El Congreso volvió a ser terreno de controversias esta semana con la sorpresiva designación provisoria del Defensor del Público por parte de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que preside el senador Eduardo Costa (UCR). La decisión despertó reproches del kirchnerismo, que dijo desconocer los antecedentes del elegido, Eduardo Jesús Alonso.
El cargo está vacante desde noviembre de 2016, cuando terminó su mandato Cynthia Ottaviano. Por eso, Costa propició el nombramiento de Alonso para sorpresa de parte de la oposición, hasta que se designe al Defensor titular, para lo cual se fijó -con acuerdo de todos los bloques- un plazo de 60 días.
“Convocaron a la reunión por una modificación del reglamento y para tratar el tema de la acefalía en la Defensoría, lo cual nos parecía correcto, para empezar a ver el proceso de designación. Pero llegamos y nos encontramos con que tratar la acefalía era designar a una persona en forma interina, algo que sólo Costa y (Alfredo) Luenzo sabían”, advirtió la diputada Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria-PJ).
Durante la reunión, Cerruti y su par Walter Santillán reclamaron que no se efectuara la designación “porque no estaba en el orden del día ya que la reunión no era para eso”, pero dado que Costa no dio el brazo a torcer, los diputados kirchneristas pidieron que “por lo menos explicaran quién era la persona”.
“Le pedimos diez veces a Costa que nos dijera dos líneas del currículum. No puede quedar a cargo de un organismo de estas características alguien que no pertenece a él. Toda la gente que está ahí, está nombrada por concurso, con lo cual podrían haber elegido a cualquiera del organismo que haya hecho concurso en los últimos años. Pero nombraron a esta persona, que por lo que sabemos es un abogado joven asesor de (Fernando) De Andreis”, lanzó Cerruti en diálogo con parlamentario.com.
La legisladora remató: “Nuestra mayor preocupación es que lo hayan puesto para dejarlo y dejar morir a la Defensoría, que es lo que están haciendo con todos los organismos de control”.
Fuentes cercanas a Costa le bajaron el tono a los cuestionamientos. “Se designó a una persona a cargo por 60 días, pero no para que tenga las funciones del Defensor del Público, sino por cuestiones administrativas”, explicaron.