Crece la polémica en torno al “anónimo” que instaba a denunciar una presunta maniobra de connivencia entre concejales de diversos bloques, para aprobar la división de una serie de lotes en la zona de Playa Kaiser. Si bien el expediente ingresó, no ha sido tratado en Comisión, y no hay proyecto de ordenanza que promueva su tratamiento en el recinto. Sin embargo, la versión sobre la posibilidad de avanzar en un procedimiento irregular, tomaron estado público y las voces de diversos sectores no tardaron en hacerse escuchar.
A través de entidades no gubernamentales comenzaron a surgir dudas acerca de esta sospechada cesión de tierras fiscales que data de la administración Eliceche y que ahora se pretendería lotear en parcelas pequeñas, en plena franja costera, “casi a la altura de donde se ubican los paradores si se trazara una línea imaginaria”, argumentó un vecino alarmado y en ese sentido no son pocas las voces expertas que ya reclaman audiencias públicas y estudios de impacto ambiental al momento de ceder o comercializar tierras en la zona costera.
Es que si proyectamos que desde el Ecocentro, siguiendo por el Complejo Privatizado de Luz y Fuerza, pasando por la zona cedida a la Armada del Golfito, la gente “común” no puede acceder a zona de costas hasta la altura precisamente de Playa Kaiser, donde dicho sea de paso había una ambiciosa planificación de uso público donde inclusive se preveía la Dársena Náutica y otros atractivos para ampliar el espectro turístico a futuro. Bueno, con la intentona de un fideicomiso de dudosa composición se habría ingresado el Expediente para convencimiento paulatino de los concejales y terminar permitiendo una excepción de loteo de esa zona, para luego modificar las normativas vigentes y acomodar lo que hoy no se puede hacer.
El Diario fue alertado por un anónimo que anticipó algunas de las movidas, no todas, pero que desprendió una investigación que implicará un buen número de capítulos.
Para empezar, nada mejor que saber que disponen las reglamentaciones vigentes, y ver por que `rendija´ se intentaría forzar la privatización de Playa Kaiser, a espaldas de la comunidad.
La Audiencia Pública es el derecho ciudadano de dar y recibir opinión o información sobre las actuaciones político-administrativas de los poderes del Estado Municipal. De acuerdo a los términos de la Carta Orgánica Municipal, la figura de audiencia pública, aplica a los casos de Privatización de servicios y funciones del municipio; Donación de tierras, a excepción de los que sean con fines sociales o fomento, según reglamentación por Ordenanza; Aprobación de estudios de impacto ambiental.
A pesar que la Carta Orgánica expresa que debe garantizarse un sistema de registro y soporte de la audiencia pública, también indica que “Las conclusiones y observaciones que se formulen en la misma, no tienen carácter vinculante, pero su rechazo o falta de consideración debe ser fundado (sic)”, pero sin dudas deberían ser consideradas como herramienta de debate cuando se pone en manos de un privado, tierras de alto valor socio-económico-ambiental y al borde del mar.

Estrategia comercial

De acuerdo a la información que surge del expediente, se menciona que “se ajusta a los futuros indicadores que va a tener `el nuevo´ Código de Planeamiento Urbano”, pero lo cierto es que a pesar del tiempo que lleva constituida el Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental, aún no se ha presentado formalmente un nuevo Código. Por lo cual `del vamos´, lo que se presentó no se ajusta al `actual´ Código de Planeamiento Urbano.
Tampoco queda claro si se hubo modificaciones en términos de zonificación, puesto que, tal como observan algunas organizaciones de la sociedad civil, Playa Kaiser debería ser considerada zona intangible, y su comercialización o loteo debería ser puesta a consideración de la ciudadanía. Más allá que Eliceche o el intendente que haya sido el responsable de la deuda con el empresario ahora detenido, Sebastián Menzo, hayan entregado parte de esa zona como parte de pago de presuntos honorarios. Si eso fue así, habría que revisar lo actuado, o en su defecto directamente expropiar el sector dado que se habrían infringido todas las normativas.
Es más, el intento de loteo o no, no sería este el único caso donde se han cometido presuntas irregularidades, dado que tal como indica la Carta Orgánica Municipal, una de las situaciones en que debería convocarse a audiencia públicas es precisamente la “Donación de tierras, a excepción de los que sean con fines sociales o fomento”, y si bien se han entregado multiplicidad de lotes a Sindicatos, que muchos casos lucran con la propiedad adquirida, tampoco hubo audiencias públicas para ello, ni control o monitoreo del uso que le dieron a esas propiedades. Todas ellas facultades que tienen los concejales como representantes del pueblo. Hay un antecedente preocupante que es la presunta venta del complejo “21 de Enero” de Luz y Fuerza de la Patagonia que habría terminado figurando en los balances como presunta venta en parte de pago de adquisiciones recientes cuya documental estaría en análisis. No se puede desconocer que lo que comenzó en ese privilegiado lugar como un “camping sindical” terminó como un ostentoso complejo de cabañas y departamentos cuyos valores hasta exceden el bolsillo de afiliados y turistas en general. Y además, lindaría bajo absolutas excepciones también a las zonificaciones vigentes con la costa marítima. Esto también se produjo misteriosamente en gestiones anteriores, con similares protagonistas.
Lo cierto es que hay profundo malestar en diversos sectores que observan cómo “entre gallos y medianoche”, podría concretarse en Playa Kaiser, una nueva excepción al Código de Planeamiento Urbano, con el único fin de atender a los intereses de un particular, con la anuencia de los “representantes del pueblo”, y todo bajo la sospecha de un suculento retorno por la buena predisposición de partes.

Excepciones indiscriminadas

Desde el Concejo Deliberante se han aprobado históricamente excepciones al Código de Planeamiento Urbano que hoy son motivo de lamentaciones. Sin embargo, y a pesar del compromiso reducir el número de excepciones hasta tanto se apruebe el nuevo Código, permanentemente se presentan situaciones que habilitan el debate, poniendo bajo la lupa el accionar de los ediles.
Sucede que cualquier interesado en una excepción al Código de Planeamiento Urbano requiere de una serie de argumentos, especialmente en un sector donde la tierra ya privatizada está sobre la costa, y requiere de precisiones por la fragilidad de la normativa vigente. Ni hablar de los edificios y complejos de departamentos que han `explotado´ en Puerto Madryn sin una planificación urbana legitimada por una comunidad, donde los servicios son un tema recurrente y la prevención a la contaminación inevitable sin las condiciones adecuadas, otro.
Otro aspecto que plantean las organizaciones sociales, es que no sólo el tamaño de los lotes es un asunto a considerar, sino también el destino final de esos lotes y las especificaciones precisas que no se contrapongan con las normativas ambientales y de zonificación vigentes, o futuras. Es decir, que el fraccionamiento de la tierra en una zona tan sensible, debería ser puesta a consideración de la ciudadanía mediante el procedimiento de audiencia pública.
La Carta Orgánica Municipal, expresa que es responsabilidad de los Poderes Públicos Municipales, atender a “la estética urbana, la zonificación territorial, el racional parcelamiento, uso y ocupación del suelo y la edificación”. Bajo esa premisa, se plantea el reclamo acerca de la convocatoria a audiencias públicas y estudios de impacto ambiental en torno a la gestión de tierras costeras.
Esto, más allá que desde el Ejecutivo Municipal, el Intendente Ricardo Sastre ya habría augurado su veto, si es que el Legislativo hace caso omiso a los mecanismos de control democrático del manejo de la ciudad.