El interbloque Cambiemos se alzó con el dictamen de mayoría para declarar la validez del DNU 756/18 que eliminó el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 bajo la gestión kirchnerista y que tenía como fin la transferencia de recursos a las provincias y los municipios para el financiamiento de obras.
Con una asistencia perfecta, el oficialismo logró blindar el decreto al reunir ocho firmas, mientras que por la oposición suscribieron siete legisladores, pues solo faltó el diputado entrerriano Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, qiuen está en Estados Unidos, adonde concurrió acompañando la comitiva oficial del gobernador entrerriano Gustavo Bordet.
En primer lugar tomó la palabra el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien defendió la medida y sostuvo que “desde el punto de vista de la validez formal” y según la “doctrina del paralelismo de las formas y las competencias” si el FFS “fue creado por un DNU, es perfectamente válido y posible que mediante otro DNU sea modificado o directamente derogado”.
El oficialista recordó que cuando se creó el Fondo -en 2009- “lo que las provincias recibían de manera automática, como porcentaje del total de los impuestos recaudados en el país, ascendía a poco menos del 24 por ciento”.
“Como consecuencia de reformas estructurales resueltas en los últimos años, el porcentaje de la coparticipación automática que hoy reciben las provincias, y a través de las provincias los municipios, ha crecido notoriamente y ha dejado de ser de poco menos del 24 por ciento y hoy alcanza al 35 por ciento”, destacó.

Apoyo de Menna

Otro oficialista que defendió la medida fue el radical Gustavo Menna, quien se refirió al decreto 206/09, por el cual se creó el Fondo Sojero, y remarcó que fue “una anomalía en lo que tiene que ver con el reparto de competencias tributarias que marca la Constitución Nacional. Los impuestos o tributos de fuente externa son de potestad del Congreso”.
Además, el diputado señaló que en la Ley de Coparticipación Federal están “excluidos los derechos de importación y exportación” para los fondos a distribuir entre las jurisdicciones, y el FFS se integraba con la suma que el Estado percibía en concepto de derechos de exportación de soja en todas sus variedades y derivados.
Al cruce de los argumentos esgrimidos por Tonelli sobre la validez del decreto, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti resaltó que un DNU “no solo tiene que tener legalidad sino también legitimidad”. “El Gobierno nacional está imponiendo el ajuste a las provincias y los municipios”, enfatizó la senadora.
En rechazo del decreto, el senador jujeño Guillermo Snopek (Justicialista) aseguró que la eliminación del FFS “deja de permitir el desarrollo en algunas regiones” y quita “la previsibilidad que han tenido tanto las provincias como los municipios”.
En tanto, el senador Daniel Lovera (PJ La Pampa) expresó que “impacta negativa y cruelmente en las economías regionales”. Y agregó que la decisión fue tomada por el Ejecutivo “de manera inconsulta, unilateral, pero sobre todo de manera dañina; con una mirada nuevamente centralista y unitaria del país”.