MACRI PEDIRÁ A LOS GOBERNADORES QUE NO AGREGUEN OBRAS AL PRESUPUESTO. LOS MANDATARIOS ESTÁN MOLESTOS POR LOS FUERTES RECORTES DE SUBSIDIOS QUE DEBERÁN ASUMIR LAS PROVINCIAS. ARCIONI DIJO QUE HAY VOLUNTAD PARA QUE LA NACIÓN TENGA PRESUPUESTO Y SE GARANTICE LA GOBERNABILIDAD

El horno no está para bollos

Mauricio Macri les solicitará el martes a los gobernadores que sus legisladores no incorporen obras públicas al proyecto de presupuesto que enviará al Congreso el viernes 14, porque teme acumular gastos y dar una pésima señal en la negociación con el FMI.
Se trata de una práctica habitual que consiste en sumar votos de la oposición adosando obras en las planillas anexas, que rara vez se cumplen, pero les sirven a los gobernadores para hacer reclamos cuando llegue la oportunidad.
Esta vez, Macri necesita que los números sean precisos y lo ayuden a cumplir la meta de déficit cero que planteó para renegociar con el FMI y respetar el plan financiero de 2019.
La obra pública será la gran castigada del presupuesto, porque al ajuste se suma al freno a los programas de participación pública privada (PPP) por las complicaciones financieras y los avatares legales de las empresas complicadas por el escándalo de los cuadernos.
Los otros recortes serán los programas provinciales y los subsidios al transporte público, que deberán afrontar los gobernadores, quienes esperarán a ver la letra chica del presupuesto para negociar.
No están dispuestos a dejarse apurar por Rogelio Frigerio, que el lunes les exigió a los jefes parlamentarios acelerar la ley y si es posible sancionarla en octubre.
«Hasta ahora no vimos un papel y cuando los veamos los vamos a estudiar en detalle. El presupuesto todavía no existe», aclararon voceros de un gobernador que participó en las negociaciones.

El mercado manda

Antes de tratarlo no habrá actividad en los recintos del Senado y Diputados para evitar exhibir a los mercados cualquier conflicto que afecte la gobernabilidad.
En Cambiemos hay sensibilidad extrema por la actitud pública de la oposición. Les dolió que Sergio Massa confesara que no hubiera ido al FMI justo cuando Nicolás Dujovne negocia un nuevo convenio con Christine Lagarde?.
Con el Congreso paralizado, quedará para los próximos meses la ley de extinción de dominio, el instrumento para expropiar propiedades por delitos de corrupción que fue modificado en el Senado por reclamo de Miguel Pichetto.
Cambiemos está dispuesto a insistir con su versión original, que permite aplicar la extinción con una acción civil, pero buscaría hacer algún retoque posterior, ya sea en la reglamentación o en el recinto.
Su laboratorio de juristas identificó siete casos en los que Diputados sancionó un proyecto sin tomar en cuenta las correcciones del Senado y sumándole nuevos artículos. Algunos eran el presupuesto.
Podrían materializar esa maniobra sólo con la ayuda del Frente Renovador y un puñado de diputados de Argentina Federal, el bloque de los gobernadores, pero los líderes oficialistas no consideran oportuno abrir una grieta entre los socios cuando los necesitan para aprobar el presupuesto. Que es lo único que le importa a Macri.

Negocian con Massa

Con un optimismo moderado, el Gobierno busca encaminar definitivamente la negociación con las provincias para cerrar el Presupuesto 2019. Ayer, los ministros de Economía de los 24 distritos volvieron a la Casa Rosada, en lo que fue la antesala del encuentro de los mandatarios provinciales el próximo martes en Balcarce 50 con Mauricio Macri. Se ilusionan con un tratamiento rápido en el Congreso para enviar una señal de confianza a los mercados, pero el peronismo desconfía. Anuncian que en los próximos días, habrá una reunión de Sergio Massa con el Presidente.
«Estamos cerca», volvieron a entusiasmarse en el Gobierno. La última vez que habían dejado trascender a la prensa su entusiasmo, les valió el malhumor de los gobernadores.
En el oficialismo se entusiasman con un tratamiento rápido. Imaginan que el proyecto se vote en Diputados el 24 de octubre y en el Senado el 13 de noviembre.

Gobernadores rearman estrategia

El martes, antes de entrevistarse con Macri, los mandatarios provinciales se reunirán a solas con el ministro del Interior Rogelio Frigerio en una Casa de Provincia en esta capital, posiblemente la de Chaco.
Para entonces, la oferta del Gobierno variará poco. El equilibrio fiscal que ahora se propone el Ejecutivo -que oscilará entre el déficit 0 y un rojo de 0,4- deberá terminar de cocinarse antes.
El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, destacó esta semana la decisión del presidente Macri de convocar a un encuentro con gobernadores para la semana próxima. “Lo importante es que nos van a tener en cuenta y podemos aportar y colaborar para tener el Presupuesto. Que cada uno de los gobernadores podamos explicar cuál es el impacto de las medidas en las economías regionales”, dijo.
En tono crítico, Arcioni dijo que “de las medidas que está tomando el Gobierno nacional y que impactan directamente en las economías provinciales nos estábamos enterando por los medios, por eso es que pedíamos una apertura al diálogo y celebramos la convocatoria que anunció el Presidente, va a hacer para la semana que viene”.
El mandatario chubutense cuestionó el impacto que tienen en la región las medidas de recorte del gasto público, y citó como ejemplo de ello al “traspaso del subsidio del transporte o la retención en las exportaciones de 4 pesos por dólar” y sostuvo que “son medidas directamente de ajuste. Hablan del FMI como un logro, pero las medidas que propone nunca son para incentivar la producción y el desarrollo”.

Preparando el terreno

En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los ministros de Economía de las 24 provincias de la Argentina para discutir cuestiones técnicas del Presupuesto 2019. El encuentro se desarrolló en un “buen clima”, buscó un “preacuerdo” de cara al encuentro entre Mauricio Macri y los gobernadores que se desarrollará el próximo martes.
“Hablamos sobre el esfuerzo fiscal y la posibilidad de postergar algunas de las reducciones impositivas. La idea es preservar ingresos brutos que afecta tanto a la competitividad, por lo que se mantendría la rebaja”, expresó Frigerio tras el encuentro.
La agenda fue variada. En la reunión se discutió sobre el traspaso de los subsidios al transporte y la energía, una de las cuestiones que más preocupaba a los mandatarios provinciales. “Está avanzado”, sostuvo una fuente que presenció el encuentro. Aunque aún persisten dudas acerca de la forma en la que los gobiernos provinciales financiarán este “agujero” fiscal.

Fondo Sojero, tema terminado

El Gobierno no tiene previsto restituir el Fondo Sojero, uno de los ítems que puso en pie de guerra a la oposición y que afecta de manera directa a los municipios. Este miércoles precisamente intendentes del PJ bonaerense dejaron una nota en la mesa de entrada de la Casa Rosada para reclamar por la restitución del fondo calculado -antes de la corrida del dólar- en $26 mil millones.
Para contener la demanda de los jefes comunales, que quieren partidas para obras, el Ejecutivo estudia otorgar créditos -que deben pedir las provincias- a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y/o del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Hachazo a los subsidios

El plan oficial es que las provincias absorban $ 43 mil millones por subsidios al Transporte (más de la mitad correrá por cuenta de Ciudad y Provincia); $ 14,5 mil millones de tarifa social para el servicio de electricidad. Serán los gobernadores quienes decidirán si sostienen los subsidios o lo trasladan a los usuarios.
Para contentar a los gobernadores, la Casa Rosada asume que las provincias serán compensadas relativamente por los reintegros del IVA, que se coparticipa, y por el aumento de la recaudación. Una fracción del peronismo ve con desconfianza los movimientos del oficialismo. Creen que busca estirar la negociación hasta sellar un acuerdo con el FMI y, sin consenso, prorrogar el Presupuesto. En el Gobierno lo niegan tajantemente. “No tenemos mucho más margen para enviar señales que el acuerdo con el Fondo y el Presupuesto”, se sinceran. Al mismo tiempo reconocen que los gobernadores no podrán compensar toda la pérdida en el gasto. «Todos perdemos», insisten.

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