Desde la década de 1990, Argentina ha intentado abordar las desigualdades de género en el ámbito educativo. A pesar de los vaivenes en cuanto a la implementación y el descarte de algunas políticas públicas, nuestro país está entre los más inclusivos de América Latina. Cuáles son los desafíos nacionales e internacionales para mejorar la inclusión en cuanto a la educación y el género.

Entre el 13 y el 15 de octubre tendrá lugar, en la localidad de Trelew, la esperada 33 Edición del “Encuentro Nacional de Mujeres”, un evento de alto impacto social que convoca, anualmente, a unas 50 mil mujeres que participan de distintos talleres, actividades y disertaciones referidas a una amplia temática relativa al género, el rol de la mujer en la sociedad actual y los desafíos por delante en materia cultural, sanitaria, educacional y política, entre otras.
Uno de los debates que ha marcado la agenda pública en los últimos años ha sido el de la educación y el género, dos factores que, tiempo atrás, parecerían haber estado absolutamente desarraigados, pero que la coyuntura ha logrado unir en pos de mejorar el abordaje por parte de los diferentes sectores de las comunidades.
Entre las distintas charlas y talleres que tendrán lugar durante los tres días, se destacan los titulados “Mujeres y Estudios de Género”, “Mujeres y Educación”, “Mujeres y Educación Sexual Integral (ESI)” y “Mujeres y Universidad”, entre el total de 73 exposiciones pautadas para el masivo evento.

Entre el laicismo y el dogma

Con el debate sobre la despenalización del aborto concluido en el plano legislativo, a principios de octubre, varias iglesias del país aceptaron el dictado de educación sexual en las escuelas, pero “sin ideología de género”
La Iglesia Católica, por ejemplo, expresó a través de un comunicado su postura a favor pero siempre que se respete su idiosincrasia, con un rol prioritario de la familia y “la educación en el amor”.
Las iglesias evangélicas, por su parte, marcaron una posición similar y sumaron voces a la controversia que puso en la agenda pública el tema, solicitando modificar la Ley 26.150, que rige actualmente, en un artículo que remarcaría la obligatoriedad de todos los colegios de cumplir con estos contenidos.
En un terreno más indefinido, la Comisión Episcopal de Educación Católica y la de Laicos y Familia se manifestaron a favor de la Educación Sexual Integral, aunque reclamaron “el derecho a educar a nuestros niños, niñas y jóvenes de acuerdo al propio ideario y convicciones éticas y religiosas”.
Todas esas posturas han vuelto a poner en tela de juicio la presencia de cuestiones de género, así como también de sexualidad, dentro del ámbito escolar; sin embargo, hasta el momento, es un debate que no ha madurado en su totalidad.

Combatir la discriminación

Uno de los organismos que mejor ha abordado la educación en el contexto de género es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), desde donde remarcan que “el trabajo para conseguir la educación para todas y todos exige priorizar la igualdad entre los géneros”, haciendo hincapié en que “al considerar al contexto educativo un reflejo de la sociedad, las acciones tomadas deben ir enfocadas a apoyar la igualdad y combatir la discriminación derivada de prácticas sociales y malas condiciones económicas”.
En este sentido, la UNESCO “pone sus esfuerzos en promover la igualdad de los sexos en la educación, en lo que respecta al acceso y los rendimientos académicos, mediante iniciativas conjuntas con organizaciones, además de la investigación y apoyo al desarrollo de directrices y políticas públicas”.

Mirando hacia el 2021

Tal es así que, desde la organización, han impulsado un programa con metas a mediano plazo denominado “Plan de acción de la UNESCO para la prioridad ‘Igualdad de Género’(2014-2021)”, el cual fundamenta como base que “la igualdad entre hombres y mujeres se designó una de las dos prioridades globales de la Organización para el periodo de la Estrategia a Plazo Medio (2008-2013)”, una condición de prioridad que se mantiene para la próxima estrategia, cuyos resultados se conocerán en poco más de un año.
Para la entidad, la igualdad de género “significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. Supone que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres, reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas”, además de que es considerada como “un principio relativo a los derechos humanos, un prerrequisito para un desarrollo sostenible centrado en las personas y un objetivo en sí mismo”.

De la teoría a la práctica

Otro aspecto en el que la institución ha hecho hincapié es la alfabetización, muy postergada en algunos países y donde Argentina no es la excepción.
“Constituye un proceso fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a una educación de calidad, y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Fomenta la autonomía, la autoestima, la equidad social y de género, el conocimiento, el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo humano, social, cultural y económico”, según UNESCO.
En este contexto, agrega que “América Latina tiene una gran riqueza en las áreas de educación popular, educación para la vida y educación para la esperanza”, puntualizando la necesidad de “retomar esas privilegiadas experiencias y desarrollo teórico para armar una agenda de juventud y educación, una agenda de personas adultas y su derecho a la educación. Todos somos sujetos de ese derecho, debemos garantizarlo y ejercerlo”.
Dentro de los objetivos de “desarrollo sustentable para transformar nuestro mundo” pautados por la UNESCO se encuentran la igualdad de género y la educación de calidad, dos variables que, entrelazadas y proyectadas a la realidad cotidiana, dejan expuesta una postal que refleja la deuda social que los distintos gobiernos han tenido a lo largo de los años, la cual aún no ha sido saldada.

Cada uno “por su lado”

Para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), “desde la década de los 90 la agenda impulsada por el movimiento de Mujeres, y que ha sido retomada por otros agentes como partidos políticos, se ha focalizado especialmente en dos grandes temas: salud sexual y reproductiva y la violencia hacia la mujer, lo cual puede observarse en la descripción que sigue”, de acuerdo a lo vertido por el informe “Mujer y Educación en la República Argentina”, elaborado por Liliana Mercedes Calderón, quien sostiene que, luego de dicha etapa, “han aparecido paralelamente en un segundo nivel temas como pobreza, paridad política y educación para la igualdad” y que “desde 2002, se sancionó la Ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable, que para ser obligatoria en territorios provinciales debe ser refrendada en cada provincia, lo cual ha originado un panorama dispar en su aplicación ya que hay provincias que dictaron su propia norma local, con más o menos espacio para la injerencia educativa”.

Dos décadas de vaivenes

En la misma línea, el documento recordó que, en Argentina, “la institucionalización de las políticas de género en educación tuvo lugar en la década de los 90” y que, en 1991, “fue creado el Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa (PRIOM) que fue concebido como un Programa especial dentro del Ministerio de Educación cuyo objetivo estuvo centrado en ‘diseñar una política de equidad de género en educación’.
La intencionalidad estaba puesta en “incorporar al proceso de transformación educativa contenidos, enfoques y valores que promuevan la equidad de los géneros en todos los ámbitos de la vida social, recuperando los aportes que las mujeres han realizado históricamente al crecimiento económico, el fortalecimiento de los lazos sociales y la producción de la cultura”, denominado “PRIOM”.
Sin embargo, dicho programa “dejó de funcionar en 1995 en el marco de conflictos que se suscitan con sectores más conservadores de la Iglesia para modificar los Contenidos Básicos comunes que estaban aprobados por mecanismos de consulta y participación”, advierte la autora, agregando que, en el escenario actual, “algunas acciones de perspectiva de género se encuentran más ligadas a la Ley de Salud Sexual y reproductiva cuyo Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable establece la obligación de acciones de capacitación sobre salud sexual en las escuelas”, no obstante lo cual “este es un tema que hay que considerar particularmente en cada jurisdicción, dado que el sólo hecho de programar acciones en esta línea de la educación sexual no implica que contengan necesariamente la perspectiva de género”.

Las escuelas, semillero de ideas

En marzo de este año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Mercedes Miguel, hacía referencia a la lucha de la mujer en un contexto de desigualdad signado por varios factores, entre ellos, la necesidad de impulsar programas de transversalidad de género en la educación.
Desde dicha cartera “incorporamos el enfoque de perspectiva de género en la educación de todos/as los/as estudiantes, siendo este un aporte más en el camino hacia la inclusión educativa”, lo cual “implica a su vez trabajar en pos de erradicar la violencia de género y la violencia en general, promover la diversidad, prevenir situaciones de abuso y maltrato a niños/as y acentuar la importancia de la formación educativa en madres y padres adolescentes”, consignaba la funcionaria.
En relación a esto último, Miguel planteó que “la principal estrategia es educar a las mujeres y a los hombres para que construyan relaciones saludables, alertando sobre comportamientos de todo tipo de violencia de género desde edades tempranas”, para lo cual finalmente se puso en práctica la Ley 27.234 de “Educar en Igualdad”.
Se trata de una legislación que establece el abordaje de la educación en un contexto de igualdad a través de varias jornadas de carácter anual que se realizan en escuelas e instituciones educativas de todo el país, las cuales incluyen cursos para docentes sobre “violencia de género en parejas adolescentes” y otras actividades que buscan “promover la desnaturalización de patrones socioculturales que dejan a la mujer en un lugar de desigualdad en las relaciones de pareja”.
Dichos parámetros están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de UNESCO, de la cual Argentina es país miembro.

Violencia y sociedad

Sancionada a fines de 2015, la Ley 27.234 establece las bases para que “en todos los establecimientos educativos del país,públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario se realice la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género“con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género”, entendiendo por “violencia contra las mujeres” a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.
A pesar de los diversos desafíos que enfrenta Argentina en materia de igualdad de género en el ámbito educativo, un informe elaborado por el Foro Económico Mundial a principios de 2017 dio cuenta que el país es el “quinto con mayor igualdad de género” dentro del G20, ocupando el puesto 33 en el resto del mundo.