Un amplio debate se generó este martes en la sesión de la Legislatura cuando el presidente del bloque Convergencia, Alfredo Di Filippo, afirmó que la “cartelización” de la obra pública comenzó en el gobierno de Carlos Maestro.
Di Filippo respondió así a declaraciones del abogado Ignacio Ferreyra de las Casas, quien durante una audiencia judicial de la Causa Revelación, en la que representa a un empresario de la construcción de Comodoro Rivadavia, aseguró que la corrupción con la obra pública comenzó en 2004 durante el gobierno de Mario Das Neves. “Quien creó la estructura de la cartelización de la obra pública fue el exgobernador Carlo Maestro, que tenía un ministro coordinador en las sombras que era el empresario Juan Carlos Iralde, que para tener alguna obra había que hablar con él”, disparó el legislador provincial.
Desde su banca la diputada Jacqueline Caminoa (Cambiemos) salió al cruce del legislador justicialista al afirmar que si hubiere sido así, el exgobernador Mario Das Neves no lo hubiera dejado pasar “porque se cansó de perseguir a los radicales, hasta hizo poner preso sin justificativo a quien era el presidente de la UCR, Carlos Parodi. No tengo dudas que la corrupción nació con Das Neves”, sentenció la legisladora.

El origen de la corrupción

Di Filippo insistió en argumentar sus dichos, al afirmar que cuando estaba en la AMEP solicitó a empresarios de Rawson y Esquel que se presentaran de sorpresa para hacer viviendas en terrenos de la mutual y ganaron la licitación “pero me llamó Iralde y me pidió que si se retiraban les iba a dar a esos empresarios otras obras, eso fue así pero el IPV que manejaba Pedro Planas anuló esa licitación sin ningún argumento, así funcionaba el IPV y la obra pública del gobierno de Maestro”.
El legislador justicialista se puso memorioso y recordó que la Megacausa no fue del gobierno peronista, al sostener que “por lo tanto no podemos callarnos la boca cuando alguien dice tantas barbaridades”, dijo Di Filipo.
De ese modo los legisladores dedicaron un párrafo del debate a tratar de determinar durante cuál gestión de gobierno comenzó el entramado de corrupción en torno a la obra pública, sobre lo que no caben dudas, es que hubo retornos, coimas y sobornos.

Repudio a la violencia contra la mujer

En la sesión, presidida por Roddy Ingram, se aprobó sobre tablas un proyecto de la diputada Cecilia Torres Otarola (Juntos para Chubut), expresando “el repudio de la Cámara a toda forma de violencia contra la mujer”, y aludiendo al crimen de Rosa Acuña, asesinada en Trelew.
La iniciativa promueve “el repudio de la Legislatura, a toda forma de violencia contra la mujer, así como toda situación que la vulnere en sus derechos más esenciales como el derecho a la integridad física y el derecho a la vida”, reclamando que “la política esté más cerca de la gente”.
Haciéndose eco del caso de Rosa Acuña, la joven trelewense de 25 años, que sufrió una muerte violenta, la legisladora provincial argumentó que “hoy nuevamente nos llama a reflexionar sobre la situación de las mujeres en esta sociedad. Siguen maltratando, abusando y, asesinando a mujeres todos los días. La impunidad con la que se mueven, el poco respeto a la vida, cada día nos asombra más. Que lo siguen haciendo porque, no se les aplica el rigor de una Ley Justa y Sana. No son justificativos, el consumo de alcohol o de drogas, ante la escalada de violencia contra las mujeres. Víctimas de esta violencia quedan padres desesperados, hermanos dolidos e hijos huérfanos”.

Tarifa social para servicios públicos

En la sesión legislativa se aprobaron iniciativas de la diputada Viviana Navarro (PJ-FpV), instando al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que se otorgue a las Cooperativas de Servicios Públicos el acceso a los precios especificados en la Resolución Nº 6/2016 de dicho Organismo y se las autorice a otorgar el Beneficio de la Tarifa Social a los usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Asimismo, que el PEP realice las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional para que las Cooperativas de Servicios Públicos puedan acceder al beneficio de condonación de sus deudas con CAMMESA, del mismo modo que las grandes compañías de distribución de energía en el año 2017 pudieron hacerlo.
También, para que el Ejecutivo Provincial efectúe las gestiones necesarias para que se eleve el consumo base para otorgar el beneficio de la Tarifa Social a 200 KWh/mes.

Gobierno de Chubut