Tres son los proyectos vinculados con la actividad minera que esperan ser analizados y debatidos en la Legislatura. Si bien en los últimos días hubo expresiones de diversos legisladores acerca del tema, lo cierto es que las iniciativas legislativas no han tenido tratamiento en Comisión. Esta semana vuelve a sesionar la Legislatura y una vez más los intendentes de las comunidades de la Meseta Central insistirán para que haya debate, puesto que todas las expectativas están puestas en que haya tratamiento en el recinto antes de fin de año, y ya solo quedan doce sesiones ordinarias programadas para el presente período legislativo.
Lo cierto es que en la Cámara de Diputados prefieren dilatar la discusión porque sin importar cuál sea la posición que tome cada legislador, siempre habrá alguien que quede insatisfecho. Actualmente son tres los proyectos con estado parlamentario, el de zonificación que promueven los intendentes de la Meseta; el que prohíbe la megaminería en toda la provincia; y el que promueve una consulta popular vinculante en coincidencia con las elecciones generales.

Quien dice qué

El proyecto de zonificación no hace más que poner en marcha el proceso que quedó abierto en el texto de la 5001, y si bien la iniciativa tiene entre sus mayores detractores a las organizaciones ambientalistas, el giro que ha dado el Ejecutivo al pronunciarse a favor del debate, e incluso analizando una iniciativa propia, ha desarticulado algunas columnas que se oponían al desarrollo minero, mientras que las autoridades de las comunidades de la Meseta Central se han ocupado de sumar voluntades a favor del desarrollo minero de la mano de las empresas.
El proyecto que propicia la zonificación será expuesto por el diputado Alfredo Di Filippo del bloque Convergencia, quien además preside la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, una de las que deberá analizar la propuesta.
Otro proyecto, quizá el que menos posibilidades de llegar al recinto tiene, es el que propicia el diputado Alejandro Albaini de Chubut Somos Todos, que prohíbe en todo el territorio provincial la actividad minera de sustancias metalíferas con la utilización de cianuro y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa para el ambiente o la salud. Asimismo, impide la explotación de minerales nucleares tales como el uranio, el torio y el plutonio.
Hay un tercer proyecto que tomó estado parlamentario en 2018, y es impulsado por el presidente del Frente Para la Victoria, Javier Touriñán, que promueve una consulta popular vinculante que debería efectuarse en simultáneo con las elecciones provinciales de 2019.
Esta última iniciativa está supeditada al acuerdo político, porque si bien el discurso es que sea la ciudadanía la que decida, en realidad es un proyecto que tiene por único fin poner sobre la mesa un tema sensible sobre el que deberán tomar posición los precandidatos a las elecciones, y está claro que la voluntad política está atada además a otra circunstancia que analizan al menos algunos de los legisladores justicialistas, y es básicamente “¿qué podrían perder?”, los diputados si no asumen la responsabilidad de tratar el tema en el recinto y lo dejan en manos del electorado.
Después de todo, las primeras estimaciones indican que entre los diversos bloques del justicialismo (que por estos días afirma que bregan por la unidad), con alguna excepción, más los radicales que dicen que no quieren minería, y un par de oficialistas, estaría garantizado el voto para dejar el asunto en manos de los ciudadanos de Chubut. Será acaso que los legisladores siguen, ¿“haciendo cuentas”?.