Por Trivia Demir

Los debates legislativos se han transformado en una arena de pulseadas de poder y sobre todo un termómetro del humor de la ciudadanía, además de entretenimiento masivo que contribuye a que todos opinen de todos por redes sociales de os más diversos temas, no siempre coyunturales y prioritarios. Al cierre de esta semana, el presidente Mauricio Macri afirmó ante empresarios que enviará al Congreso, en el corto plazo, diversos proyectos para avanzar con una nueva ley de ética pública, un marco regulatorio actualizado sobre la protección de datos personales y otro para reformar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los debates que se posponen

En ese contexto, se postergará para fin de año la presentación del anteproyecto de reforma del Código Penal ya que aún el Gobierno no terminó de definir si va a despenalizar el aborto, tanto para las mujeres que se lo practiquen como para los médicos que realicen la intervención.
Al participar del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde ponderó el avance de distintas leyes durante su gestión, Macri expresó su deseo de que “pronto se apruebe en el Congreso la ley de extinción de dominio que nos permita recuperar lo que es de todos”.
Los proyectos que llegarán al Legislativo en los próximos días surgen como fruto del trabajo de distintas dependencias, que realizaron consultas abiertas para escuchar las posturas de distintas organizaciones vinculadas a cada temática.

Ética pública

El anteproyecto fue elaborado por la Oficina Anticorrupción e impulsa una reforma integral de la ley que alcanzará no solo a funcionarios públicos y legisladores, sino también a sindicatos y sectores del Poder Judicial.
El texto prohíbe “la designación en el ámbito de la Administración Pública Nacional de los cónyuges, convivientes o parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado” del presidente, vice, jefe de Gabinete y ministros.
Esa prohibición regirá para diputados y senadores, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, aunque en estos casos el impedimento solo corresponderá dentro de la misma repartición.
En el caso de los legisladores se entiende que el ámbito es el Congreso. Habrá una excepción para aquellos que hayan sido designados por concurso público de antecedentes.

Declaraciones juradas

Con respecto a las declaraciones juradas, los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información adicional que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales.
Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción debió postergar límite a las presentaciones para este fin de mes, porque hay un 10% de los funcionarios que no cumplieron con los datos de 2017.
Se agregan como ítems a declarar los “bienes y/o fondos involucrados en fideicomisos en los que participe el declarante, en el país o en el extranjero, identificando el fideicomiso y sus partes”; y “las personas jurídicas, fideicomisos o cualquier otra forma contractual de la que el declarante resulte ser beneficiario o propietario final”.
También se hace una clasificación sobre qué ítems de la declaración jurada son públicos, y cuáles son “reservados” (accesibles para la autoridad de aplicación, la autoridad judicial o el Ministerio Público Fiscal).
Esta categoría incluye, por ejemplo, datos personales del declarante; la identificación precisa de inmuebles, muebles y bienes intangibles; y los números de cuentas bancarias, plazos fijos o tarjetas de crédito.
En el capítulo relativo al régimen de obsequios, se mantiene la prohibición de recibir regalos con motivo o en ocasión del desempeño de funciones cuando superen un “valor exiguo”. Este será determinado por la autoridad de aplicación.

Conflicto “de intereses”

Otro de los puntos cuestionados durante los últimos años fue el de los funcionarios con conflictos de intereses, ya que se desempeñaron en áreas que debían controlar a empresas de las que formaron parte.
De acuerdo al proyecto, existe “conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico.
Se trata de una situación objetiva que se configura independientemente de la intención del funcionario de procurarse un beneficio.
Así, se prohíbe durante el ejercicio de la función pública la realización de actividades en el ámbito privado -en forma honoraria o remunerada- y la prestación de servicios a quienes realizan esas actividades, sobre las que como funcionario tenga atribuciones, sean o no decisorias.
También se impide al funcionario proveer -directa o indirectamente, en forma personal o valiéndose de un tercero- bienes, servicios u obras al organismo en el que ejerce su competencia o a los órganos o entidades que actúen en su jurisdicción, aun cuando se carezca de atribuciones sobre la contratación.
Otra novedad en la regulación del conflicto de intereses es que se prohíbe a los integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores ser propietarios o tener interés alguno en empresas sujetas a su ámbito de regulación y control.

Cambios en el INDEC

El segundo de los proyectos trata sobre la reforma del instituto encargado de las estadísticas nacionales. Ya no dependerá del Ministerio de Hacienda, sino que se pretende que sea un organismo autárquico, con patrimonio y personería jurídica propia, como la AFIP.
Se está consensuando con la Jefatura de Gabinete si se mantiene el Sistema Estadístico Nacional (SEN), previsto en el proyecto que se dio a conocer en abril, que englobe a las actividades estadísticas oficiales y la realización de los censos nacionales que se efectúen en el territorio de la Nación, así como la organización de sus servicios estadísticos y sus relaciones con organismos internacionales.
El Sistema Estadístico Nacional (SEN) estará integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística (CNIE), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y los organismos que integren el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8 de la ley 24.156, y el Sector Público Nacional Financiero, responsables de la producción de estadísticas, o que mantengan información pública o documentos útiles a esos fines. Además de los servicios estadísticos del Sector Público Provincial y Municipal, compuestos por todas las agencias, oficinas, unidades organizativas u organismos responsables de la producción de estadísticas o que mantengan información pública o documentos útiles a esos fines de las provincias y municipios, sus reparticiones autárquicas o descentralizadas, sus empresas públicas y todo otro organismo dependiente. De esta manera, se abre la posibilidad de que las provincias puedan fortalecer el trabajo conjunto actual.
En cuanto a la metodología en la obtención de los datos, se buscará promover la discusión previa de los cambios metodológicos en ámbitos especializados, foros académicos nacionales y/o internacionales. Los organismos que produzcan de Estadísticas Oficiales deberán procurar publicar los nombres de los funcionarios involucrados la elaboración de los informes referidos a las mismas, así como datos de contacto de las oficinas participantes. Asimismo, deberán publicar en sus sitios web información detallada sobre sus presupuestos y planes de acción. En cuanto al INDEC, establece que será un organismo “descentralizado” en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera y que estará a cargo de un Director General -designado a través de un procedimiento similar al del titular del BCRA- por un plazo de cinco años, pudiendo volver a concursar el cargo por una única vez. Además, no podrán dirigirlo quienes hayan sido condenados por delito doloso; los condenados por delito en perjuicio de la administración pública nacional, provincial o municipal. Estos son los temas que se vienen en la nueva agenda de discusión pública nacional y que dominará las próximas semanas.

Fuentes: IP, MI, NA.