La senadora nacional Norma Durango y el diputado nacional Ariel Rauschenberger presentaron en ambas cámaras un proyecto de ley vinculado a una preocupación común en torno a la problemática ambiental y productiva de los suelos argentinos.
Durango argumentó que “desde 1975 estamos asistiendo a ciclos de inundaciones y sequías prolongadas que impactan sobre nuestra calidad de vida, últimamente con mayor frecuencia y severidad debido al cambio climático mundial.

Reducción drástica

“La FAO estima que un tercio de los recursos mundiales de suelos, se está degradando debido a la erosión, la compactación, la obturación, la salinización, el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes, la acidificación, la contaminación u otros procesos causados por prácticas no sostenibles de manejo del suelo. De la superficie agrícola mundial ya están deterioradas 2.000 millones de hectáreas, mientras que en las restantes 1.700 millones de hectáreas el 60% ya se encuentra en proceso de deterioro. Si no se adoptan nuevos enfoques, la superficie mundial de tierra cultivable y productiva por persona equivaldrá en 2050 a solo una cuarta parte del nivel de 1960” expresó.
El proyecto presentado señala que “para el caso de Argentina, 60 millones de hectáreas ya se encuentran afectadas por erosión. Con este panorama, Argentina no puede ignorar el desafío impuesto por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para incrementar un 50% la producción mundial de alimentos”.
Para ello, como necesaria estrategia a nivel nacional los pampeanos abogan por reformular la vieja Ley Nacional de Suelos 22.428 con 19 provincias adheridas, que beneficiara hace treinta años a 1022 productores, nucleados en 202 consorcios dentro de 82 distritos de conservación de suelos. Al discontinuarse este beneficio por falta de continuidad en la partida del Presupuesto nacional y la transferencia de la competencia a la autoridad nacional ambiental en 1992, remarcada por la Constitución Nacional de 1994 y definida por una Política Ambiental Nacional con presupuestos mínimos para una gestión sustentable (Ley nacional 25675/2002), algunas provincias buscaron una solución de continuidad de la vieja ley de suelos sobre la base de estímulos locales.

Por las generaciones futuras

El proyecto tiene en cuenta el postulado del artículo 41º de la Constitución nacional, que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
El proyecto de los legisladores pampeanos también enfatiza la necesidad de educar desde el nivel primario, concibiendo al suelo como un sistema viviente que nos brinda beneficios ecosistémicos, se integra a sistemas ecológicos más complejos como cultivos, praderas o bosques y nos genera alimentos. Conforma la base principal para la seguridad alimentaria de una nación por lo que reviste carácter estratégico para Argentina en el concierto internacional, con su capacidad actual de generar dos de cada tres dólares de divisas que se exportan (en 2017 los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario aportaron el 64% de los USD58.428 millones del total exportado por Argentina). Por ello, debe ser concebido como un recurso renovable sólo cuando se maneja en forma sustentable, y como tal adecuadamente preservado para las generaciones que nos sucederán.