La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, apelará la condena que recibió el ex ministro de Planificación, Julio de Vido por la tragedia de Once, al considerar que la sentencia no termina de concluir que el fraude mató.
El organismo que ella dirige fue querellante en el juicio y había solicitado una pena de diez años de prisión para el ex funcionario kirchnerista, que finalmente recibió 5 años y 8 meses por el delito de estrago culposo por el accidente ferroviario, ocurrido el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas.
Durante una entrevista con Clarín, Alonso lamentó además que las penas, como la que recibió De Vido, y que para muchos argentinos parecen bajas, son casi el máximo que prevé el Código Penal.
En tanto, María Luján Rey, madre de una de las víctimas fatales, brindó una entrevista en Intratables y expresó: “Vamos a apelar y lograr lo mismo que conseguimos con Ricardo Jaime, que al principio también había quedado fuera del estrago culposo. Todo lo que dijimos públicamente, siempre fue refrendado por un paso en Tribunales. Esta fue nuestra manera de luchar. Supimos desde el primer momento que no importaba cuándo iba a tardar, queríamos que cada paso fuera sobre seguro”.
De acuerdo con Alonso, la investigación de los hechos es de alta importancia y relevancia social porque es una causa de corrupción que nos demuestra que la corrupción viola derechos humanos.
«Si bien vamos a esperar la lectura de los fundamentos en diciembre, la Oficina Anticorrupción muy probablemente apele, porque entendemos que el fallo dice que hubo corrupción, hubo fraude en el manejo de los asuntos ferroviarios. Pero no termina de concluir que el fraude mató», adelantó Alonso.
Además, desde la OA también señalaron: «Nosotros no opinamos sobre prisiones preventivas o excarcelaciones. Lo que sí nos importa desde la Oficina Anticorrupción es que las instrucciones de las causas sean consistentes, rápidas y que lleguemos a juicio».
Asimismo, con respecto a la situación de la expresidenta, Cristina Kirchner, aseguró que estará sentada en el banquillo de los acusados a partir de febrero, por la causa de presuntos desvíos de fondos de Vialidad Nacional, investigación en la que la OA también es querellante.
«Creemos que la instrucción ha sido sólida, que las pruebas son contundentes», consideró la funcionaria, que evitó opinar sobre si un posible arresto de la actual senadora nacional perjudicaría electoralmente al oficialismo.