Durante el último encuentro legislativo en Puerto Madryn, la concejala Claudia Bard (FPV), planteó su acompañamiento en el reclamo de varios vecinos madrynenses que “reclaman contra las siderales tarifas que les han llegado por el gas”, además de haber impulsado una Comunicación para que el Concejo Deliberante exprese su rechazo al Decreto 702, que recorta las asignaciones familiares para la región patagónica y que fuera suspendido por el plazo de treinta días, mientras se analiza una nueva propuesta por parte del Gobierno Nacional.
En este sentido, la edil contó que “nos han venido a ver vecinos que recibieron boletas de gas de más de 5 mil pesos, para pagar en dos cuotas de más de 2.500 pesos” y refirió que “hay quienes tienen que pagar, entre luz y gas, más de 7 mil pesos. Ni hablar de aquellos que tienen que viajar en transporte público”.

“La factura ha venido más cara”

En su opinión, “la población está en total indefensión”, sostuvo, sumando a ello que “ratifico mi postura de haber votado en contra del aumento de Servicoop, una tarifa que, tal como planteamos en ese momento, hoy sigue aumentando”.
Consecuentemente, señaló que “en los últimos dos meses, a iguales consumos, el precio final de la factura ha tenido aumento, ha venido más cara; lo anticipé, pero parece que fui la única que lo pudo prever, hoy lo pueden verificar con las boletas circulantes en las redes sociales y, si no, en mi despacho tengo algunas para que vean personalmente si quieren”.

Más quejas con la nación

Por otra parte, Bard también expresó su “repudio de la situación que se vive en la zona patagónica, por lo que a través de una comunicación queremos rechazar la reducción de las asignaciones familiares a beneficiarios de toda la región”, al tiempo que consideró “lógico que este Gobierno tome este tipo de medidas, porque tenemos un presidente que no tiene idea lo que es vivir en Patagonia; supone que tenemos losa radiante en las veredas de nuestras casas, entonces, no tiene ni idea lo que puede impactar la inflación y el aumento de las tarifas de servicios públicos, tampoco en lo necesario que es contar en esta región con el servicio de gas y encima ahora reduce las asignaciones familiares”.
Además, la concejala planteó que “esto no es un hecho aislado sino una cuestión sistemática para este gobierno, por el tipo de políticas públicas con las que vino a gobernar la nación; vino para esto, para sacarle a un sector de la sociedad y darle a otro. Y no cabe duda que la variable de ajuste, es la clase trabajadora; no por nada, los de la Sociedad Rural celebraron que para este gobierno ellos no son la variable de ajuste”, dijo.

Informes por la planta desalinizadora

Además, la edil presentó un pedido de informes, “en consonancia con el que el bloque del Partido Justicialista-Frente para la Victoria presentó en la Legislatura Provincial, para obtener información respecto al proyecto de construcción de una planta desalinizadora aquí en Puerto Madryn; queremos saber qué información tiene el Ejecutivo municipal, porque hay observaciones de profesionales idóneos en el tema, más allá de lo que diga la empresa. Saber qué impacto puede tener en el ecosistema del golfo Nuevo”.
Finalmente, presentó una Comunicación dirigida al Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, respecto a la reglamentación de la Ley I-599, de servicios públicos gratuitos para entidades de bien público.
“Es un pedido para que el Poder Ejecutivo dicte la reglamentación y la ley se ponga en práctica definitivamente”, señaló la legisladora.

Nación niega la eliminación de los subsidios al gas

En el Gobierno Nacional salieron a negar que estudien eliminar los subsidios por zona desfavorable a la Patagonia -lo que implicaría un recorte de 100 mil millones de pesos- y calificaron a esa versión como un “rumor alarmista” que difundieron los gobernadores de las provincias del sur.
La polémica se produjo porque desde el gobierno de Chubut -el único que hasta ahora tuvo una reunión bilateral y no en grupo como el resto de los funcionarios provinciales que pasaron por la Rosada- aseguraron que de los 300 mil millones de pesos que recortará la Nación, un tercio correspondería a la Patagonia.
El encargado de encender la mecha fue el ministro de Economía chubutense, Alejandro Garzonio, luego de reunirse con el equipo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Nos vinimos muy preocupados por el informe que recibimos del ministro, que claramente nos dijo que de los 300 mil millones de pesos que se van a recortar, un tercio será en la Patagonia”, sintetizó el funcionario de Mariano Arcioni.
La versión generó revuelo entre otros gobernadores, que incluso empezaron a tantear el armado de un “bloque patagónico” para pelear contra lo que consideran un “ajuste bestial”. Sin embargo, desde la cartera del Interior descartaron que ese tema haya sido presentado como una propuesta.
Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior de la Nación y encargado de negociar con los gobernadores, aseguró que lo que se planteó en la reunión fue la necesidad de llegar el año próximo al 1,3% del déficit -en línea con el acuerdo con el FMI- lo que requiere de un “esfuerzo de ambas partes”, en referencia a Nación y Provincias.
“Desde que llegamos al Gobierno empezamos a dar más recursos a las provincias de lo que se daba antes -ahora estamos cerca del 35%- y debemos llegar a un consenso con todas las provincias para que haya un acuerdo y logremos bajar el déficit para llegar al equilibrio, en línea con lo que ya veníamos charlando para el Consenso Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señaló el funcionario a este medio.
En ese sentido, desmintió haber hablado de eliminar los beneficios que hoy tiene la Patagonia, mientras que remarcó que en la cartera de Frigerio entienden que el subsidio al gas es particularmente sensible. “No pensamos afectar a la Patagonia con eso, hablamos de subsidios en general pero no del subsidio al gas”, aseguró.

Municipalidad de Puerto Madryn