 17 en la plaza San Martín y minutos después se trasladó por el centro de la ciudad. Participaron del reclamo estudiantes de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut, además de alumnos de escuelas secundarias y vecinos de Madryn.
A nivel nacional, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA, FAGDUT y CTERA son los gremios que impulsaron la movilización junto a las federaciones estudiantiles, pero también se sumaron agrupaciones políticas, sociales y de otras ramas sindicales.
En Buenos Aires, los gremios realizaron una enorme movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para denunciar la crisis en universidades públicas y en los institutos de investigación.
La convocatoria de la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública, además de la reivindicación salarial, incluyó dentro del menú de reclamos la denuncia por la subejecución presupuestaria del corriente año.
El origen del conflicto es el aumento salarial. En este año, el Gobierno nacional otorgó dos aumentos en mayo del 5% y un 5,8% en agosto. Quedaba un último tramo de 4,2% en octubre. Esta oferta, además, no cuenta con cláusula gatillo, es decir que no habría nuevos aumentos que se disparen si la inflación supera la suba salarial acordada inicialmente, algo que tanto el Gobierno como consultoras privadas prevén que pasará este año.
Esta oferta fue rechazada por los docentes que convocaron a un paro y movilización para un aumento salarial y mayor presupuesto. El pedido formal de los gremios es un aumento del 30% con una cláusula gatillo de actualización por inflación, como la que firmó el Gobierno en 2017.En total son 57 universidades públicas de todo el país las que están sin funcionar y 190 mil docentes los que no están dando clases.