Por Trivia Demir

La semana arranca con varios automatismos. La puja instalada por la aprobación del proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que hoy llega al Congreso, desembarcará en el recinto con la intención de que los legisladores aprueben un hecho inédito: que los ingresos del Gobierno alcancen para financiar los gastos; lo que técnicamente se conoce como “déficit cero”. Y para ello la Nación busca el compromiso a rajatabla de las Provincias de achicar sus propios gastos. Para alcanzar ese objetivo, el Gobierno nacional y los gobernadores llegaron por ahora a un acuerdo previo que incluye un portafolio de nueve medidas centrales, las cuales hoy mismo van a ser detalladas por el ministro de Economía Nicolás Dujovne. Aunque lo central de todo eso es que los giros a las Provincias se reducirán en 2019 un 30%, vinculados centralmente a obra pública.

Chubut, rearmando gabinete

En Chubut hay varios frentes abiertos, pero el central es tal vez activar un Gabinete que de apoco debió ir rearmando el gobernador Mariano Arcioni, pero que aún no logra estabilizar. En ese marco, hoy asumiría formalmente y le tomarán juramento a la nueva ministra de Familia, la concejal de Esquel, Valeria Saunders (CHST) que reemplazará al exministro Martín Bortagaray, quien renunció al cargo hace una semana luego de haber quedado imputado en la causa Revelación por la cual, incluso, fue detenido el miércoles 5 en Casa de Gobierno de manera ilegal, desatando una polémica que podría derivar en el juicio político de las autoridades judiciales.
Más allá del destino `comprometido´ que le toque al exministro de Familia, por su paso en el IPV y en base a los testimonios de Lüters y de otros empleados del organismo, la situación dejó en evidencia de algún modo la crisis de poder que vienen sufriendo dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo (tras el fallecimiento de un caudillo como Das Neves) y el Legislativo (convertido en un escenario de pujas partidarias interminables); derivando probablemente en una entronación sin precedentes del poder judicial en la vida política de Chubut, tras las causas de corrupción que están en juego, y por las que la ciudadanía clama un rápido y contundente esclarecimiento y condena.

Gravísimo error del juez

Sin embargo, un proceso que venía siendo conducido con absoluta calidad profesional por el juez y que requería la mayor transparencia posible, se terminó oscureciendo con la detención ilegal de Bortagaray la semana pasada, violando todos sus derechos Constitucionales y desconociendo su protección legal por tratarse de un ministro en funciones. De hecho, sesionará desde hoy y hasta el jueves 20 el Consejo de la Magistratura en Comodoro Rivadavia, y seguramente no podrá desatender la denuncia que sobre este tema ingresó contra el juez Piñeda y los fiscales Nápoli e Iturrioz por haber incurrido en una “grave afrenta a la institución republicana, a la división de poderes y a lo establecido por el artículo 248 de la Constitución Provincial por haber librado orden de detención contra un ministro del Poder Ejecutivo Provincial en funciones en el marco de la causa denominada ‘Revelación’”.
Quienes siguen de cerca el accionar de la justicia y las causas, afirman que es sumamente importante garantizar la legalidad de todo el proceso y desestimar excesos, tanto como presuntas zonas grises de negociaciones que podrían evidenciar parcialidades manifiestas. “Revelación se ha convertido en un negocio para algunos”, estampó un profesional del derecho que prefirió mantener su apreciación en el anonimato.

Límites a los excesos

La avanzada contra Bortagaray resultó posiblemente un emergente de las cosas que no están bien en el proceso. Ya en mayo pasado, hubo pedidos de apartamiento del Juez por presuntas `parcialidades´, aunque posteriormente fue ratificado en la causa. Sin embargo las anomalías persistieron. Pocos lo han manifestado formalmente, pero los cuestionamientos a un accionar presuntamente discrecional genera polémicas que van más allá de los estrados. Por ejemplo el modo en que el Juez dispone para algunos imputados la detención domiciliaria y para otros mantiene la reclusión carcelaria, incluso sin haberse probado el delito. Es el caso del secretario privado Gonzalo Carpintero, que seguiría detenido por “figurar” en la lista Excel elaborada por Diego Lüters, una decisión del juez que de haber sido `pareja´ debería haber ocasionado muchas otras detenciones o imputaciones de personas que figuran en esa lista como la viuda de Das Neves, o incluso el propio Gobernador Arcioni.

¿Hubo impericia o desconocimiento del Derecho?

Por ahora y a la par de la denuncia en el Consejo de la Magistratura por la grave falta cometida en la detención de Bortagaray, un grupo de abogados del fuero local presentó también un escrito al presidente del Colegio de Abogados de Trelew, Eduardo Fernández Lubo, solicitando que se inicien las respectivas denuncias contra el juez Piñeda y los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz por el mismo accionar. “Dada la expresa manda del artículo 248 de la Constitución Provincial y lo despuesto por el artículo 52 del Código Procesal en materia Penal, en lo atinente a los obstáculos fundados en Privilegios Constitucionales, consideramos que se han violentado expresas normas que podrían derivar en conflictos de poderes en el Estado provincial pero que, independientemente de ello, generan una riesgosa actitud e ilegítima en un Estado democrático, sostenido por el principio de derecho en clave constitucional”, dice el escrito.
En su análisis, los abogados firmantes esgrimen que ante el hecho de la detención de un ministro, “podríamos estar frente a la comisión de ilícitos, abusos de poder y violación de los deberes de funcionarios, o en su caso y subsidiariamente, desconocimiento del derecho, pero tales actitudes debe conocer y valorar el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut del cual uno de sus integrantes ha sido elegido por nuestro Colegio Público. Es de destacar que básicamente el juramento de los magistrados está basado en cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

Precedentes recientes

Hace seis meses, la Corte Suprema rechazó un planteo del senador Juan Carlos Romero y declaró que la Ley de Fueros, que establece la inmunidad de jurisdicción para legisladores, funcionarios y magistrados, tiene primacía sobre la normativa procesal local.
Al compartir y hacer suyos los fundamentos del procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazó un recurso extraordinario presentado por el senador Nacional por la Provincia de Salta, Juan Carlos Romero, en el marco de una causa penal en la que está siendo investigado.
Fue en el marco de la causa “Romero, Juan Carlos s/ Incidente de Información Sumaria”, en la que el legisador pretendía la aplicación del Código Procesal Penal salteño y no la Ley de Fueros N° 25.320 que establece el régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados.
Según reconstruye el dictamen del fiscal, en la causa que se inició contra Romero el juez de instrucción entendió que era aplicable al caso la inmunidad de jurisdicción, establecida en los artículos 185 y siguientes del Código Procesal Penal de Salta aplicó la información sumaria prevista en esa normativa, que incluyó un descargo voluntario del senador, y resolvió archivar el proceso por inexistencia de delito.
La Corte concluyó sin embargo que “No resulta procedente la pretendida aplicación de una norma procesal penal de orden local para dirimir los alcances de las inmunidades”, sostuvo Casal, para quien tampoco resulta admisible la postura “de que la Ley 25.320 sólo regiría en los procesos sustanciados ante la Justicia nacional y federal”.
“Más aun, en línea con lo expuesto, la citada ley es clara, y no deja ninguna duda, en cuanto a que sus disposiciones se aplicarán ‘cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político…’ (artículo 1°)”, concluye el dictamen al que adhirieron los supremos.

El juez o fiscal que no se capacita, “se convierte en verdugo»

Jaime Arellano es abogado y Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo dedicado a crear planes de reforma de la justicia en América Latina. El reconocido letrado destacó recientemente la necesidad del paso de los jueces por la escuela judicial, además de la necesidad de activar una capacitación permanente de los juristas y profesionales del Derecho, en sintonía con los cambios más importantes en materia civil y penal que se van dando en la región.
El ex viceministro de Justicia de Chile y docente universitario explicó sobre la necesidad de una nueva formación a los miembros de la justicia, el cambio de paradigma que está sufriendo América Latina y como afecta la tecnología a las reformas judiciales.
De hecho, hoy en Argentina se está discutiendo mucho sobre el rol de la escuela judicial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio de Justicia propuso que los jueces nombrados pasen por una capacitación obligatoria antes de asumir el cargo. Al respecto, Arellano precisó: “Estoy de acuerdo. Cuando salimos de la facultad de Derecho, con suerte salimos capacitados para ser abogados pero nadie nos entrena para ser jueces, ni para ser fiscales ni defensores y hay habilidades que son necesarias aprender. El paso por la escuela judicial marca la diferencia. Los jueces hoy en día tienen que saber manejar audiencias orales, que no es lo mismo que darle la palabra a uno u otro… Es generar contradicciones, buscar pruebas a partir de la contradicción entre las partes, saber tomar decisiones inmediatas, ya no son los mismos tiempos del sistema escrito. Me parece lo más razonable del mundo pasar por un período de capacitación y aprobarlo. Por supuesto que la decisión le corresponde a cada país. Hoy la Justicia necesita una mirada interdisciplinaria. Dicen que el médico que no se capacita todos los días se convierte en un asesino, y yo creo que el abogado o el juez que no se capacita permanentemente se convierten en un verdugo”. Toda una definición…

Fuentes: NA, ADN, MJyDH, Diario judicial, propias