Los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez que llevan adelante los casos de corrupción en Chubut ampliaron imputaciones hacia ex funcionarios del actual gobierno y revelaron que Diego Correa, considerado como el jefe de la organización desde su puesto de Secretario de la Unidad Gobernador, se hizo de un patrimonio de 35 millones de pesos, entre vehículos, terrenos e inmuebles. En tanto, una decena de empresarios de la construcción de Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, fueron imputados en la matriz de corrupción que investiga el pago de retornos durante la gestión de Mario Das Neves.
Con distintos grados de participación y responsabilidad están imputados de los delitos de fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con la función pública y lavado de activos. Mediante la conformación de dos empresas y el accionar con obras públicas contratadas y direccionadas de manera ilícita, el grupo logró hacerse del dinero suficiente como para comprar siete vehículos en general de alta gama, además de hacerse de terrenos, chacras y propiedades en Rawson, Trelew, Playa Unión y Lago Puelo.
A Diego Correa, sindicado como jefe de la organización se le atribuye además haber salido 20 veces del país en los últimos cinco años y de ser titular de una membresía de 20.000 dólares para disponer libremente durante sus vacaciones. El fiscal Williams dijo que Correa incrementó su patrimonio en $ 35 millones de sin justificación, en tanto que desde el año 2013 al 2018 viajo 20 veces al exterior. El fiscal Williams indicó que el exsecretario privado del gobernador, Diego Correa, desde el año 2004 al 2018 fue funcionario público provincial y no contó con otro ingreso más que su sueldo, pero en ese periodo habría comprado 10 propiedades y 7 vehículos.

El viernes estará la acusación

Los fiscales destacaron que para el próximo viernes en que se vence el plazo de 6 meses de la investigación, ya estarán en condiciones de realizar la acusación. También se revisará la prisión preventiva que pesa contra los imputados ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. El juez Sergio Píñeda además intimó en una especie de llamado de atención a los querellantes, para que en el plazo de tres días presenten sus respectivos escritos de adhesión o no a lo investigado por los fiscales.
La ampliación de la acusación alcanza a Diego Correa, a quien se acusa de asociación ilícita en carácter de jefe, enriquecimiento ilícito y lavado de activos; mientras que su esposa Natalia McLeod afronta cargos como miembro de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, misma calificación legal que aplican para Daniel Souza y Diego Lüters. En el caso del empresario Sandro Figueroa, los cargos que le imputan son asociación ilícita y lavado de activos. Carlos Ramón como partícipe necesario para la consumación de esos delitos.

Más empresarios imputados

En las imputaciones se incluye a Diego Correa en carácter de secretario de la Unidad Gobernador y al ex ministro de economía Pablo Oca. El primero como jefe y coordinador de los pagos que debían hacer los empresarios para poder cobrar sus obras. Oca como el ejecutor de los pagos de los certificados. A los diez empresarios se les imputa el delito de “cohecho activo en concurso real en carácter de autor”.
Los nuevos empresarios imputados son Carlos Castro Blanco de la empresa “Apicons Elaborados” de la ciudad de Trelew. Respecto de esta empresa, para los investigadores se cree que pagó a Correa 232.582,20 en concepto de “dádiva” a cambio de que Oca ordenara el pago de casi 12 millones de pesos por las obras que había ejecutado entre octubre de 2016 y junio del año 2017. Según los investigadores, Castro Blanco pagó con cheques propios de una cuenta del banco HSBS y otros terceras personas “con ningún vínculo comercial cierto con la Provincia”, según los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli.
Otro de los empresarios imputados es Gustavo Moretta de la empresa “Libra S.A.” Con dos cheques pagó 30.000 pesos para poder cobrar 1.285.276 el Ministerio de Economía que conducía Oca.
También se imputó al empresario Luis Igarzabal de la empresa O.C.P. Ingeniería y Construcciones S.R.L. con domicilio en la calle Mayo 452 de Rawson. Para los investigadores Igarzábal pagó 9 cheques por un total de 421.300 pesos para que desde el Ministerio de Economía se le liberaran 5.818.539 pesos.

Los dos que más pagaron

Una empresa de Trelew y otra de Comodoro Rivadavia fueron los que más pagaron a Correa para que Oca libera los pagos por las obras ejecutadas o en proceso de construcción.
En este sentido y en la audiencia realizada este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, fue Oscar Sandín de la empresa Sandín Construcciones S.R.L de la ciudad de Trelew. Este pagó 642.000 pesos para poder cobrar por obras ejecutadas o en proceso de construcción que sumaron un total de 23.106.76,92 pesos.
También se investigará por el mismo delito de cohecho activo al empresario Fernando Quistani de la empresa Habitar S.A. de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta empresa el Gobierno del Chubut le adeudaba una importante cantidad de obras sin que confeccionara la orden de pago por parte del Ministerio de Economía. Según la acusación Quistani “sabiendo que Correa en carácter de Secretario de la Unidad Gobernador era quien decidía que empresas constructoras percibían las acreencias con el Estado Provincial y cuáles no, promediando el año 2016 se reunió con éste y le ofreció pagarle con dinero en concepto de dádiva para que Correa ordene los pagos respectivos”. Correa cumplió a través del ministro Oca. Quistani debió pagar 256.280,90 pesos para poder cobrar casi 13 millones de pesos por las obras ejecutadas”.
También fueron imputados los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel, ambos de la ciudad de Esquel y propietarios de la empresa Capman S.R.L. Mediante la misma maniobra se les imputa el mismo delito que al resto de los empresarios. Pagaron una dádiva de algo más de 212.000 pesos para que el Ministerio de Economía les libere pagos por un total de 3.268.478 pesos.

Imputados por endosar cheques

En la audiencia de este lunes, también fue imputado Jorge Barrionuevo de la firma IPE S.R.L. (Ingeniería y Proyectos Electromecánicos) de la ciudad de Trelew. Pagó con cheques que fueron endosados por José Rossi de la empresa Depofer S.A. y de Juan Riquelme de la empresa R-V LonasSH. Estos dos últimos empresarios fueron citados a la audiencia de imputación pero no se hicieron presentes. De esta manera Barrionuevo pagó con cuatro cheques una suma total de casi 900 mil pesos para poder cobrar obras que sumaron algo más de 13 millones y medio. Sobre Rossi y Riquelme pesa una imputación más leve, la de cohecho activo en carácter de partícipes necesarios.