Hasta el momento elevaron un planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los gobiernos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Catamarca. El auxilio en fondos de la Casa Rosada es menor que el tijeretazo definido en el DNU.
Las provincias que se opusieron con presentaciones judiciales al fin del Fondo Federal Solidario (FFS), alimentado de retenciones a la exportación de soja, evalúan con sus fiscales de Estado no aceptar la compensación que propuso la Casa Rosada hace una semana. Temen que de recibir esas partidas quede erosionado el reclamo ante la Corte Suprema.
Los cuatro gobernadores que recurrieron al Máximo Tribunal de la Nación para frenar la caída del también llamado Fondo de la Soja fueron Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Mariano Arcioni (Chubut) y Lucía Corpacci (Catamarca). A cierto malestar general porque los montos de compensación, $4.125 millones que dispuso el Gobierno nacional, son menores que lo que hubiese correspondido por la coparticipación del FFS se suman motivaciones ligadas a la estrategia judicial.
Estas provincias no quieren que aceptar los fondos que dispuso Nación para darles continuidad a las obras que se ejecutaban con aportes del FFS sea visto como un consentimiento también a la eliminación del fondo sojero, interpretación que iría en contra de amparos presentado ante la Corte.
La compensación del Gobierno nacional es sólo por los montos que las provincias debían percibir en 2018, ya que las partidas del año próximo que dejarán de repartirse son parte de otra negociación que gira en torno al Presupuesto nacional y donde se prevé que el aumento de impuestos coparticipables sea el contrapeso.

Insuficiente

En este último escenario, uno de los mandatarios que insiste con que se mantenga el FFS en el electoral 2019 es el peronista tucumano Juan Manzur, quien estuvo entre los primeros en rechazar el decreto presidencial. Y aunque había advertido antes que sus pares sobre pedir el freno ante la Corte, Tucumán desistió luego de ir a la Justicia. En esta lógica, la sesión especial en el Congreso Nacional para buscar un rechazo al decreto fue motorizarizada por Pablo Yedlin, una espada del gobernador tucumano en la Cámara de Diputados.
Tras el anuncio de los $4.125 millones que negoció el Gobierno con el PJ, y que hizo caer la sesión en Diputados, fueron los intendentes del FpV, quienes se quejaron por una compensación que, dicen, no alcanza para equilibrar las pérdidas por la anulación del FFS.
Por eso, de prosperar las intenciones de las provincias díscolas, los gobernadores podrán abrir también un frente interno, ya que el 50% de esas remesas deberán repartirse a los municipios, de acuerdo con el propio régimen de coparticipación de cada distrito.
Difícilmente los intendentes acepten las batallas provinciales, si bien de forma conjunta los municipios también hicieron planteos judiciales para evitar el deceso del FFS. Excepto que los mandatarios acuerden financiar obras, como ya han manifestado algunos gobernadores antes de conocerse la compensación nacional. En este contexto, necesitan dinero fresco. Las dificultades en varias intendencias llevaron incluso a que jefes municipales rogaran a mandatarios aval para desviar fondos destinados a obras a pagos de sueldo y ayuda social.

A pedido del Fondo

Para cumplir con la meta fiscal definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del proyecto del presupuesto 2019 que analiza el Congreso, los gobernadores están firmando una adenda al pacto fiscal que modifica y amplía el acordado a fines de 2017. El ajuste fiscal, equivalente a 2,6 puntos del PBI se basa en mayor medida en una suba de impuestos (50% del ajuste), una caída del gasto de capital nacional (23%), en el traspaso de gastos en subsidios a las provincias (15%), reducción de las transferencias de capital a provincias (8%) y menores erogaciones corrientes nacionales (4%).
Los economistas del Ieral Marcelo Capello y Lucía Iglesias sintetizaron los efectos sobre las finanzas provinciales de las principales medidas del presupuesto y la adenda. La pérdida de recursos (o mayores obligaciones de gasto) del consolidado provincial equivale a 1,1% del Producto, siendo el traspaso de subsidios la carga más pesada (especialmente para Buenos Aires y Caba ).

Recursos coparticipables

Existirán dos tipos de compensaciones a provincias, mayores ingresos vía transferencias automáticas nacionales por la mayor recaudación por eliminación de exenciones y tratos diferenciales, suba de alícuotas en Bienes Personales, impuesto al cheque, reintegros de exportaciones (aumenta la recaudación neta de IVA) y Ganancias.
También están las compensaciones ya vigentes, como es el recupero de tres puntos porcentuales adicionales de masa bruta coparticipable que corresponde a 21 jurisdicciones en 2019 y porque, además, se frena la reducción de alícuotas en Sellosy la determinada para el Fondo Sojero.
En suma, el total de recursos adicionales que percibirán las provincias alcanza un 0,8% del PBI, compensando solo en parte la pérdida de 1,1% calculada previamente. El efecto negativo neto sobre el consolidado de provincias suma alrededor de $75.000 millones, según la estimación del Ieral.

Cómo vienen las finanzas

En lo que va de este año el desempeño fiscal de las provincias mejoró notablemente. En 2017,en promedio, registraron un superávit corriente equivalente al 5% del gasto total. De las 24 provincias, 15 obtuvieron un resultado corriente positivo, aunque con gran disparidad: en San Luis resultó del 40,8% del gasto total, mientras que en Tierra del Fuego del 1%. Nueve de ellas cerraron con déficit corriente, lo que las deja más vulnerables ya que se endeudaron para pagar gastos corrientes. El mayor rojo corriente fue de Santa Cruz (11% del gasto total). Con respecto al resultado financiero, sólo cuatro tuvieron superávit, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis y San Juan.
Este año, según datos de Hacienda, el consolidado provincial pasó de tener un déficit cercano a $37.000 millones a tener un superávit similar; en 18 de las 22 con datos disponibles hubo un resultado financiero positivo; el resto registró un déficit financiero, aunque de menor magnitud interanual.
La mejora de los resultados se explica por la evolución de los ingresos (propios y transferidos por la Nación) y de los gastos. En el primer semestre la recaudación propia superó la inflación en la mayoría de las jurisdicciones (esa tendencia ya empezó a cambiar) salvo en Buenos Aires donde los ingresos propios se mantuvieron constante en términos reales.
En el caso de las transferencias, los máximos aumentos nominales se dieron en Buenos Aires y CABA (60% y 55%, respectivamente), mientras que las mejores marcas de los ingresos propios fueron en Neuquén y Salta, bordeando el 60%.
Respecto del gasto, el desempeño en el primer semestre fue más variado: la mitad de las provincias con datos disponibles aumentaron esas partidas por encima de la inflación y la otra mitad registró variaciones interanuales negativas (destacándose Santa Cruz con la mayor reducción real).
El gasto en personal -que explica, en promedio, más del 50% del gasto corriente y 45% del total- se redujo en términos reales en la mayoría: la baja más pronunciada fue en Santa Cruz (14%) y el alza más importante en Santiago del Estero (9%). En las partidas de capital la situación es muy heterogénea, pero su participación en el total es inferior al 15% en promedio.

Gobierno de Chubut