Esta mañana se realizará en Viedma la audiencia de formulación de cargos por la causa de presunta corrupción de menores en la que se acusa al intendente Luis Ojeda, al legislador Javier Iud (ambos del FPV) y a tres empleados municipales de San Antonio (Roberto Fortete, Gastón Navarrete y Eric Pérez) por el presunto abuso de una adolescente de 16 años.
Durante la audiencia la fiscal Paula Rodríguez Frandsen presentará ante la juez Itziar Soly las pruebas que fue recabando sobre el tema, y la magistrada definirá si las considera suficientes para sostener la acusación y continuar con el proceso, profundizando la etapa investigativa. Todo indica que, finalmente, esas imputaciones se formalizarían.
Si esto es así, en el caso del legislador Iud, se requerirá que la Legislatura trate su desafuero, ya que el nuevo Código Procesal Penal prevé que esto ocurra tras formalizar una acusación. En lo que respecta a Ojeda esto no será necesario porque, como jefe comunal, no posee fueros de ningún tipo.
Por otra parte, el intendente de San Antonio ya planteó que, independientemente de lo que ocurra, no tomará licencia, y seguirá a cargo de la jefatura comunal. Lo hizo en una reunión a la que convocó a tres referentes de la oposición de San Antonio Oeste: el edil radical Diego Colantonio y a sus pares de JSRN Elizabeth Mereles y Alejandro Raileff.