Esta semana tuvo lugar la anticipada segunda reunión de operadores judiciales y concejales de Puerto Madryn, en el marco del plan de abordaje respecto de la problemática del abuso sexual infantil.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Legislativo y se enmarca en un flagelo que ha arrojado resonantes casos en la ciudad del Golfo, entre ellos, el que culminó con la reciente condena a diez años de prisión a un “patovica” acusado de abusar sexualmente de un menor de 2 años y 11 meses, al cual le produjo lesiones y por lo cual la propia madre de la víctima también será investigada por “encubrimiento”.
Estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, entre ellos la jueza Delma Viani y el funcionario de Fiscalía, Luis Amarfil, así como también autoridades de la Comisaria de la Mujer, la titular de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Eugenia Alianiello, y referentes de la delegación de Educación, además de la presidenta del Concejo Deliberante, Xenia Gabella.

Un flagelo “invisible”, pero presente

Actualmente, las cifras que giran en torno al abuso de menores dan cuenta de fallas en varios niveles, tanto en los preventivos, como así también en los institucionales; tal es así que, por ejemplo, tan sólo el 1 por ciento de las causas termina en una condena, mientras que, si de abuso sexual se trata, más de la mitad (52%) tiene como víctimas a menores de todas las edades.
En este sentido, la edil Natacha Wolansky, quien participó de la primera reunión y que se encuentra abocada a la profundización del abordaje sobre la problemática, dio cuenta de una cifra alarmante de denuncias en lo que va del año, que suman 73; sin embargo, esos serían los casos relevados por la Secretaría de Desarrollo Comunitario municipal y constituirían solamente la “punta del iceberg”, si se tiene en cuenta que muchos no son denunciados.

La cifra superaría a la de 2017

Considerando que faltan dos meses para que finalice el año, el total de casos podría ser incluso mayor, dado que para el 2017, la cifra se ubicó en las 88 denuncias por abuso sexual infantil y familiar.
“A pesar que los números son altos, creemos que no son del todo reales, ya que hay casos que no son denunciados. Por ello estamos trabajando, para que estos casos sean cada vez menos y si suceden que los docentes o directivos puedan darse cuenta de semejante situación y así realizar la denuncia”, sostuvo Wolansky, quien hizo hincapié en la importancia de detectar para prevenir situaciones de abuso, principalmente en el ámbito escolar, que fue el motivo del último encuentro.
Además, la concejala adelantó que “el próximo 6 de noviembre realizaremos una nueva reunión para seguir avanzando contra este flagelo, el objetivo es brindar capacitaciones a los directivos escolares de todos los niveles para que puedan darse cuenta cuando hay un niño abusado en su establecimiento”.

Proteger y preservar a la víctima

El abuso sexual infantil o infanto-juvenil, también denominado “ASI” es, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “una forma de violencia a la infancia” y “su tratamiento en todas las instancias de intervención presenta diferencias con el de las otras formas de violencia, y de manera especial en la intervención que se lleva a cabo en el ámbito de la Justicia”.
Además, particularmente, “el ASI constituye, desde el minuto cero, un delito; cuando ocurre una situación de ASI y esta llega al ámbito de la Justicia, la prioridad es proteger al niño o niña poniendo en marcha los mecanismos de los que dispone el sistema para ello; de esta forma, se procede a separar al niño del presunto agresor, acción que favorece además la generación de condiciones apropiadas para la investigación, intentando preservar el derecho del niño a vivir en familia y sin afectar los demás ámbitos de su vida como la educación, el esparcimiento y la salud”.
Paralelamente, “la Justicia despliega una serie de acciones que le permiten determinar la responsabilidad penal del presunto agresor; esto último contribuye, entre otros factores, al proceso de reparación de las secuelas generadas en el niño por la situación de abuso; para la Justicia, toda denuncia de conducta abusiva en la cual está implicado un niño deberá ser investigada, priorizando ante todo la protección del niño en el marco de su interés superior”.