El caso de los aportantes truchos de la campaña 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires entró en zona de riesgo. El fiscal federal Carlos Stornelli firmó un nuevo dictamen en el que declina la competencia y solicita al juez Sebastián Casanello que se aparte de la causa por presunto lavado de dinero y falsedad ideológica, y envíe dicho expediente a la Justicia Electoral de La Plata.
De esta manera, Cambiemos sumó otro punto a su favor. Tras las revelaciones periodísticas de centenares de aportes falsos en las últimas campañas, el oficialismo tiene dos escenarios judiciales: irregularidades electorales o lavado de dinero, dádivas y falsedad ideológica. Hay un abismo de consecuencias legales.
Stornelli presentó su dictamen luego del pedido del juez electoral de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, quien solicitó a los dos jueces penales que investigan el caso que se declaren incompetentes en sus causas y le remitan los expedientes a su juzgado. El magistrado lo hizo en base al pedido del fiscal electoral subrogante, Guillermo Ferrara, nombrado hace un mes en el cargo.
Ahora el juez Casanello debe determinar si acepta el pedido del fiscal Stornelli. Mientras tanto, las pruebas por falsedad ideológica se acumulan en su causa. No solo se comprobó que los responsables de la campaña 2017 utilizaron en al menos cuarenta casos las identidades de beneficiarios de planes sociales y empleados públicos para blanquear aportes cuyo origen se desconoce. Los peritos caligráficos de la Corte Suprema establecieron que casi el 90 % de las fichas de afiliación al partido oficialista que analizaron en las últimas semanas también son falsas, confirmaron fuentes judiciales.

Cambió de parecer

Cuando Stornelli decidió en julio abrir una causa por presunto lavado y falsedad ideológica, entendió que el fuero federal penal tenía la competencia para investigar algo más complejo de irregularidades electorales: su hipótesis buscaba indagar sobre el verdadero origen del dinero que utilizó el oficialismo para financiarse, y cómo los responsables de esta recaudación obtuvieron las listas de beneficiarios de planes sociales y empleados públicos para falsear la lista de contribuyentes.
Hay otro delito penal en carpeta: dádivas. Algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, Casanello también investiga la hipótesis de que los nombres de estas personas fueros utilizados para camuflar aportes de los empresarios, que tienen prohibido realizarlos.
Sin embargo, en su nuevo dictamen el fiscal dio la razón al juez electoral de La Plata debido a que las averiguaciones “giran en derredor del informe final de ingresos y egresos de campaña electoral” y “habida cuenta de que las maniobras investigadas habrían tenido lugar en la provincia de Buenos Aires”.
El caso había originado cuatro frentes judiciales: dos en el fuero electoral (Gabino Ziulu en La Plata y el fiscal Jorge Di Lello en Capital); y dos en el fuero penal por presunto lavado (Ernesto Kreplak en La Plata y Casanello en Capital). Las causas electorales están unificadas mientras que las penales siguen por vías separadas. Eventualmente deberán unirse en un solo juzgado.
En la causa penal de La Plata, a cargo del juez Kreplak, la fiscal Ana Russo ya fijó su posición: la maniobra montada por los recaudadores de la campaña 2017 se encuadra dentro de delitos penales, no electorales.